Carla Escoffié: “Megaproyectos en México, escenarios de violaciones a derechos humanos”
La abogada presenta su libro "País sin techo", en el cual narra el cambio de ruta del Tren Maya, entre otros casos
entrevista
Carla Escoffié también habla de la negativa gubernamental de regular los contratos de arrendamiento en Ciudad de México
La defensa del territorio que realizaron los habitantes de Santa Lucía, Camino Real y La Ermita cuando el gobierno dio la instrucción de relocalización forzosa para utilizar las vías férreas de Campeche para el paso del Tren Maya, la negativa gubernamental de regular los contratos de arrendamiento en Ciudad de México, y la burbuja inmobiliaria que existe en Mérida, son algunos de los casos que narra la autora Carla Escoffié en su libro "País sin techo".
En la obra editada por Grijalbo, la también abogada explica cómo 300 familias lograron que el Tren Maya cambiara su trazo en Campeche, acto legal que Fonatur justificó diciendo de la ruta se había modificado para reducir costos y después señaló que el cambio fue por una oposición al proyecto.
Las familias que ganaron esa demanda para no ser reubicadas sólo porque sus casas estaban en las inmediaciones de las vías del tren, que desde el siglo pasado construyó Porfirio Díaz y porque las actuales autoridades levantaron encuestas a los afectados durante los años de confinamiento por COVID-19, fueron llamadas “personas inconformes azuzadas por organizaciones o partidos políticos”.
¿Qué tan común es la práctica de no hacer consultas a los habitantes de un territorio que será modificado por proyectos como el Tren Maya?
Uno de los problemas que tenemos en México es el tema de megaproyectos que desde hace décadas y a través de sexenios han sido escenarios de violaciones a derechos humanos y una de ellas es el derecho a la vivienda y al territorio.
“Ésta es una práctica que no parece ceder e incluso es respaldada por sectores de la población, porque muchos megaproyectos son entendidos como pasos incuestionables al desarrollo, al crecimiento económico de un país, aunque la experiencia nos haya demostrado que no necesariamente todo megaproyecto cumple con las promesas con las que trata justificar su existencia”.
El libro.
El derecho a la vivienda se vulnera cuando se abren minas o se inician desarrollos inmobiliarios, desarrollos turísticos y de infraestructura, afirma Escoffié.
“Cada caso es merecedor de un análisis específico, pero en términos generales con estos megaproyectos pareciera que todo está justificado y todo es necesario en aras de alcanzar ese desarrollo cuando deberíamos de preguntarnos ¿qué tanto este megaproyecto alcanzará los objetivos que promete?, ¿qué tanto este megaproyecto es necesario?, ¿es la única alternativa para alcanzar esos objetivos?”, cuestiona.
En el caso del Tren Maya se logró el cambio de la ruta y se evitó el desalojo de familias en la Ciudad de Campeche, añade. “Eso evidencia que desde el principio no era necesario ese desalojo que fue planteado como relocalización consensuada, había otras formas, pero tuvo que existir una batalla social, mediática, legal y comunitaria por parte del Colectivo Tres Barrios para que se lograra ese cambio”.
CDMX SIN VANGUARDIA
En palabras de Escoffié en México existe más una política inmobiliaria que una política de vivienda.
“En los últimos 50 años nos centramos en medidas crediticias a través de Infonavit y Fovissste y se abandonaron o rechazaron como opción otros mecanismos de acceso a la vivienda, por ejemplo, la política de arrendamiento público que tienen distintos países del mundo con distinta capacidad económica, no sólo estamos hablando de Estados Unidos y Alemania, sino de países como Paraguay y Argentina”, expresa.
El arrendamiento público consiste en que el Estado construye o adquiere inmuebles para ponerlos en renta accesible a la población, sin ánimo de lucro más que el conseguir ingresos necesarios para mantener el espacio en buenas condiciones. No obstante, “los gobiernos suelen rechazar esas propuestas”, indica.
Un problema que Escoffié aborda en el libro es la inexistencia de una ley inquilinaria y el retraso de la legislación de la Ciudad de México en materia de arrendamiento. “Hay estados que tienen avances positivos, pero la CDMX no siempre es la vanguardia legislativa”.
Por ejemplo, algunas acciones a regular serían: la obligatoriedad de emitir contratos de arrendamientos, que existiera un registro público de arrendamiento y un catálogo de medidas o normas que regulen los requisitos no admisibles para la renta de un inmueble. “En Ciudad de México cada vez hay más casos donde a las personas les piden requisitos absurdos e incluso varios son discriminatorios”.
ESPECULACIÓN
Debido a las crisis económicas y la inestabilidad política es normal que las personas busquen aquello que les dé estabilidad y tranquilidad que el Estado, la economía y la política no les ha dado, indica la autora.
“Por eso se ha construido un discurso más arraigado en América Latina de la importancia de la propiedad y, por tanto, la idea de invertir en inmuebles. Esto genera dinámicas absurdas como el tema de especulación con los lotes de inversión, de que puedes adquirir un terreno con cierto valor y que su valor aumentará en ciertos años. En Yucatán hay lotes que se están vendiendo en áreas irrisorias y alejadas de núcleos de población”, expresa.