Cada cierto tiempo ocurre lo mismo. Un operativo militar, la captura o muerte de un capo, un decomiso espectacular. Las autoridades anuncian un golpe decisivo contra el crimen organizado y durante algunos días se instala la sensación de que algo importante ha cambiado. El enemigo ha sido identificado, el Estado ha demostrado su fuerza y la narrativa pública se ordena de nuevo como un enfrentamiento entre buenos y malos, entre el gobierno y el narco.
Pero la experiencia acumulada en México obliga a mirar estas historias con más cuidado. No porque los operativos no funcionen o porque las organizaciones criminales no representen una amenaza real, sino porque las narrativas con las que explicamos la violencia también cumplen una función política. No solo describen la realidad; también ayudan a organizar la forma en que la interpretamos y las respuestas que consideramos posibles.
En los últimos años se ha consolidado una forma bastante estable de contar la violencia del narcotráfico. En ese relato, el problema aparece como una lucha entre el Estado y organizaciones criminales cada vez más poderosas. La explicación privilegia la lógica del enfrentamiento, con territorios disputados, líderes criminales que caen, organizaciones que se fragmentan y nuevas guerras que se desatan.
Sin embargo, un libro reciente del investigador Carlos Pérez Ricart, La violencia vino del norte: Cómo el flujo de armas desde Estados Unidos alimenta la violencia en México, introduce un elemento que complejiza ese marco interpretativo. Su argumento central sostiene que el aumento de la violencia en México a partir de 2007 no puede explicarse únicamente a partir de decisiones internas, como los operativos militares, o de disputas entre organizaciones criminales. Está vinculado, sobre todo, con la expansión del mercado de armas de fuego en Estados Unidos y con el flujo constante de rifles de alto poder hacia territorio mexicano.
Durante mucho tiempo, la explicación dominante del narcotráfico se ha enfocado en las causas nacionales. El problema aparece como un fenómeno esencialmente interno, marcado por corrupción local, debilidad institucional, militarización y conflicto entre los cárteles. No obstante, el libro de Pérez Ricart recuerda que el conflicto también está inscrito en un sistema más amplio donde circulan armas, dinero y drogas a través de fronteras que ningún Estado controla plenamente.
Reconocer esa dimensión transnacional altera la distribución de responsabilidades. Si la violencia depende también de la disponibilidad masiva de armas en Estados Unidos, entonces la historia ya no puede contarse únicamente como un problema interno de seguridad pública.
Sin embargo, es necesario decir que reconocer nuevos datos no significa que cambie automáticamente la forma en que interpretamos el problema. Gobiernos, agencias de seguridad y buena parte del debate público continúan organizando la explicación de la violencia alrededor de la lógica de la ‘guerra contra las drogas’. Se trata de una narrativa poderosa porque simplifica un fenómeno multifactorial sumamente complejo y lo convierte en una historia inteligible en la que el Estado combate a sus enemigos a través de las fuerzas militares.
Ese relato tiene ventajas políticas evidentes, y resulta muy atractivo para los discursos políticos. Permite identificar responsables visibles —los capos— y ofrecer resultados tangibles, como su captura o eliminación. Cada golpe contra una organización criminal puede presentarse como una victoria, como una épica de los “buenos contra los malos”. Así, la guerra produce episodios espectaculares que se traducen fácilmente en anuncios, conferencias de prensa y titulares.
Nada de esto significa que la violencia sea una ficción o un simple problema de discurso. Los homicidios existen y persisten, las armas circulan y las organizaciones criminales ejercen un control en amplias regiones del país. El libro de Pérez Ricart pertenece además a un registro distinto al de la retórica política o mediática, se trata de una investigación académica rigurosa que amplía el marco de análisis al mostrar el papel del mercado de armas estadounidense en la escalada de la violencia.
Pero cuando estas explicaciones ingresan al debate público suelen reorganizarse dentro de narrativas más simples. Cuando un fenómeno se interpreta como una guerra contra enemigos criminales, las soluciones imaginables tienden a ser también las de la guerra, como operativos militares, golpes selectivos y eliminación de líderes.
Aquí es donde la sociología tiene una tarea modesta pero necesaria: recordar que las narrativas y los discursos no son inocentes. Las historias que contamos sobre el narcotráfico y el crimen organizado no solo buscan explicar la violencia; también delimitan las respuestas que una sociedad considera legítimas o posibles. Y, en no pocas ocasiones, terminan reforzando los intereses y las creencias de determinados actores políticos.
Quizá por eso la ‘guerra contra el narco’ se ha convertido en el lenguaje dominante para hablar del problema. No necesariamente porque sea la explicación más completa, sino porque permite administrar políticamente una realidad extraordinariamente compleja.
Y quizá por eso, después de tantos años, seguimos atrapados en el mismo relato.