Un juez de control decidió vincular a proceso a Eduardo “N” y a Fanny “N”, presuntos implicados en la coordinación logística, seguimiento y vigilancia en el atentado de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.
Eduardo “N” y Fanny “N” tienen elementos suficientes para ser sujetos a una investigación por delitos contra la salud en modalidad de narcotráfico.
Específicamente, se les señala por posesión de drogas con fines de comercio de marihuana y fentanilo, por lo que se turnó a competencia de un juez federal y prisión preventiva oficiosa --- imposición automática de la prisión a una persona acusada de ciertos delitos graves, como fabricación y distribución de fentanilo ---.
A diferencia de los otros ocho presuntos implicados en el crimen, Eduardo y Fanny “N” fueron los únicos que tenían en su poder fentanilo, lo que agravó la imputación, dado que la fabricación y distribución de esa droga se incluyó en el 2024 al catálogo de delitos que implican prisión preventiva oficiosa.
No obstante, a esta pareja tampoco se le señala directamente con el asesinato de Ximena y José, dado que los únicos delitos que se les señalan se debe a que resguardaban drogas en el domicilio donde permanecían al momento en el que fueron aprehendidos.
Únicamente a Nery “N”, una de las sospechosas, se le involucra directamente por el ataque. A esta mujer se le imputaron los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa; las otras siete personas sólo mantienen acusaciones por delitos contra la salud y portación de armas exclusivas del Ejército.
Para el hombre, el juez determinó que debe de permanecer privado de su libertad dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, mientras que la mujer permanecerá en prisión domiciliaria custodiada por Policía de Investigación, dado que está embarazada.
Con esta determinación, suman 10 personas que son vinculadas a proceso del paquete de los 13 sospechosos que fueron detenidos la madrugada del pasado 20 de mayo en las alcaldías Xochimilco y Gustavo A. Madero, así como en el municipio de Otumba.
Los funcionarios del Gobierno capitalino fueron asesinados el pasado 20 de mayo en Calzada de Tlalpan, cuando se dirigían hacia su trabajo en el Antiguo Palacio de Ayuntamiento.