El Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en Nayarit, a cargo de la jueza Laura Andrea Casillas Bañuelos, ha concedido la suspensión provisional de las obras de demolición del espacio público conocido como Ciudad de las Artes, ubicado en Tepic de Nervo y ha instruido al gobierno estatal para que detenga la construcción del estadio que pretendía edificar en el terreno con un costo de 315 millones de pesos, en una ciudad que no cuenta con un equipo de futbol.
La resolución fue emitida tras la interposición de un juicio de amparo promovido por colectivos ciudadanos, artistas, gestores culturales, docentes y habitantes de la capital nayarita, quienes han manifestado su preocupación ante presuntas violaciones a los derechos culturales, sociales, ambientales y de participación ciudadana, así como por diversas omisiones legales por parte de autoridades estatales y municipales. En este contexto, los promoventes informaron que continuarán litigando los amparos con el propósito de obtener una suspensión definitiva y una sentencia favorable que garantice la protección del espacio y los derechos vulnerados.
La suspensión ordena a las autoridades involucradas “mantener las cosas en el estado que actualmente guardan”, es decir, abstenerse de ejecutar actos de demolición, deforestación o construcción dentro del proyecto denominado “Recuperación del espacio público denominado Ciudad de las Artes, a base de demoliciones”. Esta medida también alcanza a las obras relacionadas con la construcción del estadio de fútbol Nicolás Álvarez Ortega, anunciado por el gobierno estatal el pasado 31 de mayo.
La suspensión aplica a 15 dependencias del Gobierno del Estado de Nayarit y del
Ayuntamiento de Tepic, incluyendo a la Secretaría de Infraestructura, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit (CECAN), la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Movilidad, así como las direcciones municipales de Medio Ambiente, Obras Públicas y Seguridad Pública, entre otras, todas ya debidamente notificadas.
El expediente judicial detalla que los actos reclamados incluyen la demolición de instalaciones utilizadas por la comunidad —como el anfiteatro, la pista de skate y senderos—, así como la deforestación de más de cien árboles urbanos. Asimismo, se señala la falta de estudios de impacto ambiental y vial, la ausencia de permisos estatales y municipales, y la inexistencia de una consulta pública previa, abierta y transparente, como lo establecen las leyes locales y federales en materia de desarrollo urbano, cultural y ecológico.
Los promoventes del amparo han señalado que el inicio de las obras ha provocado la suspensión de clases y actividades culturales, afectando de manera directa a cientos de personas que hacían uso del espacio para actividades artísticas, deportivas y gastronómicas, varias de ellas con proyección nacional e internacional. También argumentan que la licitación pública de la obra (DGCM-IR-2025), publicada el 4 de junio, no fue acompañada de un proyecto completo, ni de la información técnica necesaria que permita verificar su viabilidad ambiental y legal.
En su denuncia, los colectivos indican que algunas empresas iniciaron trabajos de demolición incluso antes de que concluyera el proceso de licitación. Además, se cuestiona el uso de recursos públicos asignados al proyecto, el cual —según afirman— no ha sido incluido en el Plan Estatal de Desarrollo, ni cuenta con presupuesto debidamente aprobado, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y economía.
Diversos actores sociales han exigido no solo la suspensión definitiva de la obra, sino también la restitución del espacio dañado y el reconocimiento del derecho colectivo a la cultura. Paralelamente, han denunciado actos de hostigamiento por parte de elementos de seguridad pública, a quienes acusan de intentar limitar su derecho a la libre manifestación.
Ante esta situación, el caso ha trascendido al ámbito federal. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha llamado al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, a abrir un diálogo constructivo con los ciudadanos inconformes, y ha instruido a la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, a dar seguimiento a este conflicto con el objetivo de alcanzar una solución consensuada. Sin embargo, el Gobierno estatal se ha negado a dialogar con los inconformes, lo que ha profundizado la tensión en torno al proyecto y las decisiones asociadas.
Además, el fin de semana activistas y gestores culturales que se han pronunciado en contra de la obra fueron amenazados e intimidados directamente y através de una campaña pagada en redes sociales.
Mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo, todas las obras y actividades relacionadas quedan detenidas de manera provisional, en tanto persiste la obligación del Estado de garantizar el acceso a la vida cultural, la protección del patrimonio y la participación efectiva de la ciudadanía en las decisiones públicas.