Ley de ciencia de Conacyt no desaparece a los centros de investigación, si no a su autonomía
ProCienciaMx y legisladores explican por qué la iniciativa del Ejecutivo sobre los Centros Públicos de Investigación (Centros Conacyt) los haría perder la poca autonomía que tienen y por qué no es una discusión para una Ley General
política científica
Los CPI se constituyen por 27 centros de investigación distribuidos a lo largo del país. Entre ellos el CIDE, INAOE, Inecol, donde ha habido imposición de sus directores.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) emitió un comunicado (345) para responder a las críticas realizadas a su iniciativa de Ley General de ciencia en torno a los Centros Públicos de Investigación (Centros Conacyt), en el cual señala que:
“Contrario a lo que voces disidentes y de frágil rigor afirman sobre la iniciativa de Ley General (…), la propuesta no contempla la desaparición o debilitamiento de los Centros Públicos de Investigación (CPI); por el contrario, los reconoce como instituciones fundamentales…”.
Entre las voces disidentes se encuentran las de organizaciones de científicos como la red ProCienciaMx y la de legisladores de la oposición, miembros o ex integrantes de las comisiones de ciencia en las cámaras de diputados y senadores.
En un análisis de la red ProCienciaMx se exponen nueve puntos torales por los cuales la consideran una iniciativa con problemas críticos y un retroceso ante la legislación actual. Uno de los nueve puntos corresponde a los CPI: “6. La iniciativa elimina drásticamente la autonomía de los Centros Públicos de Investigación y los convierte en organismos al servicio del gobierno”.
La iniciativa del Ejecutivo federal enviada a la Cámara de Diputados contempla para este tema los Artículos 71 a 94. En el Artículo 71 señala la creación del Sistema Nacional de Centros Públicos (SNCP) como “una herramienta de articulación de los recursos, infraestructura y redes de los Centros Públicos”, con el objetivo de desarrollar investigación en áreas prioritarias del desarrollo nacional “o de atención indispensable considerados en la Agenda Nacional”, a fin de alcanzar independencia tecnológica, el bienestar del pueblo y mejoramiento del ambiente. Este sistema “será dirigido por el Consejo Nacional”.
El Consejo Nacional (Artículo 73) “debe promover la articulación del sistema a través de una política integral de armonización normativa. Artículo 80: “Los Centros Públicos gozan de autonomía técnica y de gestión, de conformidad a lo establecido por esta ley (…) En el desarrollo y ejecución de dichas actividades se garantizará la libertad de investigación, de conformidad con lo previsto en la presente ley”.
EN EL DISCURSO.
De acuerdo a ProCienciaMx, la iniciativa de ley reconoce la “autonomía técnica y de gestión” de los CPI a nivel discursivo, pero en los hechos, la desaparece completamente:
“Los Directores Generales de cada Centro Público de Investigación (CPI) serán designados por el o la titular de la dependencia o entidad coordinadora del sector, al igual que los integrantes del Comité Externo de Evaluación.
“No existen facultades previstas para las Direcciones Generales de cada CPI. Los Consejos Consultivos Internos o equivalentes, solo tienen por objeto opinar sobre asuntos académicos, institucionales y laborales que les consulte la persona titular de la Dirección General, así como sobre proyectos que involucren Estatutos de Personal y Lineamientos de Estímulos. Si bien añade la existencia de Asambleas de Personal de los Centros Públicos, les otorga a estas una naturaleza meramente consultiva.
"Por lo anterior, en un diseño vertical, los CPI quedan subordinados al Conacyt y a la Junta de Gobierno que está bajo su control. Adicionalmente, los programas Institucionales de los CPI estarán alineados a los objetivos del programa sectorial respectivo, regido bajo la Agenda Nacional”.
POCO ORTODOXO.
La red de científicos enfatiza además que la normatividad de los CPI parece “fuera de lugar en en una Ley General” de ciencia.
De acuerdo con Juan Carlos Romero Hicks, el tema de los CPI ni siquiera debería ser un tema detallado en la Ley General de ciencia. “Puede contener un mínimo de principios comunes, por ejemplo, la Ley federal vigente establece la guarda cuidadosa de principios de libertad académica, pluralidad, autonomía… si se cree que el régimen jurídico de los centros públicos se resuelve a través de una Ley General, no es lo ortodoxo”.
Durante su participación en la mesa redonda “Discusión sobre la propuesta de Ley general de ciencia y tecnología”, organizada por el Cinvestav, el diputado panista y secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología dijo que el tema de los CPI puede tener tres escenarios: 1, incluir un apartado general en la ley general (como propone la propuesta presentada por su grupo parlamentario con otros partidos de la oposición); 2, hacer una ley especial para los centros, y 3 ¬–“que sería un error de técnica parlamentaria”, tratar de elaborar todos los detalles en una ley general.
“Nuestro gobierno federal, en varias actuaciones, ha atentado contra la libertad académica de los centros, contra la posibilidad de que tengan autonomía de gestión e incluso, en algunos, sus propios derechos laborales. Hay que llamar a las cosas por su nombre y sin duda uno de los temas son los CPI.
“¿Se requiere revisar este tema?, por supuesto que sí (…) si quieren fundirlo e integrarlos en una sola adscripción (SNCP), eso es un error”, dijo el ex director de Conacyt.
¿CIENTÍFICOS O BURÓCRATAS?
En su pronunciamiento, ProCienciaMx también advierte que, adicionalmente, bajo la legislación propuesta por Conacyt con la reafirmación de que los investigadores de estos centros serán considerados como funcionarios públicos (así está establecido actualmente), “queda seriamente vulnerada la libertad de investigación (básica o de frontera), y se pierde una oportunidad invaluable para dotar de una real autonomía a los CPI, equivalente a la que gozan las universidades e institutos autónomos”.
“Me preocupa equiparar a los CPI con instancias burocráticas gubernamentales que deben asumir su legislación administrativa y equiparar a los científicos con burócratas donde la normatividad interna rija los términos de su investigación”, dijo por su parte la senadora priista Beatriz Paredes, durante dicho encuentro.
Adicionalmente, recordó, la iniciativa sujeta el financiamiento de sus investigaciones a los tiempos presupuestales, lo cual no corresponde a la manera de hacer ciencia. “En ese sentido, la lógica de centralizar y eliminar la autonomía y sectorizar los CPI, desde nuestra perspectiva, no alienta la investigación y no fortalece a la comunidad científica”.