En las iniciativas de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) existen diversos retrocesos, entre los que destaca la falta de participación pública en la toma de decisiones, lo cual la convierte en una legislación regresiva en términos de derechos humanos, afirmó la doctora Gabriela Dutrénit Bielous, Profesora Distinguida de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Por lo que “se requiere la incorporación de un capítulo sobre un comité nacional conformado por representantes de todos los órdenes de gobierno y de las comunidades de ciencia, tecnología e innovación (CTI)”; si bien existían diversos problemas, ya se contaba con un órgano consultivo autónomo con integrantes de las instituciones dedicadas a investigación y el desarrollo, representantes de las empresas, de los consejos de ciencia y tecnología de los estados, es decir, se había logrado un avance”, refiere un comunicado de la UAM.

Al participar en la "Mesa de análisis: Iniciativa de Ley en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación", organizada por la Universidad Iberoamericana, la académica de la Maestría en Economía, Gestión y Políticas de Innovación de la Unidad Xochimilco explicó que otro problema importante es el tema del financiamiento, ya que dicha iniciativa no establece ningún compromiso financiero ni define los instrumentos para ello.

“Desde 2004 se había definido que el gasto en investigación y desarrollo experimental tenía que representar uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y aunque en la práctica nunca se cumplió, el hecho de que esté planteado permite luchar porque el sector de CTI tenga un reconocimiento diferente y pueda hacer mejor las contribuciones al desarrollo económico, social y ambiental del país”.

Otros asuntos relevantes son el de la autonomía académica de gestión y presupuestaria y la perspectiva de género, pues si bien existe en el documento un lenguaje inclusivo, no hay acciones afirmativas para asegurar la igualdad sustantiva.

“También está la promoción de la innovación y los derechos de autor, hay un retroceso en las distintas versiones y una afectación respecto de los derechos de propiedad intelectual y de los acuerdos que México ha firmado en estos términos”.

La también presidenta de la Latin American Network for Economics of Learning, Innovation and Competence Building Systems (LALICS) consideró que se requiere más diálogo para generar consensos, ya que “todos queremos una mejor legislación” para México.

“Si nos encontramos en esta discusión es porque estamos convencidos de que la CTI pueden hacer un aporte significativo al desarrollo económico, social, ambiental y a un país más equitativo”, añadió.

La doctorante Cecilia Noriega Vega consideró que al determinarse que los temas de interés en investigación sean decididos por instancias gubernamentales sin tomar en cuenta un análisis hecho por la propia comunidad científica con la participación del alumnado, limita la libertad para hablar y analizar lo que los propios estudiosos consideren significativo en el plano social.

“Esta iniciativa de ley resulta muy problemática y poco benéfica para el desarrollo de la inversión de la investigación, y a nosotros como estudiantes nos limita nuestro derecho a adquirir becas y apoyos, porque al no estar mediado por la calidad de nuestros proyectos o la pertinencia social, sino por otras condiciones ajenas, esto afecta directamente nuestra producción y nuestro desarrollo como futuros científicos”, dijo quien ha sido profesora asociada al área de diseño de la Unidad Azcapotzalco y actualmente estudiante de doctorado en la Universidad Iberoamericana.

El panel también estuvo integrado por la doctora Marisol Silva Laya, directora de Investigación, y el doctor Diego García Ricci, académico del Departamento de Derecho, ambos adscritos a la Universidad Iberoamericana, quienes exhortaron a que se apruebe una ley que esté a la altura de las necesidades y desafíos del desarrollo científico y social actual, y evite una visión estatista y centralista de la ciencia.