Con el nombramiento de cuatro integrantes del Consejo General del INE termina una etapa del enfrentamiento presidencial con las autoridades electorales, etapa en la que AMLO ha desarrollado sus intentos por garantizar las condiciones para el triunfo del hoy partido oficial (Morena) y sus aliados. Ha logrado avances, pero también ha sido frenado por la oposición partidaria, las movilizaciones ciudadanas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Primero trató de imponer una reforma constitucional en materia electoral, conocida como el Plan A, que planteaba suprimir (así lo decía explícitamente la iniciativa que presentó el 28 de abril) al actual Instituto Nacional Electoral y establecer en su lugar una institución de nombre parecido, pero al que se añadía que también organizaría las consultas populares (el INEC). Solamente les faltó añadirle “para el Bienestar”.

AMLO insistía que su reforma constitucional establecería la verdadera democracia en nuestro país (porque la actual es una solamente de fachada, según él) porque los consejeros de su nuevo INEC serían electos por el pueblo, no como ahora que son resultado de las negociaciones espurias entre los partidos. Lo que omitía decir era que los aspirantes a consejeros serían propuestos por él mismo (como titular del poder ejecutivo), por el legislativo y por el judicial. Esos aspirantes a consejeros tendrían que hacer campaña y el pueblo decidiría quienes integrarían el órgano de dirección del INEC. Por supuesto, Morena y sus aliados ayudarían a los favoritos del presidente a ganar, por lo que tal procedimiento conduciría al control absoluto del organismo por parte de AMLO y su partido. El mismo procedimiento se proponía para integrar el tribunal electoral, con lo que también se aseguraba el control de la instancia jurisdiccional. A eso llamaba la “verdadera democracia”.

En realidad, AMLO nunca pretendió discutir ni negociar la reforma constitucional electoral. O se aprobaba lo que él proponía o nada. Resultó que su iniciativa, como era previsible desde un principio, no logró la mayoría calificada en la cámara de diputados y hasta ahí llegó. Pero el mismo día AMLO envió su plan B, un conjunto de reformas a cinco leyes y una nueva, para que se aprobara de inmediato. Como la mesa directiva la turnó a comisiones, lo que haría demorar su posible aprobación varias semanas, Morena y sus aliados la presentaron como suya y aprobaron exentarla del trámite legislativo, y en una audaz maniobra autoritaria la aprobaron el mismo día de su recepción, sin dictaminación, sin lectura y sin discusión. Tan solo esa maniobra ameritaría declararla inconstitucional, pero la jugada consistía en hacer pasar como reformas a leyes secundarias auténticos cambios constitucionales.

En el Senado, el mismísimo coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, insistió en la inconstitucionalidad de la mayor parte del plan B, pero a AMLO le importó poco y ordenó que se aprobara a como diera lugar, lo que ocurrió hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones, en el mes de febrero del presente año. La reforma ya ha sido impugnada por los partidos opositores, mediante acciones de inconstitucionalidad, y por el INE, mediante controversias constitucionales, ante lo cual la SCJN ha suspendido su vigencia en lo que resuelve el fondo de las impugnaciones. Evidentemente, la reacción presidencial ha consistido en intensificar sus ataques al INE y ahora también a la Corte. A lo anterior se ha sumado que la ministra que AMLO quería imponer como presidenta de la Corte fue frenada por la revelación de que para obtener su título de licenciatura plagió completa una tesis presentada por otro egresado, lo que permitió que otra ministra, muy discreta y poco protagónica, fuera electa para esa posición estratégica.

El resultado es que los recientes meses se ha asistido a un espectáculo lamentable de insultos, calumnias y amenazas a los consejeros del INE y a la nueva presidenta de la Corte. Con nombre y apellido, desde la mañanera presidencial, AMLO despotrica contra la institución que ha sido garante de las elecciones correctas, libres y competidas de las recientes décadas, así como contra los ministros de la Corte y su presidenta.

En este camino se juntó también el proceso de designación de cuatro consejeros del INE, entre ellos el consejero presidente. Como parte de un plan C para apoderarse de estas posiciones, en la Cámara de Diputados la mayoría de Morena y sus aliados impusieron a tres miembros del comité de evaluación incondicionales, y lo mismo hizo la titular de la CNDH con otros dos, con lo que el oficialismo controló cinco de siete votos en dicho comité. Los otros dos fueron nombrados por el INAI y sus perfiles los ubicaban claramente como independientes, pero finalmente fueron avasallados por la mayoría morenista. Después de evaluar a cientos de aspirantes, sin transparentar en el sitio electrónico de la cámara de diputados los documentos que las y los aspirantes presentaron (lo que sí ocurrió hace tres años), este comité llegó a una lista de 20 aspirantes para integrar las cuatro quintetas de las que saldrían las dos consejeras (una de ellas la nueva presidenta) y los dos consejeros que iniciarían actividades en abril.

María Ester Azuela, integrante del comité de evaluación propuesta por el INAI, planteó en su voto particular que seis de esos 20 nombres no eran idóneos debido a sus vínculos con el gobierno actual y su partido. Particularmente la quinteta “dorada”, de la que saldría la nueva consejera presidenta contenía cuatro nombres muy vinculados a Morena y al gobierno federal, por lo cual, aún en el caso de llegarse al sorteo, la probabilidad de que alguna de ellas fuera nombrada era muy alta. Y así ocurrió. La nueva consejera presidenta, tiene muchas vinculaciones familiares con Morena en Sonora, a pesar de su trayectoria en los organismos electorales. Los otros consejeros nombrados tienen trayectoria electoral, pero uno de ellos está muy vinculado a la clase política de Tabasco, el estado de AMLO. Parece, a reserva de un análisis más detallado, que el balance quedó dos a dos. Por lo menos AMLO no se llevó todo en su Plan C para controlar al INE.

*Académico de la Unidad Iztapalapa de la UAM