La administración de la alcaldía Benito Juárez desdeñó los señalamientos del Gobierno de la Ciudad de México en los que acusa a esa administración de autorizar la construcción de un edifico en la avenida División del Norte, la cual provocó una perforación en el túnel de la inter estación Eje Central de la Línea 12 del Metro.

De acuerdo con el personal de la administración, su función es recibir y revisar cuantitativamente la documentación que acompañe los registros en sus distintas modalidades, con fundamento en lo estipulado en el Catálogo de Trámites y Servicios de la Ciudad de México y el Reglamento de Construcción. 

Adicionalmente, expusieron que quien debe de dar el visto bueno a los proyectos de construcción es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), al ser la dependencia facultada por la ley para otorgar los Certificados de Zonificación y Uso de Suelo, que dan origen a cualquier proceso constructivo en la ciudad.

Y revelaron que, de acuerdo con los documentos presentados en ventanilla única, mismos que fueron expedidos por Seduvi y otras dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, la alcaldía registró la manifestación de construcción tipo B al predio ubicado en División del Norte 2238 Bis.

"Es importante mencionar que es el Gobierno de la Ciudad de México, a través de sus distintas dependencias como Seduvi, Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, son quienes emiten las autorizaciones en sus correspondientes materias para la ejecución de todo proyecto de construcción en la Ciudad de México", se lee en el comunicado.

También, la demarcación señaló que la manifestación de construcción de dicho predio, cuenta con un procedimiento de evaluación y prevención ante ciertas inconsistencias en las documentales presentadas.

Los permisos de construcción que daban las jefaturas delegacionales no existen desde el 2010: Luisa Gutiérrez

Con la finalidad de desmentir las acusaciones del jefe de Gobierno, Martí Batres, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), explicó que la administración morenista está a cargo de un gran número de requisitos de construcciones de inmuebles y que bajo el discurso del "cártel inmobiliario", se esconden y eximen su responsabilidad.

De acuerdo con la legisladora, al iniciar una obra, se debe de establecer el uso de suelo, es decir, niveles permitidos de la construcción y su densidad dependiendo de la zona, lineamientos expedidos por el GCDMX. 

Después, el Gobierno central debe de estudiar cuál será el impacto de la obra en la zona y determinar si genera afectaciones urbanas y ecológicas y si los servicios instalados son capaces de soportarla, por ejemplo, el agua, tareas ejecutadas mediante Seduvi y Sedema, quienes les dictan a los constructores las obras de mitigación que se deben de hacer en caso de existir y se solventen los perjuicios que se hacen.

Posterior a que se autorizó, el constructor debe de acudir por primera vez a la alcaldía para hacer una manifestación de construcción, es decir, notificarle a la demarcación el arranque de la obra; "los permisos de construcción que daban las jefaturas delegaciones no existen desde el 2010", mencionó.

Durante se edifica la obra, esta debe de ser supervisada por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y la alcaldía, quien solamente lleva a cabo el mandato de acta a través de una queja vecinal. 

"Aquí comienza la corrupción, son los verificadores del INVEA quienes verifican las obras y son los únicos que asientan en el acta lo que están viendo y aquí lucran con los vacíos legales y mediante errores y omisiones, hacen caer las sancione que logran eximir la responsabilidad a la obra edificada", reveló Gutiérrez.

De acuerdo a la información que asienta el INVEA, el acta regresa a la alcaldía y se emite una resolución, que puede incluir  sanciones económicas, suspensión dela obra o su clausura, de no estar de acuerdo, el constructor puede impugnar ante el tribunal. 

Si mediaron las verificaciones de acuerdo a las quejas vecinales y estas fueron superadas, la obra concluye y el constructor acude por segunda vez a la alcaldía a tramitar la manifestación de término de obra y el permiso de uso y ocupación. Por último, la obra se registra ante el Registro Público de a Propiedad.

"En cada paso que Morena ha denunciado el actuar de un cártel inmobiliario, ha omitido dolosamente la corrupción que emana desde Seduvi, Sedema y el INVEA, los tres del Gobierno de la ciudad y aprovecha los vacíos legales para dar espacio a la corrupción, es por eso que son absurdos los señalamientos que apuntan a las alcaldías como los únicos responsables", señaló la diputada.