Búsqueda(Primera parte)
La memoria y los archivos de las explosiones del 22 de abril de 1992 están desapareciendo, de forma volátil, como se esfumó también la justicia y una verdad satisfactoria para los ciudadanos en torno a esta tragedia.
La mayoría de los archivos legales, administrativos, médicos, técnicos e históricos, en torno a este caso, no fueron resguardados de forma adecuada y diversas instituciones reportan que “no existen”.
En una investigación efectuada por mecanismos de transparencia, se requirió información pública del caso a 23 dependencias e instituciones municipales, estatales y federales, que estuvieron involucradas de alguna manera con este tema, 20 sujetos obligados respondieron que la información es inexistente. Ante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se presentaron 33 solicitudes, ya que en algunos casos se requirió más de una información a un mismo destinatario.
Las dependencias que deberían resguardar documentos sobre este caso, como es el Gobierno del Estado de Jalisco -que también atendió el asunto- respondió a la solicitud “como negativa por inexistencia”.
“Los desaparecieron (los archivos), pues era muy conveniente para ellos que no quedara evidencia de lo que pasó”, es la conclusión de la presidenta de la asociación 22 de abril en Guadalajara, Lilia Ruiz Chávez, al conocer los resultados de esta investigación periodística.
ARCHIVOS QUE DESAPARECIERON
La Fiscalía Estatal (FE), el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), también contestaron que no tienen información al respecto, esto a pesar de que fueron las autoridades responsables de llevar a cabo en su momento las investigaciones y los juicios legales, de las carpetas de investigación 1236/92 y 1170/92, la primera en lo local y la segunda en lo federal.
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) omitió entregar la información de las autopsias o de los registros realizados por decesos ocurridos por causa de las explosiones. Aunque la respuesta a la petición de información fue “afirmativa”, en los hechos evadió entregar la información solicitada, aduciendo que ya está publicada, contestó que “la información relativa a las estadísticas derivadas de la realización de las necropsias puede consultarse en la página de Internet del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se invita a la parte solicitante a consultar la página oficial del sujeto obligado”, para consultar las estadísticas; pero en el portal no está la información requerida.
Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) argumentaron que no tienen ni información, ni documentos referentes a este tema, pese a que este último realizó el dictamen técnico en el que se basó la explicación oficial de la causa de la tragedia y aún y cuando Pemex efectuó la donación de 100 mil millones de pesos de `aportación’ para las labores de reconstrucción de la zona afectada y que también donó 40 millones de pesos al Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social (FIASS), del cual actualmente se entrega una pensión mensual a 54 lesionados. Del último dinero entregado, 10 millones de pesos fueron otorgados en el año de 2001 y 30 millones de pesos se pagaron en el año 2003.
La donación inicial de Pemex quedó asentada en varias notas periodísticas de la época, como la de Raúl Llanos y Roberto Zamarripa, en el diario la Jornada de 1992. De ello también se siguió dando cuenta en publicaciones de 20 años después como la de Sergio René De Dios Corona, en la revista Expansión en la que se menciona lo siguiente: “El gobierno federal y Pemex aportaron 331 millones de pesos que administró un patronato para pagar indemnizaciones y ayudas a 10,000 personas”.
Las únicas instituciones que respondieron que sí tenían información sobre este tópico fueron el Congreso del Estado de Jalisco, el Ayuntamiento de Guadalajara y el Archivo General de la Nación (AGN).
El archivo más importante y mejor conservado sobre este caso es el que resguarda el Poder Legislativo de Jalisco, pues tiene declaraciones de los funcionarios involucrados, peritajes, comunicaciones oficiales y reportes, entre otros documentos. El acervo incluye las 32 mil 500 hojas de las averiguaciones previas 1236/92 y 1170/92, que están archivadas en 64 y siete tomos respectivamente, almacenados en 13 cajas en el área de Biblioteca, Archivo y Editorial de la institución.
Cabe destacar que esa documentación se encuentra en este lugar porque los diputados locales crearon -el 16 de marzo de 1995- la Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación de los Hechos del 22 de abril (Jalisco, 1995), que ahora ya no está activa.
Entrevistado al respecto, el secretario general del Poder Legislativo y responsable del Sistema Interinstitucional de Archivos del Congreso del Estado, José Tomás Figueroa Padilla, aseguró que el Congreso del Estado tiene bien resguardado ese archivo y están trabajando para mejorar las condiciones de conservación.
“A mí no me toca opinar respecto de otras instituciones, a mí lo que me toca es cuidar y resguardar los documentos que se tienen aquí en el Congreso. La ventaja es que aquí hay un documento de los temas del 22 abril y lo podemos poner a disposición de cualquier autoridad, en caso de requerirlo, y aquí lo conservamos, de eso se trata de cuidar los archivos históricos, tenemos una responsabilidad y nosotros no hemos renunciado a ella, sobre todo hemos incrementado las medidas de seguridad para cuidar todos y cada uno de los archivos que se generan aquí en este Poder”, expresó.
Villaseñor indicó que era una obligación de las instituciones preservar los archivos, que están desapareciendo deliberadamente, o por indolencia o por negligencia. Dijo que en el caso no hay perdón y olvido y tiene que hacerse justicia y va a ser imposible hacer justicia si los archivos desaparecen.
(Continuará...)