La volcadura y explosión de una pipa en la colonia La Concordia, Iztapalapa, la tarde del 10 de septiembre, resaltó para muchos los riesgos que representa el transporte de combustibles en la Ciudad de México y la complejidad de su regulación.
Luego del incidente, que dejó entre 57 y 90 personas lesionadas, varios fallecimientos y daños materiales significativos, peritajes preliminares indicaron que la pipa transportaba aproximadamente 49,500 litros de gas licuado de petróleo (GLP).
La historia de la capital ya arrastraba episodios dolorosos relacionados con pipas. El caso más recordado es el de San Juan Ixhuatepec en 1984, donde una explosión en instalaciones de Pemex provocó la muerte de más de 500 personas. En menor escala, también se han registrado accidentes viales, fugas e incendios que han puesto en jaque a colonias enteras.
Esta ocasión, la fuga se originó por una fractura en la tornillería del auto-tanque, lo que permitió la liberación del producto y, finalmente, su ignición. La combinación de la cantidad de gas, la ubicación del accidente —debajo de un puente, en una zona con tráfico y viviendas— y la alta inflamabilidad del producto explica la magnitud del impacto.
En México, el transporte terrestre de materiales peligrosos está regulado por normas federales, incluidas diversas Normas Oficiales Mexicanas (NOM), y supervisado por entidades como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Estas disposiciones abarcan obligaciones sobre identificación de unidades, información de emergencia, criterios técnicos para contenedores, seguridad de los auto-tanques y permisos de operación.
Sin embargo, la pluralidad de normas exige coordinación entre autoridades federales y locales. En la práctica, la ASEA informó que la unidad involucrada en Iztapalapa no contaba con póliza de seguro vigente registrada, y se revisan permisos tanto de la transportista como de la planta suministradora.
La falta de documentación al día, incluyendo mantenimiento y dictámenes técnicos, revela vacíos en la supervisión preventiva que deberían detectar y retirar de circulación unidades en riesgo.
El ingeniero en protección civil Raúl Hernández explicó a Crónica que las causas de estos accidentes suelen ser combinadas.
“Fatiga o error humano del conductor, exceso de velocidad, fallas mecánicas por mantenimiento deficiente, problemas en soldaduras o pernos del tanque, e incluso prácticas de contratación que permiten operar unidades sin verificaciones periódicas son las causas principales de este tipo de accidentes.
En rutas urbanas con viviendas, mercados o puentes, el riesgo se multiplica. Por eso no basta con identificar el fallo puntual; hay que revisar los procesos administrativos y técnicos que permitieron que la unidad circulara en esas condiciones”, señala.
Medidas para reducir riesgos
Especialistas y autoridades coinciden en algunas líneas de acción para disminuir la posibilidad de tragedias similares:
- Fiscalización digital y cruzada de registros entre aseguradoras, ASEA, CRE y terminales, para garantizar que cada pipa tenga póliza, permisos y dictámenes técnicos antes de circular.
- Inspecciones técnicas periódicas con certificación independiente y sanciones efectivas a plantas o transportistas que operen sin condiciones.
- Diseño de rutas y restricciones de horario que eviten zonas densamente pobladas o que limiten la circulación a horarios de menor riesgo.
- Equipos tecnológicos a bordo, como sensores de presión, válvulas de cierre automático y registradores de velocidad y posición.
- Capacitación y condiciones laborales adecuadas para los conductores, evitando jornadas que provoquen fatiga y estableciendo protocolos claros de operación y emergencia.
Parte de estas medidas ya están contempladas en actualizaciones normativas recientes, pero su eficacia depende de implementación y vigilancia efectivas.
El accidente de Iztapalapa también plantea un desafío de convivencia urbana: ¿cómo se integra el transporte de combustibles en una ciudad que creció alrededor de sus vías de comunicación?
Según el experto, la respuesta implica tratar las pipas no como un mal inevitable, sino como una actividad de riesgo que requiere gestión técnica rigurosa: registros limpios y públicos, mantenimiento obligatorio y certificado, inspecciones sorpresa, y planes de contingencia comunitaria. Solo así se puede aspirar a que la próxima falla mecánica no se traduzca en vidas perdidas.