El pasado 17 de enero de 2026 entró en vigor el Acuerdo Marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional.
Se trata de un instrumento normativo internacional que llevó dos décadas en desarrollarse, siendo firmado a partir de 2023 por 145 naciones, y ratificado en 2025 por hasta ahora 80 países, incluyendo a México, China, Brasil, Japón, Indonesia y los países de la Unión Europea, entre otros, por lo que adquiere la condición de ser un documento jurídicamente vinculante de gran relevancia para las naciones signatarias sobre la biodiversidad marina en dos tercios de los océanos del mundo. Se espera que, una vez plenamente implementado, el Acuerdo haga una contribución vital para abordar la denominada “triple crisis planetaria” del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
La relevancia de este instrumento estriba en que hasta ahora se contaba con mayor o menor grado de vigilancia sobre temas ambientales o de contaminación exclusivamente en las aguas territoriales, de acuerdo con los propios procesos normativos y de planeación de cada país; es decir hasta las 12 millas náuticas (22.2 km) desde la línea de base costera, según la definición de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, y en algunos casos hasta el límite de la zona económica exclusiva o también llamada mar patrimonial, a 200 millas náuticas (370.4 km) desde la línea de base, según esa misma Convención. Esto dejaba sin normas de protección ambiental a por lo menos el 60% de los océanos.
Entre los objetivos más relevantes de este tratado se encuentra la creación de áreas marinas protegidas, la cooperación en investigación científica en materia de biodiversidad marina, la obligatoriedad de realizar evaluaciones de impacto ambiental por proyectos que puedan dañar ecosistemas oceánicos y el establecimiento de mecanismos para la compartición equitativa entre naciones de la información sobre los recursos genéticos marinos.
Sin embargo, es importante señalar que en este último tema, México estableció una excepción al momento de ratificar el tratado (el 22 de septiembre de 2025), indicando que la aplicación de las disposiciones del Acuerdo no se extiende a las actividades relativas a los recursos genéticos marinos y a la información digital sobre secuencias de recursos genéticos marinos de zonas fuera de la jurisdicción nacional, recolectada o generada antes de la entrada en vigor del Acuerdo para los Estados Unidos Mexicanos.
Respecto a la creación de áreas marinas protegidas, el objetivo del acuerdo es lograr la protección al menos de un 30% de los océanos para el año 2030, lo que parece difícil de alcanzar considerando que aún no se cuenta con la ratificación de naciones como Estados Unidos, Canadá, Australia e India, y también hay situaciones como la de Rusia, uno de los países con línea costera más extensa del mundo, que no lo ha firmado ni ratificado.
La reciente incertidumbre geopolítica por temas como los conflictos en Medio Oriente, Venezuela, Ucrania y las exigencias del presidente de los Estados Unidos con la intención de tomar control sobre Groenlandia limitarán de manera importante el que se continúe ratificando el tratado de la Biodiversidad en Alta Mar de las Naciones Unidas, y ralentizará la implementación de acciones específicas en la materia, pero su entrada en vigor legal es un avance importante para la protección de la vida marina a nivel global.