Después de acreditar el uso excesivo de la fuerza por parte del personal de custodia que ocasionó la muerte de una persona privada de la libertad en el interior del Centro Penitenciario Federal número 18 (CEFERESO 18), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 147VG/2024 por violaciones graves a derechos humanos al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), así como a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila (FGE Coahuila).

Datos obtenidos de la investigación de este caso acreditaron violaciones graves a los derechos humanos a la integridad personal y a la vida; condiciones de gobernabilidad inadecuadas en el penal y vulneraciones al derecho de acceso a la justicia.

Asimismo, la Comisión confirmó irregularidades por parte de personal adscrito a la Fiscalía General de Justicia de la entidad en la investigación de las causas del fallecimiento de la víctima, como omisiones en la aplicación del Protocolo de Minnesota (que establece una norma común de desempeño en la indagación de una muerte potencialmente ilícita) en lo relacionado con recuperar y preservar el lugar de los hechos y el material probatorio de la causa, así como tomar en cuenta los testimonios emitidos por las demás personas privadas de la libertad y testigos de los hechos.

Por lo que, la CNDH solicitó al Comisionado de Prevención y Readaptación Social colaborar con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que las víctimas indirectas puedan ejercer su derecho a que se les repare integralmente el daño causado y se les proporcione la compensación que sea fijada en términos legales, además de asistencia psicológica y tanatológica; así como colaborar en el seguimiento de la denuncia administrativa que se inicie contra las autoridades del CEFERESO 18 por los hechos mencionados y emitir una disculpa institucional por las violaciones graves a derechos humanos causadas.

Finalmente, la Comisión recomendó a la Fiscalía General de Coahuila colaborar en la denuncia presentada en contra de los  funcionarios responsables de las omisiones señaladas en la adecuada investigación de este caso; instruir capacitación a ministerios públicos sobre la relevancia de observar los principios del Protocolo de Minnesota durante la investigación de muertes potencialmente ilícitas y solicitar que los peritos en medicina forense acudan a cursos para que lleven a cabo su labor con la debida diligencia y eficacia.