El presidente López Obrador dijo en algún momento de su gobierno, ante una resolución de la Suprema Corte que le disgustó, “que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”. Esa frase sintetiza la relación que el gobierno actual ha mantenido con la ley, el poder judicial, los organismos autónomos y los procesos electorales. Para AMLO la ley es solamente un cuento que se respeta cuando no le incomoda pero que repudia y viola cuando se interpone en la consecución de sus objetivos.

AMLO también repite con frecuencia la máxima del liberalismo mexicano del siglo XIX “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, pero también con frecuencia dice que, si la ley es contraria a la justicia, él siempre se pondrá del lado de la justicia, claro, siempre y cuando él mismo defina lo que entiende por justicia.

Ese extraño amasijo de consideraciones sobre la ley y la justicia se traducen cotidianamente en violaciones al marco legal, como ha ocurrido, entre otras materias, en cuestión electoral. En la primera mitad de su sexenio, AMLO planteaba que no era necesario impulsar una nueva reforma electoral, a pesar de lo cual algunos legisladores de su partido presentaron varias iniciativas para reformar diversos aspectos del sistema electoral. Incluso llegaron a realizarse sesiones de parlamento abierto en la Cámara de Diputados. Recuerdo particularmente una en la que el entonces diputado Pablo Gómez hostigó al entonces consejero Benito Nacif con el tema de los sueldos de los consejeros del INE e incluso lo persiguió hasta la salida de la sala; otros diputados de Morena y los de otros partidos se portaron amablemente con los ponentes (entre quienes me encontraba). Pero finalmente Morena y sus aliados no empujaron una reforma electoral, seguramente porque su dirigente real, el Presidente de la República, no estaba interesado en el tema.

Cuando se produjo el nombramiento de cuatro nuevos consejeros electorales, en 2020, tampoco se habló desde el gobierno de la necesidad de cambiar las reglas. Más bien trataron de aprovechar la mayoría calificada que tenían Morena y sus aliados para apoderarse (agandallarse, en términos muy mexicanos) las cuatro posiciones en juego, lo que lograron a medias (eso amerita un análisis detallado). Fue hasta 2021 en el transcurso del proceso electoral y luego durante la consulta ciudadana que AMLO empezó a insistir en la necesidad de una reforma electoral debido a sus constantes enfrentamientos con las autoridades electorales, el INE y el TEPJF). No se debió a que éstas abusaran de su posición y apoyaran a la oposición, como los cotidianos ataques presidenciales decían, sino a que el INE y el TEPJF cumplieron sus atribuciones con independencia y en más de una ocasión afectaron al partido gobernante. En sus mañaneras AMLO insistía en marcarles la línea favorable a su partido, pero las tercas autoridades electorales persistían en actuar con independencia.

Ejemplos de lo anterior son las resoluciones del INE para reducir la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, que en 2018 favoreció a la coalición gobernante, y la cancelación de la candidatura a la gubernatura de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, gran amigo del presidente, por no presentar informe de gastos de precampaña. AMLO prometió que impulsaría una reforma electoral para “barrer” a los consejeros del INE y a los magistrados del TEPJF, lo que cumplió en abril de 2022 con su propuesta de reforma constitucional en materia electoral, que modificaría drásticamente el modelo de organización de las elecciones que había dado muy buenos resultados hasta entonces. Los argumentos presidenciales eran muy endebles, pero fueron repetidos hasta el cansancio: los funcionarios electorales ganan más que el presidente, han hecho fraudes electorales, como según él ocurrió en 2006 y 2012. Estos argumentos contrastaban con la realidad electoral: la alternancia no sólo se había producido en la presidencia de la república, sino también en la mayoría de las gubernaturas y presidencias municipales del país, de lo cual se había beneficiado claramente el partido de AMLO.

Pero, además, AMLO exigió, como en otros temas, que el legislativo no le cambiara ni un punto ni una coma a su iniciativa, que estuvo durante varios meses congelada, sin ser objeto de análisis por las comisiones encabezadas por diputados del oficialismo. Hasta diciembre la descongelaron y la subieron al pleno, pero obviamente no logró la mayoría calificada y simplemente fue desechada sin siquiera pasar al Senado. La historia posterior es muy conocida: AMLO hizo aprobar un conjunto de iniciativas de reformas a leyes reglamentarias, conocidas en conjunto como el Plan B, con evidentes violaciones al proceso legislativo. Hace unos días el pleno de la Suprema Corte termino de calificar como inconstitucional todo el plan B, por lo que el proceso electoral 2023-2024 se realizará con arreglo al marco legal vigente antes de su aprobación.

La respuesta presidencial ha corrido por varias pistas. La primera es un ataque permanente contra el poder judicial, ataque personalizado en su ministra presidenta, con base en calumnias y mentiras que AMLO lanza a diestra y siniestra en sus mañaneras. La segunda es coordinar desde la tribuna presidencial el llamado Plan C, destinado a que la coalición encabezada por Morena gane la mayoría calificada en las dos cámaras, cueste lo que cueste, para poder procesar las reformas constitucionales que AMLO se compromete a presentar antes de retirarse de la presidencia.

La tercera pista de la reacción presidencial ha sido el inicio del proceso de elección del aspirante presidencial de su coalición electoral, con varios meses de anticipación. Hay que recordar que, del acuerdo al marco legal vigente, el proceso electoral inicia hasta septiembre y las precampañas hasta noviembre del presente año, por lo que el proceso iniciado por Morena y sus aliados es abiertamente violatorio de la ley, por más que lo hayan disfrazado de “proceso para nombrar al coordinador de la defensa de la 4T”, lo que ni siquiera está contemplado en sus estatutos. La ley del agandalle en pleno.

*Académico del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la UAM