La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tiene inscrito en la Coordinación General de Investigación Forense y Delitos Periciales a personal que desempeña labores en psicología forense que cuentan con licenciaturas que distan de la profesión pericial, como trabajo social, técnico en computación y antropología; otros, su formación académica es inexistente. Algunos que poseen el grado mínimo de licenciatura en psicología, no poseen másters o grados académicos que les otorguen el aval para tratar a víctimas que sufrieron delitos sexuales, físicos y psicológicos.
En un listado que Crónica tiene en su poder, la Fiscalía detalla que tiene inscritas a 160 personas adscritas a la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales que desempeñan funciones en peritos en psicología forense, varios de ellos sin haberse preparado en el ámbito.
Para ejercer psicología forense, en México es obligatorio contar con título legalmente expedido y registrado por la autoridad competente que lo faculte para ejercer la ciencia, técnica, arte o disciplina de que se trate en las áreas de Medicina Forense y Medicina Legal para aspirantes en Medicina Forense, Psicología Clínica, esto de acuerdo con las convocatorias emitidas por la Fiscalía General de la República (FGR) para integrar el equipo pericial de medicina y psicología forense.
Técnicos en cómputo trabajan de peritos
Aunque en México la psicología forense es calificada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) como una especialidad posterior o añadida a la licenciatura en psicología, en la Fiscalía laboran personas que si bien, no cuentan con los estudios pertinentes para tratar a niños y niñas víctimas, “genéricamente todos pueden intervenir en asuntos relacionados con niños, niñas y adolescentes”, asegura la institución.
Empleados como Araceli Aguilar Silva, María Fernanda Alvis Hernández y Kevin Jafet Valdés Vega cuentan con la licenciatura en psicología criminológica, sumado a una maestría en psicopatología forense, otras personas como Karla Yanira Almaguer únicamente poseen los estudios básicos de la educación superior, sin que alguna institución les haya otorgado la facultad de ejercer psicología forense. Otras personas como Mayra Orta Borjas y Nayeli Ortega Muñiz ejercen funciones sin haber adquirido los conocimientos en un plantel educativo, estas mujeres, a quienes la Fiscalía las colocó en atención pericial, según el registro Nacional de Profesionistas, cuenta con la licenciatura en trabajo social.
También, Genoveva Arroyo Téllez posee la especialidad de sexología educativa, carrera sin relación con la psicología forense. Quien está en la misma situación es Mariela Díaz Chávez, quien si bien estudió psicología, no se especializó en ciencias forenses, si no en ciencias de la educación. Juan Lázaro Morales Cintora estudió la maestría en gestión administrativa, carrera que enseña la administración y desarrollo la gestión de instituciones y de proyectos educativos, sin tener alguna materia que le instruya a testificar como perito para explicar al juez los efectos del delito sobre la víctima.
Yunuen Citlali Alarcón Hernández se tituló en psicología, pero ella es una más que su especialidad trata de un oficio distinto, graduada como técnico en redes de cómputo, trabaja como psicóloga forense. Una persona es inexistente en el registro, es el caso de María del Rosario Ocampo Román que ningún grado académico la respalda para trabajar en la atención a víctimas de violación y abuso de todas las edades antes, durante y después de los juicios.
Del mismo modo, Sandra del Socorro Hernández Meza se especializó en psicooncología, rama encargada del estudio y la psicoterapia de los pacientes con cáncer, no forense.
Nocel Cuicani Valdez Hernández tiene título en arqueología, ciencia que estudia los monumentos y objetos de la antigüedad, pero la Fiscalía le otorgó el poder de tratar a niños violentados. Para poder ejercer el cargo, es necesario profesionalizarse en antropología forense, grado que ofrece la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y que en su plan de estudios indica que los egresados establecerán tiempo, causa y circunstancias de la muerte, y de este modo, coadyuvar con otras ciencias forenses dentro del sistema legal y judicial mexicano en la búsqueda de la verdad científica en los hechos criminales. Quien desea ingresar a la institución, deberá de contar con certificado de estudios de licenciatura en antropología física, antropología social, arqueología, medicina, odontología y biología.
