En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno de la Ciudad de México presentó un paquete legislativo con modificaciones al Código Penal y a diversas leyes locales, orientado a endurecer las sanciones contra agresores, clarificar definiciones de delitos sexuales y establecer medidas obligatorias en hoteles y establecimientos mercantiles para prevenir feminicidios y casos de trata.
La administración capitalina planteó diferenciar por primera vez el delito de violencia familiar del de violencia de género dentro del Código Penal, con el propósito de visibilizar la violencia específica que enfrentan las mujeres en relaciones de pareja.
Según datos expuestos por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, 7 de cada 10 víctimas en denuncias por violencia familiar son mujeres, mientras que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, el 76 por ciento de las mujeres capitalinas ha sufrido violencia de género, 65 por ciento ha padecido violencia sexual, 57 por ciento violencia psicológica y 39 por ciento violencia física.
Además, desde 2022 la Fiscalía General de Justicia registra 14 feminicidios cometidos dentro de hoteles, lo que motivó la inclusión de un bloque de reformas enfocadas en reforzar los controles en estos establecimientos.
En paralelo, el gobierno capitalino expuso avances en la disminución de violencias graves: de enero a octubre de 2025 los feminicidios se redujeron 32 por ciento respecto del año previo y el delito de violación cayó 23 por ciento.
La Fiscalía señaló que 92 por ciento de los feminicidios registrados este año ya cuentan con detenidos o con órdenes de aprehensión.
Ajustes al Código Penal
El paquete incluye reformas a los delitos de violencia familiar, abuso sexual, acoso sexual y acoso sexual digital.
Para la violencia familiar, se propone que exista un tipo penal específico para la violencia cometida entre parejas, ampliando la definición de pareja a relaciones sexoafectivas, incluso si no existió matrimonio o concubinato.
Esto permitiría generar estadísticas propias, especializar investigaciones y distinguirla de otros conflictos intrafamiliares.
También plantea la incorporación de agravantes cuando la víctima sea una mujer embarazada o en los seis meses posteriores al parto; cuando se utilicen armas; cuando las agresiones dejen cicatrices permanentes en el rostro o lesiones que tarden más de 15 días en sanar; o cuando exista reincidencia o antecedentes penales.
Las penas en estos casos podrían aumentar hasta alcanzar rangos de 2 a 7 años de prisión. Además, se propone que las personas agresoras deban asistir obligatoriamente a talleres y servicios reeducativos en género y no violencia, como complemento a las sanciones penales.
En materia de abuso sexual, la propuesta busca eliminar ambigüedades en la definición de “actos de naturaleza sexual” mediante la especificación de tocamientos, roces, frotamientos corporales y exposición de zonas erógenas o genitales.
También plantea agravantes cuando las víctimas sean menores de edad, cuando exista jerarquía entre agresor y víctima o cuando el delito se cometa en circunstancias que aumenten su gravedad.
Uno de los cambios es la incorporación explícita del principio de consentimiento activo: la pasividad de la víctima no podrá interpretarse como consentimiento. Las autoridades señalaron que esta aclaración permitirá investigaciones más sólidas y alineadas con estándares internacionales.
Para el delito de acoso sexual, la reforma aclara que puede cometerse por cualquier medio sin necesidad de contacto físico, siempre que exista una solicitud o propuesta de actos sexuales para sí o para terceros y que estos actos afecten la integridad psicoemocional de la víctima. Se plantean agravantes en entornos laborales, escolares, deportivos, de cuidado o de prestación de servicios, especialmente cuando se condicionen beneficios laborales o escolares.
Finalmente, se tipifica de manera autónoma el acoso sexual digital, incluyendo la solicitud, intercambio u obtención de imágenes de contenido sexual de menores de edad o la concertación de encuentros con fines sexuales, aun sin que estos ocurran.
Hoteles con nuevos requisitos
Ante el registro de feminicidios y casos de trata ocurridos en hoteles de la capital, el Gobierno de la Ciudad propuso reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles y a la Ley de Turismo. Se plantean modificaciones a los artículos 23, 31 y 68, y la adición del artículo 66 Ter, con el objetivo de reforzar la seguridad en estos espacios.
Los hoteles deberán implementar registros confiables y obligatorios, vinculados a identificación oficial vigente. Quedará prohibido registrar a huéspedes con credenciales no oficiales. Además, se deberá anotar nombre, domicilio, hora de entrada y placas del vehículo. En el caso de niñas, niños y adolescentes, deberá registrarse de manera obligatoria a las personas adultas responsables, así como el nivel de parentesco, para detectar posibles situaciones de riesgo.
Otro punto central es la instalación de sistemas de videovigilancia en entradas, áreas comunes y estacionamientos, conectados al C5 y con un botón de emergencia. El personal de los hoteles deberá recibir capacitación con perspectiva de género, edad, diversidad y derechos humanos, incluyendo formación para atender de manera inmediata a mujeres que lleguen solas y que pudieran estar huyendo de situaciones de violencia.
Los establecimientos también deberán contar con seguridad privada capacitada y con protocolos claros para supervisar ingresos y egresos en lapsos definidos.
Las sanciones por incumplimiento aumentarán: de mil a cinco mil UMA, con clausuras temporales de 10 a 30 días y, en casos de reincidencia o vínculos con delitos graves como trata o feminicidio, clausura total. En situaciones extremas podría aplicarse extinción de dominio.
Compromisos de autoridades
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la ciudad mantiene una política feminista y que los compromisos nacionales para la erradicación de la violencia de género —presentados este mismo día por el Gobierno federal— ya se atienden en la capital en ocho de sus diez puntos.
Señaló que, aunque los avances son significativos, “ninguna reducción será suficiente mientras una mujer viva con miedo” y llamó a diputadas y diputados a dictaminar las reformas con prontitud.
La Fiscal General, Bertha Alcalde, sostuvo que la institución debe ser un refugio para las mujeres, y reconoció que persiste una cifra negra importante que la Fiscalía busca reducir mediante nuevas agencias especializadas en casos de violación reciente y violencia familiar crítica.
La consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas, destacó que 15.2 por ciento de los feminicidios y transfeminicidios registrados ocurrieron en hoteles y subrayó la colaboración con cámaras hoteleras, ONU Mujeres y UNICEF para fortalecer la prevención, incluida una campaña especial rumbo al Mundial.
Además, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso capitalino, Cecilia Vadillo, aseguró que las iniciativas contarán con respaldo legislativo, al señalar que buscan un marco jurídico más robusto y una justicia efectiva para las mujeres de la ciudad.