El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, admitió públicamente que el Ayuntamiento tuvo conocimiento de irregularidades en la Brecha El Becerro desde 2023. Este corredor es el mismo donde recientemente fuerzas federales aseguraron una megainstalación con más de 7.3 millones de litros de hidrocarburo ilícito.
En un encuentro con medios de comunicación, el presidente municipal reveló que inspectores locales acudieron a la zona tras denuncias vecinales por el vertimiento de residuos peligrosos. Durante esos recorridos, el personal detectó terrenos que ya contaban con sellos de clausura por parte de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
“Recordando con los inspectores, nos habían dicho que la vez que hicieron inspección en ese lugar a petición de los vecinos (...) ese predio y otros estaban clausurados por ASEA. Tenían los sellos de clausura... Ahí había clausura en su momento en 2023–2024”, declaró el edil. Peña Ortiz no aclaró si su administración dio seguimiento administrativo a estas quejas o si notificó formalmente los hallazgos a las instancias federales.
Al ser cuestionado sobre la emisión de permisos de construcción o cambios de uso de suelo para la edificación de la infraestructura asegurada —perfilada como una “mini refinería” que procesaba crudo extraído ilegalmente de Veracruz y Tabasco—, el alcalde deslindó por completo al municipio.
Peña Ortiz argumentó que el Ayuntamiento carece de facultades legales para intervenir en instalaciones vinculadas a hidrocarburos y justificó la falta de supervisión local.
“En protección civil le compete al estado cualquier instalación arriba de mil metros, Desarrollo Urbano no porque está fuera de la mancha urbana y son pastizales y área forestal, en el tema de ecología podemos ayudar cuando hay instalaciones que tienen residuos peligrosos y es por eso que los vecinos se acercaron a nosotros, pero en lo que tenga que ver con hidrocarburos la ley prohíbe a los municipios ingresar a hacer inspecciones porque no nos compete nada”.
Esta declaración representa la primera ocasión en que la autoridad municipal reconoce tener antecedentes sobre el corredor afectado antes de los operativos federales de este año.
Pese a que la legislación otorga a los municipios la atribución exclusiva de emitir licencias de construcción y verificar el giro de los inmuebles en su territorio, Peña Ortiz calificó las revisiones a su gestión como una campaña de desprestigio. El mandatario local concluyó anunciando que solicitará formalmente su derecho de réplica, afirmando que los señalamientos son un “ataque político” diseñado por actores que buscan desviar la atención de los verdaderos responsables del procesamiento ilegal de combustible.