Así, Eunice Carolina Monterrubio Roche, con su título en sociología no cuenta con la capacidad de realizar informes de abuso o negligencia infantil y evalúa el caso para proporcionar un plan de acción.
Saraí Cordero Rico sí estudió una licenciatura relacionada al área de la salud, pero su carrera como médico cirujano, sin especialidad o maestría, no la faculta para ejercer psicología forense. Su compañera, Jacquelin Flores Anaya, está en la misma situación de incompetencia, con su título de médico cirujano y homeópata.
Otras en el listado son Beatriz González Gudiño y Karla Janette Ortega Melgarejo, licenciadas en psicología social, área que estudia las relaciones sociales y cómo estas influyen y modifican la conducta, esto no se relaciona con el rubro forense.
Rolando Albino González Corona tiene una cédula por psicología educativa, rama de la psicología que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje, lejos del ámbito forense. Junto a él se desempeña Sandra Celinda Sánchez Mendoza, empleada con maestría en investigación psicoanalítica, que explora el inconsciente y sus efectos en el comportamiento humano, grado que no aporta a las víctimas que necesitan de conocimientos psicológicos en el ámbito legal y judicial.
Del listado, una mínima parte de los empleados cuenta con la especialidad en criminalística forense, maestría que en México, las instituciones educativas como la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses la ofrecen como licenciaturas con planes de estudio en carreras como licenciatura en psicología criminológica o grados posteriores a la licenciatura en psicología, por ejemplo, maestría en psicología forense y sistema de justicia en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Este medio solicitó a la Fiscalía su postura respecto a las personas que laboran sin cumplir los requisitos académicos, así como con el recién nombrado fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, Fabián García, para conocer las mejoras en el plan de acción a favor de las infancias violentadas, a lo que no se obtuvo respuesta.
192% menos de presupuesto a programas del CTA en cuatro años
Aún con la alza de los delitos de violencia sexual en la Ciudad de México, el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) cesó sus operaciones el 13 de marzo del 2024 y fue absorvido por la Coordinación de Atención a Víctimas.
Previo al cierre de dicho centro, los programas de atención a víctimas en el CTA de la Fiscalía disminuyeron su presupuesto de manera considerable. En el 2018 se ejercieron 323 millones 597 mil 380 pesos a la actividad institucional “Atención a Personas Vulneradas por el Delito”; para el 2020, el proyecto cambió de nombre a “Promover la Atención y Prevención de la Violencia por el Delito”, y se gastó 11 millones 72 mil 470 pesos, 186 por ciento menos de dinero invertido.
En el 2022, cuando en la capital se registró la alza en las denuncias por esos crímenes (nueve mil 157), el presupuesto sumado bajó más, a seis millones 203 mil 753 pesos, lo que equivale a 192 por ciento menos dinero que en el primer año. Para 2024 la cifra aumentó a 38 millones 109 mil 479 pesos, para atender a ocho mil 339 víctimas.
Alza en denuncias de delitos sexuales
Según datos de la Fiscalía, los delitos sexuales en la capital han ido a la alza. Del 25 de diciembre del 2017 al 31 de diciembre del 2018, se denunciaron cuatro mil 407 crímenes de violación, violación equiparada, abuso sexual y acoso sexual. En tanto, en el 2019 ese número creció a seis mil 448, un aumento de 37.6 por ciento en un periodo de 12 meses.
En 2020, los reportes descendieron a cinco mil 588, pero en el 2021, se abrieron siete mil 576 carpetas de investigación por esos delitos y para 2022, la cifra subió a ocho mil 662 personas que fueron violentadas sexualmente. En 2023, nueve mil 157 ciudadanos fueron víctimas de esos crímenes, cinco por ciento más que 12 meses antes y 70 por ciento más que en 2018.
