El Congreso de la Ciudad de México exhortó al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y a la Secretaría de Movilidad (Semovi), ambas de la capital, a realizar acciones de supervisión en el transporte concesionado de Xochimilco y Milpa Alta, ya que usuarios han denunciado incremento de tarifas hasta por 20 pesos en las rutas 100 y 20.
En caso de encontrar irregularidades, se pidió a dichas autoridades imponer sanciones y garantizar la movilidad segura y accesible.
La diputada morenista Juana María Juárez López presentó la propuesta luego de que los ciudadanos denunciaron abusos en tarifas del transporte público concesionado en dichas alcaldías.
Dio a conocer que en la ruta 100, los usuarios han denunciado cobros de hasta 15 pesos y en la ruta 20 de hasta 20 pesos sin que se les haya informado sobre un aumento de las tarifas y además recibiendo un pésimo servicio con muchas unidades que operan sin placas visibles, con unidades en mal estado, y sin identificaciones oficiales, lo que impide la fiscalización ciudadana y pone en riesgo a los usuarios.
Juárez López destacó que durante años, las comunidades han enfrentado una realidad desafiante en materia de movilidad. Mientras que, en zonas céntricas y mejor conectadas a la capital, el Metro, Metrobús y Trolebús, ofrecen traslados más accesibles que en algunas regiones de Xochimilco y Milpa Alta.
“Donde los microbuses y vagonetas concesionadas representan la única opción de traslado para llegar al trabajo, la escuela o en caso de urgencia, al hospital”.
Al fundamentar su exhorto, la diputada recordó que la Constitución de la Ciudad de México reconoce el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia y equidad, por lo que cualquier violación a este principio atenta contra la legalidad y los derechos humanos.
Pide canales para que se puedan denunciar abusos
Por lo que llamó a la Secretaría de Movilidad a que difunda de manera clara y amplia las tarifas autorizadas para el transporte público concesionado y fortalezca los canales de denuncia ciudadana ante abusos o irregularidades.
“Vivir lejos del centro de la ciudad no implica pagar una tarifa desproporcionada o elevada. Al contrario, que se vigilen y regulen las tarifas para garantizar la equidad y la justicia para toda la ciudadanía, así como también para los grupos vulnerables que tienen derecho a las tarifas preferentes, aunque se trate de transporte concesionado es transporte público y se deben respetar dichas tarifas a bajo costo”, concluyó.