“La MIA del Tramo 5 del Tren Maya no se hizo al vapor ni con falta de rigor”
Fue un trabajo de varios meses y con la información disponible, señala Juan Martínez, investigador del Inecol y coautor de la MIA · Enfatiza que más allá de las polémicas, el megaproyecto puede ayudar a proteger el acuífero y la selva
manifestación de impacto ambiental
Las obras en el Tramo 5 han sido suspendidas por un juez tras las denuncias ciudadanas.
Debido al decreto presidencial por el cual los megaproyectos de este gobierno fueron considerados como obras prioritarias y de seguridad nacional, los permisos y manifestaciones de impacto ambiental no fueron necesarios para iniciar su construcción. El descontento social por esta falta de información alcanzó un punto de inflexión con el Tramo 5 del Tren Maya.
Recientemente, se publicó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de esta sección bajo la premisa de que la infraestructura es “viable ambientalmente”, no sin haber sido criticada por llegar tarde, fast track, de haber sido realizada sin un análisis adecuado, acorde a los planes de gobierno, y otros argumentos que proliferan en medio de la politización y división social.
La MIA del Tramo 5 del Tren Maya estuvo a cargo de investigadores del Instituto de Ecología (Inecol) A.C. y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Juan Martínez Gómez es investigador del Inecol y participó en el capítulo 4 de la MIA y si bien reconoce la importancia de las críticas, la intervención de la ciudadanía y ambientalistas en la búsqueda de un ambiente sano, y la perfectibilidad del documento, enfatiza que la MIA no se realizó “al vapor”, con falta de profesionalismo o para favorecer a Fonatur, el promovente.
Juan Martínez es investigador del Inecol y participó en el capítulo 4 del documento.
“No hay mala fe, lo que se detectó se menciona en la MIA, en ese aspecto, puede haber cuestiones que necesiten más información y que la misma Semarnat considere que se tiene que monitorear más o conseguir información específica de ciertas especies o hábitats”.
Como punto de partida, para entender el trabajo que realizaron los investigadores, el académico parte de la legislación que existe actualmente.
“De acuerdo a la ley, la MIA captura todo el conocimiento previo que se tiene en la región, más monitoreos específicos, además tiene una bitácora donde se registra cada observación, con georeferencia, fecha y autores. Quien revise la bitácora se dará cuenta de que, contrario a algunos comentarios, la MIA no se hizo al vapor, sino a lo largo de varios meses de trabajo y se cubrieron los ámbitos que requiere la ley”. La MIA, recuerda, es ante todo un requerimiento legal enmarcada en Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).
SELVA Y ACUÍFERO.
Las preocupaciones sociales que ha generado la movilización social se han centrado en dos aspectos centrales, recuerda, la integridad de la selva y de los cenotes y ríos subterráneos de El gran acuífero Maya.
Sobre el primero, agrega el académico, el deterioro era evidente desde antes del proyecto del tren, debido al crecimiento urbano y turístico –que se incrementarán con el megaproyecto–; en el segundo caso se prevé en el proyecto final que exista una “mínima interacción”.
Estas preocupaciones han conformado algunos de los amparos interpuestos por la ciudadanía para detener el proyecto que, sin embargo, se enfrentan al “decretazo” de noviembre pasado. “El tema lo resolverá un juez y el Poder Judicial y confluye con el proyecto en general, pero es independiente”.
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Estos temas forman parte de una controversia, no obstante, el experto en interacciones ecológicas busca destacar lo que está más allá, en los hechos que quedan documentados en la MIA.
“Lo que ha quedado claro es que quedan algunos remanentes de selva que aún no han sido degradados y que, junto con el acuífero maya, son áreas delicadas. Así lo manifiesta la MIA, dice cuáles son los impactos y que los ecosistemas son frágiles”.
Investigaciones anteriores, refiere, han develado que se siguen hallando especies en los sistemas de cavernas de los acuíferos o que jaguares y pumas aún merodean por esos fragmentos de selva. “Sabemos que hay objetos de conservación, es decir, que merecen ser preservados para los mexicanos del futuro”.
No obstante, la MIA señala –como documento legal– que el proyecto es viable, siempre y cuando se realicen acciones de mitigación y compensación. Es aquí donde Juan Martínez enfatiza la existencia de una oportunidad para realmente salvaguardar lo que aún se puede salvar medioambientalmente en la región, e incluso hacer un cambio en la ley que evite los conflictos que se han suscitado con el Tren Maya.
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ÁREAS PROTEGIDAS.
