Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México aprobaron el dictamen para reformar más de 400 Artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, propuesta por la jefa de Gobierno Clara Brugada.
El dictamen fue avalado con 15 votos a favor y una abstención del coordinador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, quien adelantó que su grupo parlamentario se abstendrá de votar debido que el tiempo que han tenido para analizarlo ha sido insuficiente. En cuanto al grupo parlamentario del PAN, brilló por su ausencia.
La iniciativa enviada establece que la reforma al Poder Judicial “se justificó en la percepción de opacidad y desconfianza ciudadana hacia el Poder Judicial, que innegablemente sufre de problemas estructurales como la corrupción y la dilación en la resolución de los asuntos de su conocimiento. La implementación de elecciones populares y la creación de órganos de supervisión buscan paliar estos problemas, alineando nuestro sistema judicial con el anhelado ideal de impartición de justicia rápida, expedita e independiente”.
En su argumentación, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el legislador morenista Alberto Martínez Urincho, explicó que la división de poderes implica una serie de pesos y contrapesos, y que la división tradicional se basa en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que tienen un mutuo control y permiten proteger de mejor forma las garantías individuales y los derechos humanos, y posibilitan un Estado Constitucional y un sistema democrático.
PAN falta y MC se abstiene
Consideró que la reforma al Poder Judicial significa un momento histórico, y con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial se fortalecen sus funciones y mejora la administración de justicia.
Luego de que los legisladores panistas no se presentaran a la discusión del dictamen, el diputado Fernando Zárate Salgado (también de Morena) señaló que abandonaron un debate que busca construir instituciones, avanzar en la aplicación de la justicia, en materia penal civil, familiar, ejecución de sentencias y constitucional; sin embargo, adelantó que ante el pleno tendrán una discusión sólida.
El coordinador de la bancada naranja, Royfid Torres, comentó que las reservas presentadas buscan que se lleven a cabo modificaciones de aspectos sustanciales, y reconoció que ya se han incorporado algunas en la nueva versión. Adelantó que se presentará un voto particular, como una consideración general de la Ley Orgánica.
La legisladora del PRI, Tania Larios, se pronunció a favor del dictamen en un sentido de responsabilidad que reconoce el avance, diálogo e interlocución, ya que el fin común que se persigue es que las y los ciudadanos tengan una Ley Orgánica que garantice los contrapesos y la justicia.
Declaró que “sí hay voluntad y se puede avanzar en el rezago de más de 100 leyes orgánicas secundarias pendientes que se tienen que armonizar a favor de la ciudadanía”.
¿Qué avala el dictamen?
El dictamen aprobado establece que la Ley Orgánica del Poder Judicial local contendrá las disposiciones necesarias para la implementación del nuevo sistema de justicia en la capital.
Además indica que se extingue formalmente el Consejo de la Judicatura, con la protesta de las y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y la integración del Órgano de Administración Judicial, y se incorpora la austeridad republicana, prohibiendo que algún servidor público de la judicatura perciba una remuneración superior a la de la persona titular del Ejecutivo Federal.
En el caso del Órgano de Administración Judicial, se integrará por cinco personas, que durarán en su encargo seis años improrrogables, de las cuales una será designada por el Poder Ejecutivo, por conducto de la persona titular de la Jefatura de Gobierno; la otra, por el Congreso local, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes.
Y tres serán elegidas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes; contará con independencia técnica y de gestión, y será responsable de la adscripción y remoción de las personas juzgadoras, y velará por los derechos humanos laborales de las personas servidoras públicas.