Con amparos bajo el brazo, el magistrado del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), Alberto Barba Gómez, tendrá tres días para preparar su defensa. Esto, una vez que el (o los) denunciantes bajo el mismo periodo de tiempo preparen por escrito la argumentación de sus alegatos.
La Comisión de Responsabilidades del Congreso dio por terminado el periodo de presentación de pruebas relativas al juicio político en contra del funcionario. Ahora, ambas partes tendrán que presentar ante el pleno sus alegatos.
“El día de hoy se da instrucción, y en el caso se ordena dar vista tanto al denunciante tres días, y por consecuente, al denunciado otros tres días, para que puedan conocerlo y presentar los alegatos que consideren pertinentes. Una vez que esto ocurra se ordenará hacer el dictamen concluyente (…) Una vez que la comisión lo apruebe, habrá que turnarse a pleno; y si se turna a pleno habrá que revisarse si ya hubo alguna disposición con relación a los amparos que se habían interpuesto”, comentó la diputada presidenta, Pilar Pérez Chavira.
Un conjunto de cinco amparos impiden que el Congreso dictamine en el pleno. Pues el magistrado, aunque está siendo señalado, mantiene activos estos recursos con los que ata de manos la decisión final de los legisladores.
TAMBIÉN SE ACORDÓ
Por otra parte, se acordó radicar las denuncias de juicio político en contra del Juez Décimo Tercero de lo Civil, Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez. De los ciudadanos Horacio León Hernández, Laurentino López Villaseñor, Juan Luis González Montiel, Armando García Estrada, Adrián Joaquín Miranda Camarena y Alberto Barba Gómez, en su carácter de presidentes de de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Salas Unitaria, respectivamente, del Tribunal de lo Administrativo.
Asimismo, en contra del ciudadano Francisco Javier Buenrostro Acosta, alcalde de Cocula. El mismo procedimiento en contra de la ciudadana Cecilia Peña Vargas, Regidora del Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires. En todos los casos, por actos que cometieron y pudieran ser constitutivos de juicio político.
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