La legislación minera de México es atípica, se debe reformar: experto
Los grandes temas en legislación minera aún no se tocan, señala Jorge Witker Velásquez, investigador del IIJ-UNAM · Se ha concesionado la mitad del territorio nacional y hasta por 50 años
Crisis socioambiental
Minero en La Esmeralda o Mina 5, mina subterránea de carbón en Coahuila. Tomado de "Así se ve la minería en México".
México es la única parte del orbe en donde se proporcionan concesiones de hectáreas y no de minerales. “Se han entregado en números superiores a las 24 mil, y por 50 años (…) en otros países las concesiones tienen plazos de seis, diez años, 12 años, ¡no 50!”, señaló Jorge Witker Velásquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y autor del libro “Derecho Minero”.
El experto destacó que su obra es el primer texto que actualiza a profundidad el tema en México desde 1965, y ha sido considerado como fuente para el reciente proyecto de reforma a la ley del ramo en los artículos 1, 2 y 10. Representa un avance y una aportación de la UNAM, sin embargo, “los grandes temas aún no se tocan”.
El académico explica que, en otras latitudes se otorgan, continuó, para cobre, plata, zinc, les llaman específicas, pero en nuestro país se conocen como concesiones genéricas. En cualquier parte del mundo se dividen, por ejemplo, solo para explorar, y si les va bien se solicita otra para explotar y una más para beneficio final.
Minería en México, un mal para el ambiente, la sociedad y la economía nacional
“Descubrimos que nuestra legislación minera mexicana es absolutamente atípica. En los últimos años se han entregado concesiones por 105 millones de hectáreas, casi la mitad del territorio nacional, y ‘concesiones globales’; es decir, incluye la exploración, la explotación y el beneficio”, remarcó a través de un comunicado de la Universidad, a dos semanas del derrumbe de la mina El El Pinabete, en Coahuila y en el marco del octavo aniversario del derrame en el Río Sonora.
PROPUESTA.
Ya en la “Agenda Ambiental 2018”, especialistas universitarios ya insistían en la importancia de una nueva legislación aprovechando el cambio de gobierno.
Entre las múltiples propuestas realizadas por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente en Instituciones (SUSMAI) de la UNAM, se establecía promover una iniciativa ciudadana de reforma y adiciones al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 6 de la Ley Minera para restablecer el carácter preferente de la soberanía nacional, el bien público y los derechos humanos sobre la minería y la extracción de hidrocarburos.
Así como “promover una nueva Ley Minera que faculte a los estados con mayor afectación por la mega minería a establecer un impuesto ecológico que permita prever y enfrentar la huella ecológica desde el inicio de las actividades hasta el final de los proyectos, para evitar la destrucción ambiental a gran escala que la minería ha ocasionado en Sonora, Zacatecas y otras entidades”.
El Congreso de la Unión, agrega el documento, Senado y el Poder Judicial deben jugar un papel clave en la solución de más de 120 conflictos (hasta entonces) ambientales mineros activos y en la construcción de un marco normativo de verdadera regulación de la actividad minera, subordinándola a los intereses de las comunidades locales, el desarrollo sustentable y la soberanía nacional.
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DERECHOS HUMANOS.
Witker Velásquez refiere que se trata de un problema complejo y de injusticia social. “Con respeto y un lenguaje absolutamente técnico, están especulando con el territorio nacional, ni siquiera hay una inspección, nadie pregunta ‘¿oiga lo está explotando o no?’, no se ha hecho ni siquiera eso”.
Esta entrega de territorio a las concesiones, dijo, vulnera los derechos sociales de las comunidades indígenas, campesinas, comunidades de productores de milpas, etcétera, porque le da preferencia al titular de la licencia frente a los ancestrales propietarios de la tierra.
“Derecho Minero” cuenta con un capítulo dedicado al Derecho Minero y los derechos humanos, el cual comprende las garantías económicas, sociales y culturales, así como el derecho a la consulta a las comunidades.
Cuando se explota una mina, apunta, termina el yacimiento y las empresas se van, no hay a quien reclamarle por qué hay 250 presas alrededor de jales, desperdicios de la actividad que están humeantes.
“Se ha omitido deliberadamente hablar del tema, porque ha provocado muchos conflictos socio ambientales, porque la minería a cielo abierto está en convenciones internacionales limitándose y en algunos casos prohibiéndose como en Alemania, Hungría; el uso indiscriminado del cianuro para separar las arcillas de la plata, del oro, estos dos elementos que pueden imaginar el impacto ambiental que provoca, y el uso indiscriminado del agua”, enfatiza Witker Velásquez.
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Conflictos latentes
El pasado 12 de agosto, organizaciones de la sociedad civil entregaron en la delegación federal en Veracruz de la Semarnat, una solicitud para que, como autoridad competente, someta el proyecto “Explotación mediante barrenación a diamante Caballo Blanco I”, informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). El proyecto fue presentado el pasado 20 de julio vía informes preventivos y cuyo trámite se encuentra actualmente suspendido, al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) y que analice de forma integral, holística y con la mejor información científica disponible el proyecto minero en los municipios de Actopan y Alto Lucero.
El PEIA es una de las garantías del derecho al medio ambiente sano y es la herramienta por excelencia en México para identificar y mitigar los impactos ambientales que proyectos, obras, actividades o industrias puedan tener en los ecosistemas.
Por otra parte, el CEMDA informó a su vez que este jueves se realizará una conferencia en relación con el amparo (1017/2015) que ganó el pueblo Maseual respecto de 3 concesiones mineras. “El Consejo Maseual Altepetajpianij informará sobre su no consentimiento para la realización de minería en su territorio. Asimismo se informará sobre la argumentación presentada por organizaciones internacionales que apuntala el deber del juzgado de cancelar las concesiones mineras en razón de la negativa del pueblo Maseual a permitir minería en su territorio”.
Conciencia por el medioambiente