Aunque en el 2024, esas denuncias tuvieron un descenso del nueve por ciento, con ocho mil 339, en los primeros tres meses del 2025, mil 558 capitalinos fueron objeto de violencia sexual.
A nivel nacional, nueve mil 802 niñas, niños y adolescentes fueron atendidos por violencia sexual en México durante 2023, lo que duplicó el promedio anual de casos en el país entre 2010 y 2023, esta cifra significó un aumento de mil 139.2 por ciento con respecto a lo observado en 2010, cuando se registraron 791 víctimas; de acuerdo con el último catálogo de lesiones de la Secretaría de Salud.
En el documento emitido por la Fiscalía, negó que cuente con personal capacitado en paidopsiquiatría, especialidad médica dedicada al diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales en niños y adolescentes, aún cuando organismos internacionales como la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en su manual la Guía Buenas Prácticas para el abordaje de niños/as y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual, dicen que es fundamental que una profesional específicamente capacitada la lleve a cabo lo antes posible y la video-grabe. De esta manera, evitará que la NNyA reitere en distintas oportunidades y a diversos actores los detalles sobre los hechos denunciados durante las distintas instancias y etapas del proceso judicial, incluso el juicio oral.
De esta forma, subraya la UNICEF, se evita la revictimización que supondría un nuevo llamado a prestar declaración, sumado a los riesgos de deterioro del recuerdo, la posibilidad de influencias o intimidaciones externas –tanto para que se calle como para que se retracte- y a la afectación de su predisposición a volver a relatar los hechos.
Alertan que la Fiscalía realiza dictámenes psicológicos en tiempo récord
Tras su inauguración, en el CTA se ofrecían los servicios de atención, orientación, y asesoría de manera inmediata, además de que se informaban los derechos como víctimas del delito. Con el cambio de coordinación, Laura Martínez Rodríguez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC), afirma que los procesos en el CTA se ralentizarán y el acompañamiento sufrirá más deficiencias que en el pasado.
“Si la Fiscalía te contrata como psicólogo, nunca verifican si tu especialidad es psicología clínica o educativa, sin embargo, ellos tienen un protocolo para determinar si un peritaje externo es adecuado, pero si no tenemos en nuestro currículum que somos psicólogos clínicos, formación en género o trabajo con niños, lo rechazan, aunque los peritos de la Fiscalía no tengan especialidad. Psicólogos que acaban de hacer su servicio social hacen peritajes. La instancia de acceso a la justicia no tiene idea del trabajo que se tiene que hacer con niñas, niños y adolescentes”.
“Para trabajar violencia sexual se debe de tener una formación en sexualidad, género y en Derechos Humanos. Cuando nosotras, de manera privada, entregamos un informe, nos piden cinco años de experiencia con personas que han vivido violencia sexual”.
“Ahora el vínculo para conectarse con el CTA tiene que pasar por la Coordinación de Atención a Víctimas, es peor porque las personas llegaban al centro sin haber iniciado una carpeta de investigación, ahora no pueden porque tienen que iniciar la carpeta para que se les de atención. En lugar de hacer una contención de las personas, las dejan con un gran malestar; les hacen creer que con 12 sesiones espaciadas cada mes, ayudan a las personas y hacen técnicas que en lugar de ayudar, generan ansiedad y angustia, porque no tienen un modelo de atención, está enfocado a lo legal y no tiene un abordaje psicológico estructurado. Ni siquiera es una terapia, le llaman atención en crisis”.
Detalló que las terapias idóneas que deben de recibir las víctimas deben de durar mínimo dos años, con un receso y después retomarse, dadas las afectaciones a futuro. “Hay adolescentes con intentos de suicidio por no manejar la violencia sexual en un tratamiento psicológico serio y comprometido. Eso no le importa a las autoridades, sólo si es verdad lo que estás diciendo, un dictamen psicológico se hace entre ocho y diez sesiones de dos horas cada una, pero los Ministerios Públicos piden que se entreguen en media hora o máximo 24”.