“En su mayoría, quienes escriben sobre el tema de la evaluación se ven tentados a inventar sus propias etiquetas y a ofrecer una conceptualización personal de esta actividad. Este fermento intelectual puede atribuirse a que la evaluación es una rama en rápido crecimiento de la investigación social. Este crecimiento comenzó a mediados de los sesenta, y fue alimentado por la enorme infusión de fondos federales destinados a la evaluación de programas sociales de la The Big Society1. La desilusión que produjeron los resultados de estos programas ha inducido a los evaluadores a extender su alcance para abarcar diversas perspectivas teóricas, así como las fuentes de error que pronto descubren en la práctica”. Así es como comienza Angela Browne y Aaron Wildavsky el capítulo IX del libro: “Implementation” (PyW, 1973), un texto clásico sobre la fase de la implementación en las políticas públicas.

¿Podemos afirmar que dicha sentencia está hoy superada? Probablemente no. Por el contrario, los campos disciplinares que abordan la evaluación de programas y proyectos son cada vez más abundantes y ricos en enfoques, metodologías, actores, dimensiones, teorías, etcétera. Es curioso que en esta época tan proclive a la hiper simplificación del conocimiento, la evaluación -y en general la política pública- tengan tan amplios y diversos repertorios que día con día se expanden.

El once de septiembre de 2014, diez personas se reunieron frente a un Notario Público en la Ciudad de México para formalizar jurídicamente lo que hoy conocemos como Academia Nacional de Evaluadores de México, ACEVAL A.C. A partir de ese momento las reflexiones, aportes, críticas, divergencias, discusiones, etcétera, sobre las unidades de análisis, objetos de estudio y metodologías de la evaluación en México, han sido amplias y probablemente estemos lejos de una visión única y unívoca sobre la materia (afortunadamente).

Los retos actuales para el gremio evaluador pasan por una etapa compleja. Desde antes de la pandemia ya se discutía sobre cómo los problemas públicos se han extendido exponencialmente y peor aún, se han hecho interdependientes. Por otro lado, las herramientas e instrumentos de gestión pública parecen no tener la cobertura ni la pertinencia suficiente para su abordaje efectivo. Probablemente esto plantee la necesidad de ver a la evaluación como un subsistema necesariamente interrelacionado con otros como lo son el diagnóstico, el diseño y la implementación de las políticas, es decir, la evaluación por sí misma no es un campo disciplinar independiente, sino que sistemáticamente forma parte un todo. ¿De qué sirve hacer buenas evaluaciones si los diseños siguen planteando lo mismo? O más aún ¿de qué sirve la evaluación si el diseño no responde causalmente a un problema público concreto? No menos importante, ¿de qué sirven evaluaciones sofisticadas si la implementación sigue siendo el Talón de Aquiles de la política pública (Moreno, 1999)?

Hoy día, la presupuestación de programas y políticas, parece ser la variable independiente de la planeación y por tanto de la programación, esto sin duda ayuda a establecer estándares para las políticas y para su evaluación, no obstante, los problemas sociales, en su amplitud, diversidad y complejidad exigen nuevas perspectivas gubernamentales, como poner en el centro a la planeación colectiva (y realmente participativa). Si realmente queremos abordar y revertir problemas públicos, y que la evaluación sea un aspecto central que ofrezca los insumos de los puntos a mejorar, requerimos atender los desafíos administrativos requeridos, generar y posibilitar procesos de negociación y consenso, gestar nuevas reglas de actuación, formular interacciones efectivas y, sobre todo, construir mecanismos y procesos colectivos de decisión en todos los puntos de la(s) política(s).

Andre-Noël Roth (2002), nos recuerda que la evaluación es, ante todo, un proceso político. Es parte de una contienda política y rehusarse a comprenderlo implica renunciar a aprovechar su utilidad social. Cierto es que hemos querido cientifizar la evaluación, lo cual ha posibilitado avances significativos, no obstante, Roth también nos recuerda que la evaluación es un argumento usado para persuadir un público (Majone, dixit), de ahí la necesidad de la pluralidad y la pertinencia de la deliberación pública.

Mucho se habla de cambio, sin embargo, cambio implica aprendizaje; luego entonces ¿qué ha aprendido el gremio evaluador para devenir en cambio? ¿Será posible que los actuales retos de la evaluación tengan que ver con este aprendizaje-cambio?

Uno de los grandes retos que tenemos en ACEVAL, así como en la universidad es, justo este: aprender de las personas expertas pero también escuchar las valoraciones de los destinatarios de las políticas; dicho en otras palabras, se trata de aprender y replicar la rigurosidad metodológica, así como la objetividad científica, al tiempo que se aceptan, discuten y sistematizan los criterios de juicio y las mismas propuestas de los destinatarios de las políticas, pues, recordemos junto con Lindblom, que si toda política cambia de forma incremental, la evaluación no está exenta de este movimiento.

Muchas felicidades a ACEVAL A.C y muchas gracias a quienes con visión y talento fundaron la Academia: Janett, Lauro, Liliana, Aranzazú, Marcia, Karina, Edelith, Abraham, Jerónimo y Mauricio.

Sigamos cambiando.

1La Gran Sociedad refiere a la estrategia del presidente norteamericano L.B. Johnson, plasmada en un conjunto de programas federales orientados a la erradicación de la pobreza y la injusticia racial en Estados Unidos en los años sesenta del siglo pasado.

*Profesor-investigador adscrito al Departamento de Procesos Sociales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana y Coordinador General de ACEVAL A.C.

c.aguilar@correo.ler.uam.mx; coordinacion@aceval.org