Las personas con discapacidades mentales son un objetivo fácil para que las autoridades nutran el número de delincuentes que diariamente son aprehendidos y vinculados a proceso en la Ciudad de México, aseguran especialistas en derecho penal.

Al no poder defenderse en una audiencia, ya que algunos de ellos no saben hablar o su capacidad de comprensión es limitada, los jueces emiten sentencias sin tomar en cuenta el desahogo de pruebas, o un estudio psiquiátrico que determine que dicho sujeto está exento de ser encarcelado, pues sus enfermedades y trastornos cerebrales no les permiten razonar sus conductas.

Según David Romero, abogado especialista en derecho penal, cuando son sometidos a juicios, no existen expertos en la materia que evalúen si el señalado es inimputable, así como aparatos de derecho que analicen las fallas y contradicciones que existen en las carpetas de investigación, las cuales, en varias ocasiones contienen delitos y narraciones de los hechos que no están apegados a la realidad, pues el acusado, al encontrarse en una situación vulnerable, sus desórdenes se sobreponen a su capacidad de discernir.

Procesos que no se asemejan a la realidad

En contraste al proceso de encarcelamiento que viven los reclusos que fueron ingresados al Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (CEVAREPSI), el abogado comenta que en la Ciudad de México deberían de seguirse los protocolos que determinen si una persona es inimputable, sin embargo los acusados con discapacidades mentales son sometidos a juicios celebrados por jueces que solamente se dedican a culpar y no a investigar.

"Hay un procedimiento especial donde se debe acreditar que alguien es inimputable, no cualquier discapacidad adquiere ese rango y se debe de demostrar que no tiene la posibilidad de entender, por ejemplo quien tiene una enfermedad mental y cometió un homicidio, no supo lo que hizo, pero quienes son clasificados como personas que no pueden ser acusadas forman parte de un sector muy pequeño, ya que no son valorados por psiquiatras forenses que determinen su incapacidad de entender", comentó el abogado Romero.

"Aunque la persona sea calificada imputable a pesar de contar con una enfermedad mental, el juez debe de emitir medidas especiales para que se siga el procedimiento, es decir, un documento que diga que no tiene la posibilidad de entender la diligencia", reveló.

Dictámenes de psiquiatría no se realizan

No obstante, uno de los casos en el que fueron violados los protocolos de aprehensión es el de Daniel, capitalino que padece esquizofrenia y que fue acusado de abuso sexual. Su defensa narra que al momento de su detención, el hombre fue sometido a desaparición forzada, maltrato físico y a un juicio sin que su enfermedad mental fuera tomada en cuenta.

"Cuando lo detuvieron lo golpearon y se lo llevaron a una patrulla a la agencia del Ministerio Público, aunque se les explicó que era inimputable, le asignaron un abogado de oficio. Después levanté una denuncia porque la aprehensión se dio en situaciones de tortura y desaparición, además solicité el protocolo de Estambul, pero nos sacaron de la agencia porque le dije que su obligación como Ministerio Público es investigar, luego solicité que se validara un dictamen en psiquiatría porque su familia llevó los documentos donde se comprueba su enfermedad", relató.

"Inmediatamente lo vincularon a proceso en el CEVAREPSI, pero una de las condiciones para emitir esa orden es que el sujeto no sea inimputable porque eso es una excluyente de delito, entonces omitieron ese paso y lo juzgaron como una persona común. Pedí las cámaras para que demostraran las pruebas de la acusación, pero casualmente el video se detiene cuando supuestamente lo comienzan a golpear, nada más se ve cuando se lo llevan", dijo.

El abogado Romero señala: "existe mucha renuencia de los Misterios Públicos a aceptar que el señalado tiene un mal mental, están a la defensiva, se muestran con reserva a valorar la enfermedad. Lo difícil radica en que en todos los penales hay gente con discapacidades y no son identificadas así y lo mantienen con la población".

