En entrevista con Crónica, Jorge Esquinca Montaño, director general del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), aborda un problema que por años ha minado la confianza ciudadana en los procesos de regularización de negocios en la capital: el coyotaje.
Este fenómeno, explica, no solo afecta a los comerciantes, también obstaculiza el orden administrativo de la Ciudad de México. Desde su llegada al frente del instituto, Esquinca ha impulsado una estrategia directa para combatir estas prácticas que, por mucho tiempo, fueron toleradas o incluso solapadas por la falta de consecuencias legales.
—¿Cómo define el coyotaje y cuál ha sido su impacto en la capital en los últimos años?
—El coyotaje no es otra cosa más que la intervención de terceros para gestionar un trámite, supuestamente para agilizarlo o “ahorrarle problemas” al comerciante. En realidad, se trata de personas que venden una solución falsa.
El fenómeno ha crecido porque hay despachos y supuestos abogados que se acercan a los dueños de negocios con poco conocimiento sobre los trámites y les prometen levantar sellos o conseguir permisos rápidamente… todo a cambio de dinero. Pero esos servicios son fraudulentos.
—¿Cómo actúan estos intermediarios y cuál es el daño que causan?
—Cuando INVEA coloca sellos de suspensión, llegan estos coyotes y le dicen al comerciante: “Te los quito en la noche y ya puedes seguir trabajando”. Lo hacen sin entender —o sin decirle al afectado— que el procedimiento sigue abierto. Entonces, cuando verificamos y vemos que los sellos fueron retirados, los reponemos y, si el lugar sigue operando, remitimos el caso. Ahí es cuando nos enteramos que el comerciante pagó por un servicio ilegal. Para ese momento, el coyote ya desapareció, no contesta llamadas. Además, muchas veces entregan documentos apócrifos, y la gente, por temor o desconocimiento, no se acerca con nosotros a verificar su autenticidad.
—¿En qué tipos de trámites se presenta con mayor frecuencia esta práctica?
—Principalmente en los permisos de venta de alcohol. Durante años, algunas alcaldías promovieron lo que llamaban “tolerancia”: es decir, permitían operar sin permiso formal a cambio de una cuota. Así, negocios que vendían bebidas alcohólicas en zonas habitacionales —donde no se permite este giro— seguían funcionando. Cuando llegamos nosotros y verificamos que no tienen permiso ni uso de suelo compatible, los suspendemos. Pero los coyotes les dicen: “Yo te consigo la licencia”. La realidad es que esos permisos nunca se van a autorizar en esas zonas. Es un engaño y un robo.
—¿Qué perfil tienen los coyotes? ¿Actúan solos o como parte de redes?
—En muchos casos, son personas que trabajaron en alguna alcaldía y conocen el procedimiento. Lo grave es que venden algo intangible. Les prometen lo que no pueden cumplir. También hay despachos que se dedican a esto. Por eso, desde febrero implementamos una regla: no se levanta ningún sello si antes no se paga una multa ante la Tesorería. De esta forma, quien llega diciendo que ya le quitaron los sellos sin haber pagado, sabemos que fue víctima de un engaño.
—¿Qué acciones concretas ha tomado el INVEA para combatir el coyotaje?
—Tenemos una campaña permanente en redes sociales para alertar a la ciudadanía. Subimos videos interactivos explicando cuáles son los permisos válidos, qué hacer si hay una suspensión, qué documentos se necesitan y cómo funciona el proceso.
Además, iniciamos una campaña de sensibilización presencial, donde personal del INVEA acude a zonas comerciales a explicar el procedimiento directamente. Próximamente lanzaremos un programa de verificación voluntaria: quien quiera regularizar su establecimiento, podrá solicitar una revisión preventiva para saber qué le hace falta.
—¿La tecnología ha sido un aliado en esta estrategia?
—Sin duda. Redes sociales como X, Facebook y TikTok nos han permitido llegar más lejos. También los medios de comunicación han jugado un papel clave para aclarar la información. Además, tenemos un área de atención que opera de lunes a viernes para atender dudas, canalizar quejas y asesorar de forma directa.
Esta cercanía está dando resultados: por ejemplo, en el operativo nocturno del programa Las noches de todos, antes suspendíamos hasta 50 establecimientos al día. Hoy son menos de 25. Eso quiere decir que ya hay muchos comerciantes que se están regularizando.
—¿Cómo funciona la coordinación entre el INVEA y otras dependencias del gobierno capitalino?
