El Banco de México (Banxico) es uno de los pilares institucionales más relevantes para la estabilidad macroeconómica del país.
Desde la reforma de 1993, que le otorgó autonomía constitucional, la institución ha consolidado una reputación de credibilidad en el manejo de la política monetaria, principalmente a través de su objetivo prioritario de mantener la estabilidad de precios. Sin embargo, la autonomía de los bancos centrales siempre está sujeta a tensiones entre el mandato técnico y las presiones de los gobiernos.
La Junta de Gobierno, compuesta por un gobernador y cuatro subgobernadores, se ha caracterizado históricamente por un equilibrio de perfiles: algunos con experiencia en organismos financieros internacionales, otros con carrera dentro del propio Banco, y algunos provenientes del sector público. El pluralismo de trayectorias ha sido un mecanismo informal para blindar al Banco contra una captura política. No obstante, en el contexto actual, la mayoría de los miembros proviene de cargos donde su cercanía al gobierno federal actual es muy clara.
Un análisis comparado muestra que este tipo de riesgos no es exclusivo de México. Casos como el del Banco de la Reserva Federal donde el presidente Trump intenta presionar al presidente de la FED (ocasionando temores fundados sobre la independencia del organismo y provocando la salida de recursos depositados por bancos centrales europeos) o el Banco Central de Turquía en los últimos quince años son ilustrativos: la injerencia directa del presidente Recep Tayyip Erdoğan, al nombrar a gobernadores afines y remover a quienes mostraban resistencia, derivó en decisiones de política monetaria inconsistente, con reducciones abruptas de tasas pese a presiones inflacionarias. El resultado, en ambos casos, fue una erosión de la credibilidad del banco central.
En el caso de México, la pregunta crítica es si la autonomía formal de Banxico puede garantizarse cuando su órgano colegiado se torna políticamente homogéneo. Una Junta de Gobierno con un perfil completamente “dovish” (aquellos que priorizan el crecimiento económico y el empleo sobre el control de la inflación, abogando por tasas de interés bajas para estimular la inversión y el consumo) seguramente podría priorizar la coordinación con la política fiscal y social del Ejecutivo, sacrificando la ortodoxia monetaria. Tal escenario, si bien no implica automáticamente un colapso institucional, sí debilita la percepción de independencia ante los mercados financieros.
Por lo tanto, la eventual salida del subgobernador Jonathan Heath (termina su período en 2026) y la falta de diversidad en la Junta plantean un riesgo tangible de captura política de Banxico. El verdadero peligro radica menos en la posibilidad de un viraje radical inmediato, y más en la erosión gradual de la credibilidad. La independencia del Banco central se sostiene no solo en el diseño constitucional, sino en la práctica cotidiana de resistir presiones. Una Junta sin voces críticas y sin diversidad de enfoques pierde esa capacidad de contrapeso.
En conclusión, el Banco de México se encuentra ante una coyuntura crítica. Si la renovación de puestos no incorpora perfiles independientes y con legitimidad técnica, el país podría enfrentar una Junta de Gobierno homogéneamente “dovish” y alineada con el proyecto político en turno. La experiencia internacional demuestra que la excesiva lealtad de los integrantes de un banco central hacia el Ejecutivo socava la autonomía y genera vulnerabilidades macroeconómicas de largo plazo.