La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) presumió en su último informe el aumento en las órdenes de aprehensión y casos judicializados por el delito de homicidio, con 310 imputados en los primeros tres meses del 2025, sin embargo, es mínimo el número de las personas encarceladas que recibieron sentencias condenatorias y que permanecerán tras las rejas.
En ese periodo de abril a enero, existieron 116 por ciento más personas acusadas que las condenadas en todo el 2024, año en el que únicamente a 82 personas se les impuso una pena; por lo tanto, el grueso de personas en prisión preventiva desconoce los años que pasará en prisión.
Policías de Investigación (PDI) y litigantes de la Fiscalía capitalina coinciden que el mínimo número de las sentencias se debe a que el proceso de judicialización se entorpece por falta de infraestructura, capacitación al personal e inversión tecnológica para recabar datos de prueba sólidos que endurezcan las carpetas de investigación, lo que desemboca en que posibles líderes de cárteles, células delictivas, a los que se les imputan diversos delitos como homicidio y narcomenudeo, registren varios ingresos al Sistema Penitenciario sin que existan evidencias que los mantengan tras la rejas y posteriormente, con sentencias condenatorias.
Para los encargados de la procuración de justicia entrevistados, el indicador de la baja de delitos y los resultados de colocar a las víctimas al centro deberían de ser el número de sentencias, no las detenciones, en las que varios objetivos prioritarios han sido liberados en múltiples ocasiones.
En el último informe de seguridad, las autoridades de la metrópoli presumieron la baja del 8.7 por ciento en el delito de homicidio doloso entre los periodos de enero a abril de los años 2024 a 2025 y al mismo tiempo, el incremento de judicializaciones y órdenes de aprehensión, no existe una mejora en las cifras de las personas que fueron castigadas a pasar años en las cárcel para pagar por el delito que cometieron, y por ende, ser sometidos a una reinserción social.
De acuerdo con estadísticas del Poder Judicial de la Ciudad de México, en el año 2024 se impusieron 82 sentencias condenatorias por el delito de homicidio, mientras que 10 fueron absolutorias. Del 1 de enero al 30 de abril de ese año, la Fiscalía capitalina reportó que los arrestados y vinculados a proceso fueron 273 personas, lo que equivale a 107 por ciento más casos judicializados que las personas que recibieron un fallo condenatorio.
Del mismo modo, en los primeros tres meses del 2025 se registraron 310 detenidos y judicializados por ese crimen, con una eficiencia ministerial, según la Fiscalía, del 120 por ciento. No obstante, de enero hasta febrero, el Poder Judicial impuso 13 sentencias condenatorias, 183 por ciento más arrestos que los casos que llegaron a un término resolutivo.
Así, por el delito de feminicidio, en todo el 2023 únicamente se dictaron seis sentencias a agresores y en 2024 cinco, contra los 12 crímenes que ocurrieron del 1 de enero al 30 de abril en 2025 y los 23 en el año anterior.
En el 2024, 82 personas recibieron sentencias condenatorias por homicidio y cinco por feminicidio, sin embargo, los criminales castigados son mínimos conforme al número de detenciones, judicializaciones y vinculaciones a proceso que se ejecutan en la capital.
Datos de prueba obtenidos de manera ilícita
“Los problemas en el avance de los casos se debe a que las carpetas de investigación son deficientes, sin datos de prueba suficientes que avalen el delito. Otra de las problemáticas es que el delito de homicidio lo están sacando con pura telefonía (sin orden judicial), con intervenciones privadas; aunque previamente se solicitó al juez de control la intervención de las comunicaciones, la verdad es que no se otorga y se caen los casos”, dijo a Crónica un PDI de la FGJCDMX.
“Los datos de prueba no se están obteniendo de manera lícita, o videos que no se recabaron correctamente, no se embalaron correctamente los indicios como armas o balísticos y los abogados, entonces los abogados de los imputados aprovechan esa falta de procedimiento en criminalística y los desechan”.
“También hay analistas de video y cibernética en PDI que no están certificados, entonces en el juicio se tira su evidencia porque no tienen la experticia para analizar algún video. Es complicado acreditar que se requiere la intervención de un teléfono, entonces se opta por extraerlo clandestinamente”.
Asimismo, el agente mencionó que las evidencias encontradas en la telefonía se plasman en la carpeta de investigación como testimonios de testigos, sin embargo, al momento de las audiencias nadie puede demostrar que alguien otorgó esa declaración, lo que debilita los datos de prueba, resta credibilidad al caso y a las evidencias y beneficia a la pronta liberación del imputado.
También, denunció que aún cuando el juez otorga el permiso para analizar un dispositivo móvil, una estrategia de la defensa de los presuntos criminales es cuestionar a los PDI si tienen el aval de extraer información, analizarla, interpretar los datos y redes capacitación que no pueden comprobar dado que “no nos han dado esas capacitaciones, no estamos certificados en eso y por eso se caen los casos. De cada 15, cuatro se caen por esa situación, la mayoría en cuestión de prueba pericial es por la falta de certificación de los elementos que intervienen”, dijo.
99% de impunidad
Según datos de México Evalúa, en 2022, el 99.1 por ciento de los delitos denunciados e investigados en la Ciudad de México quedó impune.
Al analizar la incidencia delictiva de 2022, destaca que el feminicidio aumentó en 10.3 por ciento, la violación en 13.7 por ciento, y la trata de personas en 128.4 por ciento respecto a 2021.
Además, expuso México Evalúa, el 92.2 por ciento de los delitos no fueron denunciados ni investigados en la Ciudad de México.
El caso de la CDMX destaca por colocarse en segundo lugar a nivel nacional en materia de denuncias y querellas recibidas durante 2023, con 242 mil 392, únicamente por debajo del Estado de México. Sin embargo, el 56.5 por ciento de los asuntos se encuentra en proceso de investigación, es decir, previo a la vinculación a proceso.
Así, otra de las integrantes de la corporación de la PDI acusa que la corrupción en el sistema judicial, la contaminación de la escena del crimen, los interrogatorios deficientes y la mala coordinación entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) provoca que en los juicios, la autoridad judicial sea orillada a absolver a los presuntos criminales.
“A veces las líneas de investigación no son claras, no hay fundamentos ni se exploran todas las posibilidades. En el nuevo sistema se les genera duda razonable a los jueces, y si el Ministerio Público no sustenta la teoría del caso, a los jueces no les dejan tela de dónde cortar”.
“La corrupción en el sistema judicial o las amenazas que reciben jueces y testigos es uno de los problemas, aunque sean protegidos pueden sufrir actos violentos. Los videos presentados como datos de prueba son de baja calidad, es difícil identificar a los culpables, los jueces piden testigos, víctimas sábanas y si no se presentan no hay elementos para condenarlos”.