El último año y medio de la administración de López Obrador está viviendo un proceso de radicalización del autoritarismo presidencial. Bajo el pretexto de acelerar la realización de sus principales políticas sociales y obras emblemáticas, AMLO está radicalizando su enfrentamiento con el poder judicial y los organismos autónomos, al mismo tiempo que está afianzando al máximo su control sobre sus grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y el Senado con la finalidad de aprobar reformas legales que, en la mayoría de las ocasiones, violan la Constitución.

El resultado lógico de lo anterior es que cada vez con mayor frecuencia esas reformas son impugnadas mediante controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, las cuales deben ser resueltas por la Suprema Corte de Justicia. Al mismo tiempo, ante las acciones gubernamentales se recurre más al juicio de amparo, el cual debe ser resuelto por los jueces. Las resoluciones de unas y otros son mayoritariamente contrarias al gobierno federal, ante lo cual AMLO responde con pronunciamientos cada vez más radicales y violentos contra el poder judicial y particularmente contra las y los ministros de la Corte.

Los legisladores y gobernadores de Morena y sus aliados se han unido en pronunciamientos contra el poder judicial, llegando al extremo de que el gobernador de Veracruz acarreó varios cientos de empleados públicos y militantes de su estado para hacer una manifestación frente a la Corte, portando ataúdes con los nombres de los ministros, en una clara amenaza. Además, desde hace varias semanas decenas de militantes “obradoristas” mantienen un plantón frente a la entrada principal del recinto judicial, en donde todo el día insultan y agreden a quien se le pare enfrente, con la protección de la policía de la Ciudad de México, cuyo gobierno está en manos de la principal aspirante a la candidatura presidencial del partido de AMLO.

En las últimas semanas la Corte ha declarado inconstitucionales varias reformas legales, como la primera parte del plan B en materia electoral y la adscripción de la Guardia Nacional a la secretaría de la Defensa, y un decreto presidencial mediante el cual se definía como de seguridad nacional a las obras emblemáticas de AMLO. Y aún falta la resolución de las acciones de inconstitucionalidad contra la segunda parte del plan B y las reformas legales del “viernes negro”, cuando el Senado aprobó varias reformas con la presencia exclusivamente de Morena y sus aliados.

Muy probablemente la Corte se inclinará por la inconstitucionalidad de esas reformas porque comparten con la primera parte del plan B la característica de haber sido aprobadas violando por completo los procedimientos parlamentarios previstos en la Constitución y las leyes. Precisamente la actual ofensiva presidencial contra el Poder Judicial se puede interpretar como un intento de “ablandar” (al mejor estilo mafioso) a las y los ministros, pero es muy probable que más bien los unifique para enfrentar de mejor manera dicha ofensiva. Y la mejor manera es apegándose a la Constitución.

Resulta evidente que el comportamiento presidencial apuesta deliberadamente a violar el marco constitucional, dado que sus legisladores están lejos de la mayoría calificada para reformar la Constitución, e incentivado por un par de experiencias anteriores, como la reforma eléctrica, en que logró el apoyo de cuatro ministros para impedir la declaración de inconstitucionalidad. Pero a partir de la resolución sobre la primera parte del plan B quedó claro que solamente quedan dos ministras (Ortiz y Esquivel) que apoyan incondicionalmente las posturas presidenciales. Tal vez en otros temas se añada el ministro Zaldívar, pero al parecer ya se consolidó una mayoría de ocho ministras y ministros que no está dispuesta a dejar pasar las violaciones a la Constitución promovidas por AMLO.

En el terreno de los organismos autónomos, después de su fallida reforma electoral, AMLO se concentró en ganar la mayoría de los cuatro nuevos consejeras y consejeros del INE, en lo que logró un buen avance. Pero la ofensiva descarada de los meses previos cesó después de ese nombramiento, al grado que el secretario de Gobernación llamó a dejar eso atrás e hizo las paces con la nueva presidenta del organismo electoral. Hasta el momento no ha avanzado el nombramiento de los nuevos directores ejecutivos y el secretario ejecutivo impulsados por la nueva consejera presidenta, algunos de los cuales se inclinan hacia el partido gobernante. Es necesario mantenerse atentos a lo que ocurra en el INE, porque será muy importante de cara a la elección presidencial que iniciará en tres meses. Por el momento vale la pena destacar el revés que la Sala Superior dio a la comisión de quejas y denuncias del INE en materia del descarado intervencionismo de AMLO en los temas electorales.

Otro organismo autónomo muy importante que ha estado bajo el asedio y el ataque presidencial es el INAI, al que desde el podio presidencial se califica como totalmente inútil, caro y se dice que lo mejor sería desaparecerlo. Pero el INAI está previsto en el artículo sexto constitucional y por tanto no se le puede desaparecer sin hacer antes una reforma constitucional. Como el bloque gobernante no tiene la mayoría para hacer esa reforma constitucional, la solución presidencial es extinguir al INAI como resultado de que mayoría morenista en el Senado bloquee el nombramiento de las vacantes de comisionados, con lo cual se le impide sesionar. Es una evidente trampa, ante la cual ya hay varias resoluciones del poder judicial que ordenan al senado hacer los nombramientos. Además, el propio INAI promovió una controversia ante la Corte para que se le permita sesionar sin el quórum legal, el cual no se puede alcanzar por el bloqueo morenista en la cámara alta. Es otra resolución pendiente de la Corte.

López Obrador está decidido a concentrar el máximo poder posible para controlar el proceso electoral de 2024. Por eso es previsible que los próximos meses la ofensiva contra la Corte y los organismos autónomos se intensifique.

*Académico del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana