En una lucha por preservar las tradiciones del panteón San Gregorio Atlapulco y no permitir que el Gobierno de la Ciudad de México convierta el cementerio en un camposanto civil, grupos delictivos y el Gobierno de la alcaldía Xochimilco han amenazado de muerte y creado carpetas de investigación con imputaciones falsas hacia Patricia González, administradora del panteón, con la finalidad de que ceda todos los derechos y abandone el cargo, para que las cuotas y dinero recaudado se les arrebate a los pueblos originarios y pase a manos de operadores políticos.

Cuando el Gobierno de la Ciudad de México intentó reformar el reglamento de los cementerios capitalinos, forzó a la comunidad de San Gregorio Atlapulco a traspasar toda la dirección a la alcaldía, a pesar de que la Constitución de la Ciudad de México dicta que los ciudadanos originarios tienen bajo su resguardo y autonomía la administración de los panteones comunitarios. Cuando Patricia y el entonces colectivo rechazaron el llamado del GCDMX, las difamaciones en redes sociales, amenazas de muerte y denuncias sin sustento expedidas por trabajadores de la demarcación invadieron la seguridad e integridad de la mujer.

Después de varias negativas de no otorgar ninguna facultad del panteón al Gobierno capitalino, presuntos empleados de la demarcación acudieron al cementerio para anunciar que realizarían obras hidráulicas para llevar una parte del líquido a otras alcaldías; sin embargo el proyecto se aprobó sin el consentimiento del pueblo, lo que llevó a los habitantes a desarrollar varias manifestaciones y plantones en contra de José Carlos Acosta, mandatario de Xochimilco. 

Bajo el grito de "Ya tocaron al pueblo y se volvió personal", "Renuncia José Carlos, no sirves para nada, mantenido del pueblo", los residentes de San Gregorio exigieron que las autoridades no se involucraran con el territorio que le pertenece a la provincia dentro de la ciudad.

Integrantes del comité "Infiltradas"

Aunque en el año 2021 Patricia fue elegida por su comunidad para coordinar las inhumaciones, velatorios y nombramiento de criptas, las integrantes de la jefatura del camposanto denunciaron a la mujer por aparentemente haber realizado exhumaciones e inhumaciones clandestinas, además de ejecturar funciones que no correspondían al cargo para el que fue comisionada. 

Sin embargo, luego de acudir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para revisar el caso, se descubrió en la carpeta de investigación número CI-FIXOCH/UAT-XO-2/UI-1-SD/T1/10/22 que las demandantes formaban parte de la administración de José Carlos Acosta. Asimismo, dichas personas operaban un comité clandestino que cobraba cuotas extraordinarias a los deseosos de enterrar los cuerpos de sus familiares en el panteón; cuando el pueblo de San Gregorio de Xochimilco se enteró de los malos manejos, expulsaron a los funcionarios de la gestión de la congregación.

"Pedimos que el alcalde José Carlos Acosta y sus operadores políticos Edgar Galicia, Federico González, Yoselin Hernández, Evangelina González y Gloria Avendaño que no se metan con las defensoras de pueblos originarios, la alcaldía quiere tener esta propiedad, es un panteón comunitario y quiere volverlo civil para que lo administren las inmobiliarias y lucrar con el suelo y muerte de las familias", explicó Patricia.

"Las funerarias que están coludidas a la alcaldía le cobraban cuotas a las familias y vendían fosas falsas, cuando llegaba la gente a reclamarnos les decíamos que nosotros no aceptamos trámites de operadores políticos, todo se hace conmigo y no aceptamos nada de Ernesto Negrete, el empleado de Xochimilco que se hizo pasar por presidente de los panteones", dijo.

"Las operadoras políticas formaban parte del comité del panteón, entonces no permití que esa estructura estuviera conmigo porque ellas se ponían de acuerdo con el alcalde y yo estoy a favor del cementerio. Todos los habitantes las sacamos, pero por eso me empezaron a amenazarme", subrayó.

Delitos fabricados y carpetas de investigación ambiguas

En diciembre del 2022, Patricia González sostuvo una reunión con el entonces secretario de gobierno, Martí Batres, para solicitarle que pusiera fin a las acusaciones y se esclareciera el caso y le ordenara al alcalde que no interfiriera con las decisiones de los pueblos originarios. No obstante, después de ocho meses las amenazas han crecido, intimidando con mayor fuerza a la "cabeza" del cementerio. 

"Todos los delitos son fabricados, no hay evidencias y los trámites son legales porque fui elegida como representante del panteón. Hay grupos delictivos que me llaman para amenazarme de muerte y ya realicé una denuncia, está ampliada hacia los trabajadores de la alcaldía y hay varias inconsistencias, porque la notificación de la denuncia que me pusieron sí me llegó a mí, pero la que yo presenté en la Fiscalía de Xochimilco nunca les llegó a ellos", recalcó.

