Brugada y ONG “amiga”, convierten programa de género en violencia contra sus empleadas
Irregularidades en programas de la alcaldesa de Iztapalapa tienen en común la triangulación de recursos públicos a través de una ONG denominada Constructo Arte Público AC, de la que hay evidencias que recibió casi 4 millones de pesos para dirigir a promotoras que se creían contratadas por la alcaldía
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Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada
Los programas estrella de Clara Brugada para promover la cultura de la paz en Iztapalapa son la pinta de murales callejeros y el barrido, casa por casa, de los barrios más inseguros de la alcaldía, en busca de violencia de género. Estos programas tienen en común que pasan por las manos de Edgar Hernández Ramos, líder de Constructo Arte Público AC. Hernández coordinó primero un programa en el que murió un muralista callejero por carecer de medidas de seguridad adecuadas (ver “La muerte oculta en los murales de la alcaldesa Clara Brugada”); luego en 2020, a cargo del programa de combate a la violencia contra las mujeres, coordinó a un grupo de pedagogas, trabajadoras sociales, psicólogas, politólogas entre otras que, en contra de los lineamientos del propio programa, debían realizar visitas domiciliarias sin ningún apoyo policial. Asaltos y quedar en medio de refriegas armadas, es lo que han vivido hasta ahora.
Dos datos más en torno a Constructo, cuya participación en los programas fue indistinguible del de las autoridades: cuando murió el muralista Anibal Meléndez, Edgar Hernández fue quien se reunió con los compañeros del fallecido. Fue el quien había recibido previamente las peticiones de que hubiese cascos, cinchos de seguridad y demás medidas de seguridad, así como recibió las recriminaciones por desoírlas hasta que se presentó el deceso.
El líder de Constructo fue también quien comenzó a aparecer constantemente en “Siempre Vivas”, el programa destinado a atender a mujeres de las colonias de altos índices de violencia.
Él fue quien explicó a las mujeres contratadas para echar a andar el programa, al inicio de 2020, que había un retraso en los pagos de sus salarios porque no habían llegado a las arcas de la Alcaldía los recursos del Fondo Federal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg). En efecto, Constructo fue contratado por 3 millones 439 mil 655 pesos más IVA de los fondos federales para seguridad pública (Fortaseg). Toda vez que Iztapalapa, por Ley, no debía utilizar los fondos federales para pagar sueldos, la contratación de Constructo, bajo el rubro de “servicios integrales” (un eufemismo para evitar detallar los servicios que el gobierno recibirá), subcontrató a las orientadoras comunitarias, a pesar de que el contrato especificaba que debía contar con suficientes recursos humanos propios para realizar los trabajos y no financiarlos con lo que recibirá como pago de la instancia gubernamental.
Conversación de Edgar Ramos
La parte más importante del programa incluía visitar, casa por casa en colonias de alto índice delincuencial, y preguntar a las mujeres si sufrían algún tipo de violencia. 230 orientadoras comunitarias fueron elegidas para ello luego de una oferta laboral publicada de Facebook por parte de Angélica Olivares, jefa de departamento responsable del trabajo de género.
Orientadoras comunitarias recorriendo colonias de Iztapalapa
Pero las orientadoras terminarían descubriendo que su trabajo, que era claramente parte de un programa oficial, las dejaba en manos de Constructo laboralmente, prácticamente como si esta Asociación Civil hiciera de outsourcing para la alcaldía Iztapalapa.
Lo peor vino en la ejecución de las visitas, durante 2020, por la ausencia del apoyo policial que se les prometió para realizar los recorridos.
Conversación de Whats entre orientadoras comunitarias
“En marzo 2020 nos convocaron para ser capacitadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Secretaría de las mujeres; para septiembre nos mandaron en grupos a campo a las zonas rojas de Iztapalapa, para detectar los índices de violencia” comenta otra de las orientadoras, “nunca nos dieron seguridad y en los lineamientos del programa dice claramente que las orientadoras comunitarias teníamos que ir acompañadas siempre por policías: nos hicieron visitar casas donde se vende droga y viven líderes de bandas de menudeo en Iztapalapa”, recuerda una de las participantes.
“El 28 de septiembre se da una balacera en la colonia Fuerte de Loreto donde varias compañeras quedamos a fuego cruzado, lo reportamos al chat con Angelica no nos hizo caso, nos exigió aún así seguir trabajando en la colonia”, señala una de las pedagogas.
“El 21 noviembre en la colonia Ermita Zaragoza a un equipo de orientadoras comunitarias quisieron asaltarlas, pedimos la presencia de la policía y nunca llegó”, agregan.
Estas profesionistas también fueron invisibilizadas:
El 28 octubre de 2020, la alcaldesa Brugada presentó oficialmente el programa, pero las orientadoras comunitarias no fueron invitadas al evento, “pese a que nosotras éramos las que ya estábamos llevando en marcha el programa”. Pero sí que fueron obligadas a acudir “a los eventos de Clara Brugada, como la inaugarcion de los Senderos Seguros: Camina Libre, Camina Segura, que se abrían a las 8 de la noche; si no íbamos, nos despedían”.
Para entonces, entre este grupo de mujeres profesionistas, ya habían quejas hacia Hernández y hacia Olivares por las irregularidades en lo laboral y en el trabajo de campo.
Con la desaparición del Fortaseg en 2021, se les dio “de baja” a muchas orientadoras, sin ninguna contraprestación, lo que generó una denuncia, presentada el 30 de abril del 2021 al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, bajo el expediente 538/21.
“Lo que hicieron fue simulación laboral, trabajábamos para la Alcaldía, por eso la demandamos a ella, era un proyecto de la delegación y Constructo actuaba sólo por amiguismo”, señala una de las orientadoras demandantes.
El recuerdo de la participación en este “programa contra la violencia hacia las mujeres”, no es grato para muchas: “Sufrimos amenazas de despido y de hostigamiento laboral por parte de las coordinadoras del proyecto de la alcaldía, quienes comenzaron a decirles a las nuevas compañeras que si éste no avanzaba era por nosotras (las que reclamaban derechos laborales), porque no queríamos trabajar, y no nos interesaba realmente aportar a disminuir la violencia de género”.
Siempre Vivas incluye, al menos en teoría, casas de atención a las mujeres que sufren violencia. Las orientadoras comunitarias debían canalizar a las víctimas de violencia a esos centros existentes en Xalpa, Lomas de San Lorenzo, San Miguel Teotongo, unidad habitacional Vicente Guerrero, Puente Blanco, barrio Santa Bárbara, los Frentes, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, entre otras.
Sin embargo, eso no fue así las casas de las Siempre Vivas solamente se encuentran en las instalaciones de Utopías.
Casa de las Siempre Vivas en Utopía Meyehualco, programa social de la alcaldía, Iztapalapa
Extirpadas del programa y con el lío de haber sido pagadas en una triangulación con Constructo, las mujeres entregan a Crónica los documentos de solicitudes de transparencia en los que la Alcaldía se niega a aclarar cuántos contratos a dado a Edgar Hernández, a Constructo Arte Público, a Arca México (otra ONG a cargo del mismo personaje), ni tampoco si lo incluyó en nómina.
En tanto, los problemas de seguridad en Siempre Vivas” no han disminuido en este 2022: “Este año hemos visitado un buen de colonias bien peligrosas y jamas hemos tenido el acompañanamiento de la policia, ya nos cansamos de exigir seguridad, porque nunca nos hacen caso”, comenta una orientadora en activo. La violencia de género, al menos al interior de “Siempre Vivas”, no disminuye.
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