La contaminación del agua en México no es un tema que pase desapercibido. Apenas en 2024, las denuncias ciudadanas por un persistente olor a gasolina en las tomas de agua potable de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, encendieron las alarmas mediáticas y de salud pública a nivel nacional.
Sin embargo, mientras esa crisis urbana fue atendida bajo los reflectores, existen miles de emergencias sanitarias silenciosas que no reciben la atención periodística ni presupuestal necesaria.
Uno de los casos que más preocupa a la comunidad científica es la presencia de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS). Este conjunto de más de 4,700 compuestos químicos sintéticos es conocido como “químicos eternos” debido a su extrema resistencia al calor, el agua y la grasa.
Aunque estos componentes, ampliamente utilizados en la industria de sartenes antiadherentes, impermeabilizantes, cosméticos y empaques de comida rápida, pasan desapercibidos cada vez que abrimos la llave para bañarnos o cocinar, sus efectos no lo son. El Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental de Estados Unidos (NIEHS) señala que la exposición prolongada a las PFAS está asociada a daños graves a la salud, incluyendo disrupción tiroidea, afectaciones hepáticas, alteración del sistema inmunológico y un incremento en el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer.
Actualmente, la regulación nacional contra las PFAS es inexistente en la práctica: no hay límites máximos permisibles específicos para el agua de consumo humano. Si bien la norma oficial NOM-127-SSA1-2021 establece umbrales para compuestos orgánicos halogenados, carece de indicadores particulares para rastrear “químicos eternos”. Así, mientras las industrias mexicanas orientadas a la exportación adoptan voluntariamente estándares internacionales para alinearse con la Unión Europea o Estados Unidos, el agua que llega al grueso de los hogares carece de ese blindaje.
Desde 2014, el “Diagnóstico Nacional de Contaminantes Orgánicos Persistentes” de la SEMARNAT recomendaba ya la creación de medidas urgentes para identificar y monitorear estos compuestos en el medio ambiente; más de una década después, las acciones siguen congeladas.
A principios de este año, la Unión Europea puso en vigor sus límites más estrictos bajo la Directiva de Agua Potable, estableciendo topes obligatorios para las PFAS con el objetivo de garantizar el derecho a un recurso seguro y responder a su Estrategia de Resiliencia Hídrica.
A falta de una protección estatal equivalente, la ciudadanía en México ha tenido que buscar sus propias soluciones, muchas veces precarias.
Un ejemplo reciente ocurre en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, donde ante la recurrente mala calidad del agua de la red pública, documentada incluso por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los vecinos se han visto obligados a comprar agua en pequeñas plantas purificadoras de barrio, no solo para beber, sino para lavar alimentos e higiene personal. No obstante, el vacío en la vigilancia sanitaria de estos centros de distribución independientes deja una duda: ¿estamos ante una solución real o ante un simple parche para una crisis estructural?
El Artículo 4° de nuestra Constitución reconoce el derecho humano al agua, pero el debate debe evolucionar. No basta con garantizar el acceso al líquido si este transporta elementos que enferman a la población.
El verdadero derecho humano no termina en la disponibilidad del agua; comienza en su calidad, y para garantizarla se requieren acciones técnicas inaplazables: muestreos científicos avanzados, normativas estrictas para químicos emergentes, regulación a las purificadoras locales e inversión masiva en infraestructura de filtración. Solo así el agua dejará de ser un enemigo invisible.
- Secretario general de la Asociación Mexicana para la correcta Hidratación, AC