—El programa Las noches de todos se intensificó desde enero. Su objetivo es combatir los giros irregulares que pueden ser generadores de violencia. La cabeza de este operativo es la Secretaría de Gobierno. Ellos organizan, y nosotros asistimos junto con Protección Civil y Seguridad Ciudadana. Esta última es fundamental para resguardar a nuestros verificadores, quienes lamentablemente han sido agredidos en algunos operativos. También Protección Civil puede colocar sellos cuando detecta riesgos.
—¿Qué mecanismos tiene el INVEA para orientar directamente a los comerciantes?
—Nosotros atendemos establecimientos mercantiles, obras de construcción, transporte, escuelas, entre otros. Constantemente los invitamos a acercarse. Participamos cada semana en los Martes Ciudadanos encabezados por la jefa de Gobierno, donde instalamos una mesa de atención para resolver dudas. También tenemos una línea directa en la Dirección General para recibir quejas, las cuales también pueden enviarse por correo electrónico. De enero a la fecha, hemos atendido 943 quejas ciudadanas.
—¿Han impulsado alguna campaña específica para pedir a los comerciantes que hagan sus trámites sin intermediarios?
—Sí. Cuando realizamos una verificación, primero asesoramos al dueño o responsable. Se le explica el procedimiento, se le informa qué puede escribir en el acta, que tiene 10 días para responder, y se le hace énfasis en que él mismo debe hacer el trámite. También aceptamos que un representante legal lo haga, pero con documentos en regla.
Antes llegaban personas preguntando por cinco establecimientos a la vez. Hoy, solo aceptamos peticiones directas de los interesados o de sus representantes legales debidamente acreditados.
—¿La digitalización de trámites ha ayudado a reducir el coyotaje?
—Sí, porque los trámites son más claros y transparentes. Se han simplificado los requisitos; por ejemplo, ya no se solicita alineamiento y número oficial como antes. Ahora los comerciantes pueden enviarnos los documentos escaneados, y si todo está en orden, les generamos una cita para concluir el trámite. Esto evita que alguien les diga que es muy difícil y les quiera cobrar por algo que no necesita intermediario.
—¿Qué reformas o cambios cree usted que podrían fortalecer este combate en el mediano y largo plazo?
—Más que una reforma legal, necesitamos fortalecer la información. La gente debe saber lo fácil que es cumplir con los requisitos cuando se tienen claros. Necesitamos apoyo de los medios de comunicación para difundir los pasos y documentos necesarios. Nosotros hacemos lo propio en cada visita: explicamos, asesoramos y escuchamos. La campaña de sensibilización está viva, pero es un trabajo constante. Solo con información y acompañamiento vamos a cortar de raíz el coyotaje.El coyotaje, como lo describe Esquinca Montaño, es una forma de corrupción cotidiana que se disfraza de ayuda. El combate requiere de vigilancia institucional, pero sobre todo de confianza ciudadana. El reto para el INVEA no es menor: recuperar la legitimidad de los procesos administrativos, desmantelar redes de fraude, y acercarse con firmeza —pero también con apertura— a una ciudadanía que durante años ha sido víctima de engaños.
La invitación está hecha: hacer los trámites de forma legal, informada y sin intermediarios. En este sentido, el director hizo un llamado a la ciudadanía para que, ante cualquier irregularidad o sospecha de prácticas irregulares como el coyotaje, acudan directamente a la Dirección General del INVEA a través de los canales oficiales. Las denuncias pueden hacerse de manera anónima por teléfono al 55 66 51 58 66 o mediante el correo atención.invea@cdmx.gob.mx, donde todas las quejas son atendidas y verificadas cuidadosamente en coordinación con la Secretaría de Gobierno.
En cuanto a la seguridad y la identificación del personal autorizado, explicó que los verificadores cuentan con un uniforme específico: chalecos con el texto “Personal especializado”, un número de verificador que puede consultarse en la página oficial, un código QR que incluye fotografía, así como gorras que indican la dependencia a la que pertenecen (Gobierno Central, Transporte o alcaldías). Estas medidas, implementadas desde hace aproximadamente tres años y actualizadas con la inclusión del código QR, permiten a la ciudadanía identificar claramente al personal oficial y evitar fraudes.Finalmente, reiteró la invitación a la población para acercarse directamente a las autoridades, recordar que el INVEA está para servirles y que solo con la colaboración de todos será posible acabar con las prácticas ilegales y garantizar un entorno más seguro y justo para todos.