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Reforma electoral ¿para qué?

El Presidente habla de una reforma electoral “a fondo”, que permita “decir basta y terminar con toda la simulación, con estos consejeros y magistrados falsarios

voces de la uam

Proyecto para el Congreso.

Proyecto para el Congreso.

Durante el proceso electoral y la consulta popular, el presidente López Obrador y su partido Morena hablaron insistentemente de la imperiosa necesidad de una nueva reforma electoral. La mayoría de las ocasiones la usaron como una amenaza contra los consejeros del INE y los magistrados del TEPJF, para advertirles que si no se portaban bien serían removidos sin contemplaciones como resultado de la reforma electoral que empujaría la coalición gubernamental. Afortunadamente esas dos instituciones resistieron las presiones y sacaron adelante tanto la elección como la consulta.

Pero una vez pasados esos dos retos, AMLO y su partido han seguido insistiendo en la necesidad de la reforma electoral, pero de la urgencia con que la planteaban en plena contienda han pasado a la posibilidad de que se concrete entre 2022 y la víspera del proceso electoral de 2023-2024. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, ha planteado su visión de lo que debe incluir, mientras Ricardo Monreal, el coordinador del partido gobernante en el Senado, ya filtró un borrador completo de iniciativa de reforma constitucional en la materia. Pero AMLO aclaró que la iniciativa será presentada por él mismo, después de convocar a “expertos, analistas y ciudadanos, dentro del cual se incluirá a migrantes y pueblos originarios”, pero antes de presentarla al legislativo la dará a conocer al pueblo (Mañanera del 19 de agosto).

Según AMLO, la reforma tiene la finalidad de establecer la “democracia auténtica, plena. Para que en definitiva se termine con los fraudes electorales, con las simulaciones, para que no haya obstáculos, que no vuelva a suceder desde luego lo del 88, ni lo del 94, ni lo del 2000, ni del 2006, ni lo del 2012". En el mismo sentido: “El fraude se ha impuesto en México por siglos, el fraude electoral; entonces ya es tiempo de decir basta y terminar con toda la simulación…” (19 de agosto)

Para el presidente, entonces, no ha habido cambios sustanciales entre 1988 y 2021. Simplemente ignora las reformas de todo el periodo posterior al fraude de 1988 (en el que, por cierto, tuvo un papel destacado su funcionario estrella Manuel Barttlet), que condujeron a la construcción del IFE y su transformación en INE, así como a la creación del TFE y su transformación en el actual TEPJF. Esas reformas nivelaron las condiciones de la competencia y permitieron la renovación constante del sistema de partidos. Su propio partido, Morena, es uno de los beneficiarios de esas reformas, porque obtuvo su registro en 2014 y en 2018 encabezó una coalición que lo condujo a la Presidencia, ganó la mayoría en las dos cámaras del Congreso y en los congresos locales. AMLO pasa por alto que esas reformas permitieron las tres alternancias en la presidencia de 2000 a 2018, así como las alternancias en las gubernaturas, congresos locales y gobiernos municipales. Para él todo eso ha sido pura simulación porque ha ocurrido en el contexto del neoliberalismo, al que él llama “neoporfirismo”.

El Presidente habla de una reforma electoral “a fondo”, que permita “decir basta y terminar con toda la simulación, con estos consejeros y magistrados falsarios, que no tienen una auténtica, una verdadera vocación democrática" (19 de agosto). Por lo tanto, la reforma debe arrasar con los consejeros del INE y los magistrados del TEPJF porque no sólo no son demócratas, sino son enemigos de la democracia y están puestos al servicio de la “partidocracia” y de grupos de interés. ¿A quiénes poner en su lugar? "Hay gente de todas las clases sociales, demócratas auténticos”, dice (19 de agosto). El problema es que AMLO ya ha dado muchas muestras de su idea de quiénes son los “demócratas auténtico”, que inevitablemente son simpatizantes de su partido. Así como ha colocado al frente de otros organismos autónomos a incondicionales, como en la CNDH por ejemplo, es fácil imaginar que su ideal de funcionarios electorales es el de simpatizantes de su causa, que es la verdadera causa del pueblo.

Hasta aquí el planteamiento de AMLO sobre los objetivos generales de la reforma electoral que pretende. Los detalles se conocerán después de que sus “expertos” y “el pueblo” den luz verde a la iniciativa respectiva, lo que seguramente ya no ocurrirá en este año. Por lo pronto, en el borrador de Monreal hay algunos indicios de los cambios que podría incluir. El senador Monreal plantea que todos los consejeros del INE y los magistrados del TEPJF serán removidos, después de cual se reducirán el Consejo General del INE (de once pasa a siete consejeros) y la Sala Superior del TEPJF (de siete a cinco). En ambas instituciones se aplicará rigurosamente el principio de austeridad por el cual nadie podrá tener una remuneración mayor a la del presidente. Desaparecerían los OPLEs y los tribunales electorales locales.

En cuanto al legislativo, la propuesta de Monreal plantea que en la cámara de diputados se eliminarían 100 diputados de representación proporcional, de tal forma que el número total de diputados bajaría a 400, en tanto que en el Senado simplemente desparecerían los de proporcionalidad para quedar solamente los 64 de mayoría y los 32 de representación proporcional. Estos cambios beneficiarían al partido mayoritario porque se reducirían los espacios de los partidos minoritarios. Una propuesta realmente extraña es la desaparición de la fiscalización por parte de la autoridad electoral y el establecimiento de la figura de auto fiscalización. Hay que recordar que el de la fiscalización es uno de los temas más desarrollados en el pasado reciente, precisamente por las quejas de los partidos opositores contra el gasto desmedido del partido gobernante (el PRI y el PAN en el pasado reciente).

En fin, hay más incógnitas que certezas en el contenido de una posible reforma electoral impulsada por AMLO y su coalición gobernante. Sin embargo, la magnitud del cambio planteado implica necesariamente una reforma constitucional de gran calado, para lo cual, no está de más recordar, no cuenta con la mayoría calificada necesaria.

*Académico del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana.