La Comisión de Derechos Humanos del Senado analiza la situación de Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí presa en un penal de Querétaro por su supuesta participación en un presunto secuestro de agentes de la AFI.
Con la información recabada, el Senado pedirá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que intervenga en el caso y que revise si el proceso penal a que fueron sometidas Jacinta y otras dos mujeres del poblado de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, estuvo apegado a derecho.
Las tres indígenas fueron acusadas por la PGR de secuestrar a tres elementos de la Agencia Federal de Investigaciones el 26 de marzo de 2006 en Santiago Mexquititlán.
Ese día, seis agentes de la AFI llegaron al tianguis del poblado sin identificarse y despojaron a varios comerciantes de sus mercancías con lujo de violencia, con el argumento de que se trataba de un operativo antipiratería.
Los tianguistas afectados exigieron a los agentes su identificación y la exhibición de la orden que avalara su proceder, a lo que éstos se negaron. La tensión aumentó y varios comerciantes afectados empezaron a protestar.
El jefe regional de la AFI y el agente del Ministerio Público de la Federación en San Juan del Río acudieron al pueblo para dialogar con la gente afectada, y ofrecieron pagar en efectivo los daños ocasionados por los elementos de la AFI a los puestos de los comerciantes.
Para garantizar el pago, los funcionarios dejaron a uno de los agentes de la AFI en prenda, bajo la custodia de los pobladores.
El incidente terminó cuando el mismo día, alrededor de las siete de la noche, todos los elementos de la AFI que habían participado en los hechos dejaron la comunidad.
El 3 de agosto de 2006, Jacinta Francisco Marcial fue llevada, con engaños, a la ciudad de Querétaro. Hasta que fue presentada ante los medios de comunicación se enteró de que la acusaban, al igual que a Alberta Alcántara y Teresa González, de haber secuestrado a los agentes de la AFI durante los hechos ocurridos en marzo.
La información de que dispone la Comisión de Derechos Humanos del Senado señala que existen videos en donde se observa a Jacinta el día de lo hechos como mera espectadora, pues mientras ocurrió el incidente ella estaba en su puesto de aguas frescas.
Señala que el asunto ha generado el interés de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos que han evidenciado una serie de irregularidades en el proceso penal que se les siguió a las tres indígenas otomíes.
Jacinta Francisco Marcial nunca tuvo acceso a un intérprete o traductor y se le negó el derecho de presunción de inocencia. El impartidor de justicia dio preponderancia a las pruebas desahogadas por el propio Ministerio Público, con lo que generó condiciones de desigualdad procesal.
Jacinta fue sentenciada a 20 años de prisión por el delito de secuestro, aunque la sentencia está en revisión en virtud de una impugnación presentada por abogados de diversas organizaciones no gubernamentales.
En el caso de las tres indígenas se podría sentar el mal precedente de aplicar el tipo penal de secuestro para procesar a quienes tienen alguna participación en manifestaciones en la vía pública, consideran en el Senado.
Jacinta no participó en las acciones de protesta de los comerciantes, por lo que la respuesta punitiva del Estado en su contra constituye una represalia a la manera en que los tianguistas se defendieron de los abusos de los agentes de la AFI, señala la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
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