El título de este artículo puede parecer muy dramático, pero apenas refleja lo que está ocurriendo en la política mexicana. Estamos viviendo una situación inédita. México se encuentra al borde de una reversión autoritaria de gran calado, que nos haría perder los avances democráticos logrados en las últimas tres décadas y nos conduzca a una situación en la que el gobierno vuelva a tomar el control sobre la organización de las elecciones. De esa magnitud es la contrarreforma electoral empujada por el gobierno de López Obrador y la maniobra para tomar el control del nombramiento de los cuatro consejeros del Consejo General del INE. El objetivo gubernamental es claro: desmantelar las condiciones de organización imparcial de las elecciones y tomar el control de lo que quede del INE, con la finalidad de garantizar que la elección presidencial de 2024 conduzca al triunfo del partido del presidente.

Desde la reforma que condujo a la creación del IFE en 1990, la lógica de las modificaciones al sistema electoral tendió a la progresividad. Del primer IFE aún presidido por el secretario de gobernación y con consejeros magistrados que solamente podían ser propuestos por el Presidente de la República, se pasó en 1994 a la creación de los consejeros ciudadanos propuestos y negociados por los partidos políticos, pero aún con el titular de gobernación presidiendo el máximo órgano de decisión, el Consejo General. La reforma que cambió sustancialmente el modelo fue la de 1996, que sacó al secretario de gobernación de la presidencia del IFE y lo sustituyó con un consejero presidente consensado entre los partidos, y que además creó la figura de consejeros electorales, también propuestos, al igual que en 1994, por los partidos políticos.

Desde entonces se dijo que se aplicaba un sistema de cuotas partidarias en esos nombramientos y seguramente hubo algo de eso, pero se trató de un avance notable en relación a la situación del primer IFE, en el que todos los consejeros magistrados eran propuestos por el presidente de la república. Es decir, de una sola cuota, la del presidente, se pasó a un sistema de varias cuotas, las correspondientes a los partidos. Además, no es ocioso recordar que el entonces presidente del PRD y que hoy es presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, estuvo de acuerdo con ese método del que su partido participó en 1996. El resultado de esa nueva conformación del Consejo General del IFE se tradujo en una real autonomía del organismo electoral, lo que a su vez condujo en 1997 a la pérdida de la mayoría absoluta del PRI en la cámara de diputados, con el consiguiente primer gobierno dividido de nuestra historia contemporánea, y en el año dos mil condujo a la alternancia en la presidencia de la república, la prueba de fuego de la transición mexicana a la democracia, que puso fin a setenta y cinco años de gobiernos del PRI e inició un breve periodo de doce años de gobiernos del PAN.

Durante esos años las reformas electorales recogieron los reclamos de los partidos opositores, lo que se tradujo, como ya se dijo, en la pluralidad de los consejeros, pero también en una sobrerregulación y la multiplicación de los dispositivos organizativos dentro del IFE para garantizar elecciones competitivas, limpias y correctas: financiamiento, fiscalización, monitoreo de medios, doble insaculación de funcionarios de casilla, capacitación y un largo etcétera que fue resultado de la necesidad de superar la desconfianza. No es que el IFE, y luego el INE, hayan decidido crecer de manera desmedida por su afán de consumir presupuesto público, sino que más bien, la estructura y las atribuciones del IFE-INE fueron creciendo en función de los múltiples reclamos de los partidos opositores, incluido el antecedente directo de Morena, el PRD, del que AMLO fue candidato en 2006 y 2012.

Por eso resulta absurdo que ahora López Obrador, que ganó la presidencia de la república gracias a la organización de las elecciones por el INE, surgido de la reforma de 2013-2014, pretenda desconocer todo ese proceso de reformas, del que su anterior partido, el PRD, fue impulsor, y ahora diga que el actual INE es resultado del neoliberalismo corruptor (“neoporfirismo”, según él) de los últimos treinta años. La actual contrarreforma electoral no proviene de los reclamos de la oposición sino del capricho y el afán vengativo del actual presidente de la república, y, además, se ha aferrado a realizarla en vísperas de la elección presidencial de 2024, a contrapelo de las anteriores reformas que se concretaban antes de la elección intermedia.

Junto a la contrarreforma electoral se ha iniciado el proceso para renovar a cuatro consejeros del INE, incluido el consejero presidente, cuyo periodo de nueve años llega a su fin el 3 de abril. De la integración del Comité técnico de evaluación no se puede esperar mucho: los dos integrantes nombrados por la CNDH son cercanos a Morena, al igual que los tres nombrados por la Jucopo. Solamente los dos integrantes nombrados por el INAI son académicos con mayor probabilidad de imparcialidad. En la Jucopo ha sido inexplicable la abstención del PAN, el PRI y el PRD (solamente MC votó en contra), con el discutible argumento de que hay que darles un voto de confianza en espera de que finalmente se comporten con imparcialidad.

A lo anterior se suma la explícita pretensión gubernamental de que los diputados del bloque gubernamental no negocien con la oposición en busca de consensos, sino que se vayan directo al sorteo de los aspirantes incluidos en las quintetas. La conclusión es que el bloque gubernamental pretende controlar la integración de las quintetas de tal modo que de dicho sorteo surjan nombres afines al gobierno y su partido.

Ante esta situación solamente quedan dos salidas: la vía legal de las acciones de inconstitucionalidad ante la Corte y la movilización ciudadana para frenar este intento de restauración autoritaria.

*Académico del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana