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La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) llevó a cabo este 21 de mayo tres clausuras por incumplimiento de la normativa ambiental en los municipios de Teocuitatlán de Corona, El Salto y Zapopan. Las acciones incluyeron una clausura total temporal y dos clausuras parciales temporales, luego de detectarse diversas irregularidades en materia de impacto ambiental y manejo de residuos.
La intervención más severa ocurrió en Teocuitatlán de Corona, donde fue clausurada de forma total y temporal una granja porcícola. La medida se tomó tras confirmarse que el establecimiento operaba sin la autorización de impacto ambiental, documento indispensable conforme a la legislación vigente y que debe ser expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet). Sin este permiso, la operación de actividades que puedan afectar el entorno se considera una infracción grave.
En el municipio de El Salto, la sanción se dirigió al rastro municipal, al cual se le impuso una clausura parcial temporal. Durante la inspección se identificó que el sitio no contaba con el registro como Gran Generador de Residuos, ni con otros documentos clave como la Cédula de Operación Anual, el plan de manejo de residuos y los comprobantes de disposición adecuada de desechos considerados de manejo especial. Estas faltas están estipuladas como violaciones a los artículos 43 y 44 del Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Por último, en el municipio de Zapopan, se procedió a la clausura parcial temporal de una empresa ubicada en la colonia El Tigre, sobre la avenida Juan Gil Preciado. En este caso, el motivo fue la instalación de una nave industrial sin autorización de impacto ambiental, lo que infringe el artículo 26 de la misma ley estatal en materia ecológica.
PROEPA informó que estos operativos forman parte de sus recorridos periódicos de vigilancia, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y prevenir la degradación del entorno natural. Además, reiteró que continuará realizando acciones ejemplares contra quienes incumplan sus obligaciones en materia ecológica.
Con estas clausuras, la Procuraduría refuerza su postura de tolerancia cero hacia actividades contaminantes sin regulación y reafirma su compromiso de fiscalización constante para proteger los ecosistemas del estado.