"Los citatorios para ir a rendir mi declaración tienen registro de que no fueron entregados, pero no me avisaron supuestamente porque no me encontraron; es increíble porque hemos hecho manifestaciones para pedir una audiencia con Ernestina Godoy ¿Por qué me negaría a asistir?", comentó.

Alcaldía pretendía favorecer a empresas privadas

En palabras de Patricia, el GCDMX pretendía que el reglamento anunciado consintiera a funerarias privadas establecerse en el pueblo de San Gregorio, brindando la capacidad a empresas externas de vender fosas y elevar el costo de las inhumaciones y velatorios, arrebatando a los oriundos del pueblo todos los derechos que sus antepasados adquirieron, como beneficios de perpetuidad sin que ésto representara cuotas extras o trámites difíciles, además de atentar contra las tradiciones de la alcaldía, como "La Alumbrada de las ánimas" el 2 de noviembre.

"El problema empezó porque siempre nos negamos a que las inmobiliarias tomaran nuestro panteón, es comunitario y el Gobierno no se puede meter, el reglamento que emitieron agrede las tradiciones y se molestaron cuando no aceptamos a que lo convirtieran en civil. Éste era un terrero comunal y nuestros abuelos compraron sus criptas y la perpetuidad y al estar en asentamientos de pueblos originarios no es propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, aunque venga una modernidad, es necesario conservar las tradiciones", enunció.

Aunque Patricia tiene la facultad de llevar a cabo inhumaciones y gestionar los velatorios en el cementerio, las infracciones manifestadas en las denuncias de la FGJCDMX no poseen fotografías, documentos o el testimonio de algún testigo que le de fuerza al crimen de la presunta imputada, dejando solamente las interpretaciones y declaraciones de los empleados de la alcaldía como la verdad absoluta del caso.

"La inhumación de la que se me acusa fue una carpeta que fabricó un trabajador de Xochimilco, todos los habitantes estuvieron como testigos y dijeron que es falso de lo que me acusan, no hay papeles ni evidencias adentro de la carpeta para demostrar que hice esa exhumación de un cuerpo para quedarme con la fosa que es comunitaria, ellos sí tienen una tumba, pero yo no se las puedo quitar, me demandaron porque supuestamente yo quería sacar esos los restos de su papá, todo es falso y la imputación por usurpación de funciones la emitió el JUD de panteones, Roberto Palomo, también manejado por el Gobierno, me quieren sacar a la fuerza", dijo.

Amenazas de muerte en aumento

Sumado a los delitos impuestos, Patricia es víctima de amenazas de muerte que ninguna autoridad está dispuesta a atender, aunque ha sostenido varias mesas de diálogo con el Gobierno central. La afectada señala a los empleados de Xochimilco de ser un conducto mediante el cual, José Carlos Acosta presiona a la administradora del cementerio para renunciar a sus funciones y ceder los derechos del predio a la alcaldía y convertir un panteón comunitario en uno civil, eliminando todas las tradiciones, costumbres y perpetuidad asegurada de los habitantes.

"Mi abogado presentó ante la Fiscalía y en los tribunales algunos amparos para protegerme, pero nunca llegaron a manos de la alcaldía, son documentos que se perdieron. Después empezaron las llamadas para amedrentarme y hago responsable al alcalde y a toda la administración de Xochimilco de lo que me pase a mí y a mi familia, en la carpeta de investigación de la Fiscalía dice que mi modus operandi es sacar a todos los integrantes del comité; este panteón es del pueblo", declaró.

"La difamación viene de las mismas mujeres, hay campaña de desprestigio en redes sociales; por defender un espacio de nuestros ancestros he sido vulnerada, por medio de bocinas y micrófono pasan por las calles difamándome y gritando cosas falsas de mí para que se les quede a ellos, es una encomienda del alcalde hacia los operadores políticos. La Fiscalía me ayudó poniéndome código águila y a veces traen patrullas pero no ha habido avances en la investigación, aunque no hay evidencias de lo que se me acusa", reveló.

Contradictorio a las acusaciones expuestas por el Gobierno de la alcaldía, el artículo 3 del Reglamento de Cementerios, Crematorios y Servicios Funerarios de la Ciudad de México asegura que "la administración y cuidado de los panteones comunitarios es facultad y responsabilidad de los pueblos y barrios originarios"; artículo que exoneraría a Patricia de las tres imputaciones en su contra, sin embargo la mujer continúa peleando un terreno que legalmente le pertenece a la comunidad de San Gregorio.

"La denuncia que presenté está extendida hacia los trabajadores de Xochimilco a los grupos delictivos y la Policía Cibernética está enterada e investigando, pero no han hecho nada porque diariamente cambian los números telefónicos de los que me marcan, es hostigamiento", finalizó.

Al momento Patricia continúa solicitando una audiencia con Ernestina Godoy, titular de la FGJCDMX, ya que se encuentra expuesta a las intimidaciones y múltiples acusaciones que están expresados en carpetas de investigación, pero no están sustentados con crímenes reales.