Trabajadores y autoridades del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, acordaron que finalice el paro de labores y reanudar actividades el próximo siete de julio.
Previo al arreglo, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México ordenó la inmediata reanudación de todas las actividades en las áreas que integran el Poder Judicial capitalino.
Tras más de 30 días de suspensión de actividades, el pasado cuatro de julio los empleados y autoridades sostuvieron una reunión para finiquitar el paro.
Sin embargo, los empleados no lograron un acuerdo con el Gobierno capitalino, ni con las autoridades del Poder Judicial para aumentar el salario al 10 por ciento, así como el dos por ciento a prestaciones y la mejora al equipo de cómputo, mobiliario y condiciones laborales.
En el documento firmado por los involucrados, se establece que las autoridades se comprometen a informar a los trabajadores, por medio de la Coalición representativa, a más tardar el 15 de septiembre del 2025, los resultados de la revisión presupuestal que realicen la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Contraloría de la Ciudad de México, del destino de los recursos públicos.
Asimismo, expusieron que conforme al presupuesto de egresos de la Ciudad de México,por la cantidad de siete mil cuatrocientos treinta y un millones ciento once mil doscientos pesos, de los cuales, se acordó la asignación de recursos por única ocasión, por un monto total de 29 millones 47 mil 748 pesos, los cuales serán distribuidos entre partes iguales entre las personas trabajadoras del nivel O46 al J20 y serán depositados en el mes de diciembre del ejercicio 2025.
Así, se determinó la entrega de un bono extraordinario pagadero en el mes de diciembre, independiente al que se otorga anualmente en el mismo mes.
También, la basificación del personal de los órganos jurisdiccionales y de áreas administrativas por convocatoria periódica, que con independencia de haber cumplido el requisito básico de los seis meses 1 día, tome como parámetro la antigüedad laboral.
Por igual, el Tribunal Superior de Justicia capitalino se comprometió, a través de su oficialía mayor, a mantener un diálogo permanente entre los trabajadores de la coalición y sus representantes, designados por su asamblea abierta, respetando la pluralidad en sus formas de participación y representación.
Como condición, no se aceptarán cambios de adscripción, puestas a disposición y/o comisión alguna que vulneren los derechos laborales del trabajador y su dignidad humana. Tampoco se aplicarán represalias económicas o administrativas, además, el Tribunal se abstendrá de aplicar descuentos, sanciones o medidas disciplinarias contra empleados que hayan participado en el paro, protestas o reuniones organizativas en el movimiento en defensa de los derechos laborales.
Para continuar con el orden y el diálogo, se instalarán mesas de diálogo y acuerdos para la construcción del presupuesto 2026 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con participación directa de representantes de la Coalición de Trabajadores elegidos por medio de asamblea abierta, quienes tendrán voz en la planeación presupuestal.
“El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de méxico, junto con los representantes de la Coalición, siempre buscarán alternativas que garanticen de forma progresiva mejoras salariales, prestaciones y condiciones laborales dignas, a través de mesas de trabajo que iniciarán el siete de julio del 2025, en forma quincenal, a finde resolver los pliegos petitorios exhibidos por cada unas de las sedes, con la garantía para la base trabajadora que se atenderán las peticiones realizadas”, se lee enel documento al que Crónica tuvo acceso.
Para solventar la suspensión de actividades, los empleados se comprometieron a concluir el bloqueo de los accesos a las sedes del Poder Judicial de la Ciudad de México a partir de la firma del acuerdo, por lo que el siete de julio se permitirá el ingreso a todos los trabajadores en su horario habitual, reanudándose en la misma fecha la atención a la ciudadanía.
“El movimiento mantiene su derecho legítimo a organizar acciones colectivas, si los compromisos aquí enunciados no son cumplidos conforme a lo establecido”, advierten.
“Jaloneos” para levantar el paro
Una semana antes de firmar el acuerdo, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, informó que tras 20 mesas de trabajo con representantes de la Coalición de Trabajadores para mejorar las condiciones laborales, se negaron a firmar los compromisos elaborados por los quejoso y las autoridades y decidieron mantener el paro de actividades.
Los compromisos conversados incluían la entrega de un bono extraordinario antes del próximo diciembre, sumado al que se otorga de manera regular; además, se planteaba un aumento salarial y prestaciones adicionales a las otorgadas en el ejercicio 2025.
También se contempló el inicio del proceso de basificación del personal, también, la participación directa en la construcción del proyecto de egresos para el año 2026.
Y el presidente afirmó que únciamente el cinco por ciento de los trabajadores tenía la intención de continuar el paro.
Posterior a sus declaraciones, miles de trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México salieron a las calles a protestar y evidenciaron la urgencia de una transformación del Poder Judicial, una de las quejas fue que el 95 por ciento de los empleados, es decir, 10 mil 200 no recibió sus vales equivalentes a diciembre del 2020.
Reclamaron la falta de instalaciones adecuadas para videograbaciones, carencia de equipo de cómputo suficiente, el cual tienen que compartir entre varias personas y escasa preparación logística para enfrentar las exigencias tecnológicas de las nuevas reformas.
Entre cada pronunciamiento, reprochaban que el aumento del cinco por ciento que previamente se les había otorgado, representaba sólo 200 pesos más a su salario.