"Castigar sin investigar"

"Tiene que ver la formación del jurista que primero fue Ministerio Público, la idea que tienen la mayoría de ellos es que solamente trabajan para castigar y acusar sin respetar sus garantías, hasta que sea declarado culpable se le tienen que validar. La Ley dice que el Ministerio Público labora para investigar y conocer la verdad y si alguien no cometió un delito, también debe de resolverlo y no necesariamente conseguir sentencias condenatorias o dictar la medida cautelar de prisión preventiva", enunció.

Otra de las situaciones de presunto abuso es el de un cubano que contactó a Crónica, quien lleva 13 años encerrado sin sentencia y que constantemente es violentado psicológica y físicamente dentro del CEVAREPSI. Esto último ha provocado que reciba castigos, torturas y finalmente amenazas de muerte.

El hombre de 53 años cuenta que los custodios lo han encerrado durante días sin comunicación, lo han golpeado y violado en el CEVAREPSI, así como en los distintos penales en los que ha estado, entre ellos el de Tepic, en Nayarit y el de Cuernavaca, Morelos.

"El director me mandó a decir a través del custodio Silverio que muy pronto me va a pasar lo mismo que en Tepic, donde los guardias me golpearon y me violaron, entonces que tuviera mucho cuidado porque me porto mal y que además me iba a quitar la visita; él me discrimina por no ser de aquí y me amenaza con matarme; desde hace muchos años ordena que me corten las manos", comentó la víctima.

El experto en derecho penal manifestó que "muchos profesionales ven el derecho penal como una venganza, es muy común que en la Ciudad de México los acusados son sometidos a juicios en los que no saben ni qué responder o cuál fue el delito que cometieron, ni se les protege. Lo que se debe de hacer es llevar a profesionales que lo auxilien a recordar de lo que se le acusa, pero en realidad el único que no sabe de lo que se le inculpa es el imputado, se deben respetar las medidas pertinentes".

Delitos se agravan cuando la víctima tiene discapacidad mental

Respecto a los abusos que se cometen dentro del CEVAREPSI sin que el sistema penitenciario realice una investigación formal hacia las múltiples denuncias que padres y familiares ha impuesto en contra del director, Jaime Abasolo Rizada, el abogado explicó que "es muy grave por ser servidores públicos, hay muchos delitos que se agravan cuando los comete un trabajador del Gobierno, por ejemplo si es violación o extorsión se le aplican agravantes; deberían de trabajar para que se establezca una situación garante para todos los internos y de no hacerlo, estarían cometiendo algún delito".

En cuanto a las negligencias médicas que ocurren y que quedan en la impunidad, un interno reveló que "si a alguien le da un ataque, no lo atienden y en lugar de calmarlo lo golpean, creen que con los golpes van a ayudarlo y te castigan por todo, el personal de enfermería es déspota y si no te tomas las pastillas te dicen que no andes pidiendo. Un compañero tiene su pie hinchado con llagas, rogó la atención y es momento que no lo llevan al hospital, no te ayudan, a veces te dan una pastilla, pero el muchacho cada vez está peor y nadie sabe qué tiene. Otro chico golpeó accidentalmente a un custodio cuando le dio una crisis, le pegaron mucho y lo tuvieron castigado en el dormitorio seis".

Según el Artículo 469 de la Ley General de Salud de México, al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica que sin causa justificada se niegue a prestar asistencia a una persona, en caso de notoria urgencia, poniendo en peligro su vida, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión y multa de cinco a ciento veinticinco veces la Unidad de Medida y Actualización y suspensión para ejercer la profesión hasta por dos años.

"El Código Penal señala que los delitos cometidos en contra de sectores vulnerables se agudiza, no obstante las cárceles deberían de tener especialistas y darles una formación integral, pero no existen, esto aunado a la corrupción y que esos internos están en una situación de abandono y olvido porque lo que existe en este momento no sirve de nada, son instituciones que están en contra de la gente discapacitada, si siguen haciendo lo que hacen es mejor que no existan", concluyó el abogado.