Martínez Gómez plantea que en este punto existe la posibilidad de plantear a Semarnat o a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través de un estudio previo justificativo, que este acuífero y estos remanentes de selva pueden ser protegidos por una de las categorías que permite la legislación mexicana.
Para ello, tendrían que participar académicos y especialistas, preparar un estudio, someterlo y solicitar que, como parte de las medidas de compensación y mitigación se busquen acciones que salven estos sitios, agrega el académico del Inecol.
“Se buscaría la categoría más idónea, como ‘santuario’ o ‘refugio’ enmarcada como Área Natural Protegida (…) Lograr esta declaración y un programa de manejo, a través de un entendimiento más detallado de la mitigación de los impactos del megaproyecto, podría generar una forma de reconocer la importancia de estos objetos de conservación, vitales en la región, que son una constante del paisaje”.
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Entre las controversias, polémicas, politización, movilización social y los caminos legales hacia donde llegará una resolución, enfatiza el experto, también es una oportunidad para trabajar con la gente, la población y los colectivos ambientalistas para que se dé a estos cenotes, acuíferos y remanentes de selva, una protección formal de acuerdo a la legislación mexicana.
“Está bien la controversia y la manifestación ciudadana, muestra que tenemos una ciudadanía preocupada por el cuidado de la naturaleza, pero a la vez, en el proyecto se observa que esta parte del trazo del Tren Maya no toca Áreas Naturales Protegidas, lo cual es algo positivo, quienes determinan el trayecto minimizan la intersección con éstas en la región, lo cual nos dice que sirven y limitan la construcción de grandes obras de desarrollo”.
Un proyecto de mitigación a través del establecimiento de nuevas áreas protegidas podría generar un antecedente para futuros proyectos. Recientemente, ejemplificó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un fallo muy importante en materia medioambiental, respecto a la ampliación del Puerto de Veracruz y que generó jurisprudencia. Este proyecto no fue aprobado puesto que se dictó que los promoventes habían presentado MIAs de manera fragmentada, no obstante, como tal, esos proyectos atomizados obtuvieron en primer lugar la aprobación de la ley.
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CAMBIO LEGISLATIVO.
Es aquí donde hay otra oportunidad de oro para reflexionar sobre cambios a la legislación, acota Juan Martínez. “Se trata de un reto legislativo, que debe ser constructivo: la LGEEPA tiene en sus diferentes áreas muchos artículos que deben adecuarse y ponerse al día con el siglo XXI”.
Una gran labor legislativa que debe ir de la mano con la academia, la sociedad y los ambientalistas, abunda, es actualizar todo este cuerpo de reglas que tiene la LGEEPA para que integre de manera eficiente todos los derechos humanos asociados al ambiente, a la ciencia y al conocimiento, con una participación importante de las universidades y academias. “De esta forma se podrá tener claridad en los casos donde hay cierta ambigüedad en la ley, sobre todo porque las MIAs definen si hay impactos significativos o no”. Es precisamente esta evaluación, nivel y gradación de los impactos donde se debe trabajar bastante de manera colegiada y amplia, añade.
“Lo que ocurre con el Tren Maya es también una oportunidad de lograr una normatividad con una visión más clara, una actualización a los tiempos actuales y una visión de sustentabilidad, que es lo que requiere el país (…) Algo positivo que puede resultar de todo, de la reflexión y confrontación de puntos de vista, es que podemos encontrar un camino que nos permita salvar lo que aún se puede salvar”.
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Derecho a un medio ambiente sano
De acuerdo con Juan Martínez, esta actualización a la legislación medioambiental debe de considerar el derecho humano a un ambiente sano, que es un derecho humano progresivo, por lo que la protección al medio ambiente se debe incrementar conforme pasa el tiempo.
Lo que se debe definir, añade, es cómo debe quedar la legislación y reglamento de la LGEEPA en materia de impacto ambiental para un México respetuoso de este derecho humano y cómo se deben definir los impactos. “Tan sólo esa tarea legislativa no se debe postergar, ya que definiría muchas cosas para el país”.
Por otra parte, el investigador enfatiza que el Inecol ha participado en otros proyectos y que siempre ha estado comprometido con la conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.
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Para el tramo 5, Martínez colaboró en el capítulo 4, sobre la detección de la biodiversidad con la determinación de lo que es el sistema ambiental regional, liderando al equipo de monitoreo nocturno.
“El Inecol trabajó 24 horas del día en este proyecto y todo lo que hicimos está en las bitácoras, que son públicas. Con limitaciones, pero el esfuerzo por detectar a todos los animales y plantas en el medio de impacto del Tren Maya se hizo”.
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