IGNACIO PÉREZ VEGA
La Contraloría del Estado investiga a ex funcionarios del área jurídica y administrativa del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), para saber si actuaron con dolo al no defender legalmente al organismo público frente a un proveedor que ganó un juicio, por el que la institución debe pagar casi 20 millones de pesos.
Teresa Brito Serrano, contralora estatal, explicó que el caso lo investigan de tiempo atrás. El proveedor Barba Sais y Asociados SC ganó un litigio al SIAPA ante el Tribunal de Justicia Administrativa, al reclamar que en 2022 ganó la licitación pública para prestar el servicio de reducción o suspensión del flujo de agua a viviendas y negocios morosos. Sin embargo, el SIAPA no firmó el contrato y realizó el trabajo con otra empresa, la que quedó en segundo lugar en la licitación. El proveedor alegó que no fue notificado y el organismo dijo que lo hizo por correo electrónico.
El responsable es el ex director jurídico del SIAPA, Alejandro Ancira Espino, quien hoy es el director jurídico del Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi).
“Se sigue de oficio la posible responsabilidad administrativa de quienes participaron en la materialización de ese fallo. ¿Qué va a hacer la Contraloría con ese procedimiento? Va a abrir otro cauce en el sentido de revisar, si después del fallo las actuaciones internas del SIAPA que llevaron a la determinación del gane para el segundo lugar (hubo alguna anomalía)”, refirió.
Pese a que el gobernador Pablo Lemus Navarro, aseveró que el SIAPA no va a pagar los 19 millones 968 mil pesos al proveedor, quien al final no hizo trabajo alguno, la contralora estatal aclaró que el dinero se tiene que pagar al demandante, porque se trata de una sentencia que emitió el Tribunal de Justicia Administrativa.
“Se tiene que pagar porque validaron las manifestaciones, dieron por buenas las manifestaciones que le ‘dolían’ al proveedor, ¿cómo se tiene que pagar?, y si se paga, ¿hicieron bien el trabajo a este punto?, porque si no se hizo bien el trabajo, hay un daño al erario. No es un afán de fiscalizar. No es una cantidad menor”, dijo.
La contralora explicó que el TJA resolvió que el proveedor tiene razón en sus argumentos legales.