Búsqueda
Al fin de la administración, para la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) no fue posible concretar el Plan General de Ordenamiento Territorial (PGOT) y el Plan General de Desarrollo (PGD), instrumentos que urgían para disminuir construcciones irregulares e invasión del espacio público, en un plazo de 20 años. Mientras se mantuvo detenido, decenas de pisos excedentes y obras ilegales se edificaron en la capital, sin alguna sanción, a pesar de que la corrupción inmobiliaria es un delito que se paga con prisión; así acusaron legisladores de oposición en el Congreso de la Ciudad de México.
También, reclamaron el faltante de 818 mil acciones de vivienda, dado que la demanda actual de hogares, según datos de la Secretaría, ronda de 45 a 48 mil unidades y la capital solamente produce tres mil 333 nuevos espacios habitacionales anualmente. Igualmente, cuestionaron que, a pesar de que el jefe de Gobierno, Martí Batres, presumió que durante el sexenio se realizaron 112 mil acciones de vivienda, solamente 12 mil pertenecen a la adquisición de créditos de vivienda y las escrituraciones anuales no llegan a dos mil.
La opacidad en el desarrollo de la capital se mantiene desde 2016, cuando Emilio Muñoz Lerdo, quien fungía como Comisionado para la Reforma Política de la capital, declaró que se necesitaba un Instituto de Desarrollo Urbano que pueda lograr la planeación a largo plazo, el territorio, uso de suelo, áreas reservadas y urbanas. Posteriormente, recién elegida como jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, declaró que en 2019, se construiría un nuevo Programa de Desarrollo Urbano y en 2020, lo presentó como borrador, con la condición de que se sometiera a consulta.
En 2023, el Congreso capitalino continuaba con el análisis de los documentos enviados por Sheinbaum y un año después, previo a su aprobación, a punto de agotarse el tiempo para que se validara por “iniciativa ficta”, el jefe de Gobierno, Martí Batres, lo retiró cuando los legisladores no pudieron ponerse de acuerdo para su correcta dictaminación y afirmó que lo devolvería con un capítulo que sancionara la corrupción inmobiliaria. En septiembre del 2024, un sexenio después, no existen PGOT y PGD que actualicen las necesidades de crecimiento sustentable y regulación que requiere la ciudad.
El titular de la Seduvi, Inti Muñoz, declaró que cinco inmuebles de la alcaldía Benito Juárez, construidos bajo el modus operandi del “cártel inmobiliario” poseen la Constancia de Seguridad Estructural, a petición de vecinos que requerían certeza de que sus hogares eran habitables y no sufrirían daños en el futuro.
Sin embargo, el legislador Royfid Torres comentó que el gran pendiente es la planeación de la ciudad, ya que a pesar de las acciones de vivienda, no engloba la proyección a los próximos 20 años de la capital, al mismo tiempo que hay menos inversión para vivienda en el mercado privado y el costo, del 2021 al 2024, aumentó en 34 por ciento, mientras que la renta 37 por ciento.
“Los que hay son planes de desarrollo obsoletos, tantos los generales, como en las alcaldías, como los parciales y es un gran reto para la ciudadanía, que ha generado problemas en alcaldías como Xochimilco, como Milpa Alta que tienen grandes afectaciones a partir de esta falta de planeación, pero también que ha generado consecuencias que se generan al no tener un diseño adecuado de la ciudad, como seguir abonando en temas como la corrupción, pero que en gran parte se controla desde esta Secretaría que existía de Desarrollo Urbano”, dijo.
“Lo que necesitamos es una vivienda nueva, asequible, pensada en los jóvenes; de estas 158 viviendas que se iban a construir, de las 818 mil que necesitamos, nos hablan del tamaño de problema que va a enfrentar la próxima secretaría (de vivienda propuesta por la próxima jefa de Gobierno y enviada la Congreso por Martí Batres)”.
También, el diputado Federico Chávez reclamó al titular de la Seduvi que aunque Sheinbaum afirmó que hasta que no se aprobara el Plan de Desarrollo Urbano, no se realizaría un cambio de polígono, sin embargo, subrayó que el Proyecto Vallejo I, se modificó de una zona industrial a habitacional para 14 mil viviendas.
En sitios del centro de la capital como la colonia Centro, en los últimos años fueron edificadas múltiples comercios de manera irregular, sin la manifestación de uso de suelo permitido y con pisos de más que incluyen hasta cuatro niveles excedentes, a lado de antiguas construcciones como pequeñas vecindades o sitios de patrimonio cultural e histórico como museos o mercados que actualmente presentan afectaciones.
El Programa Parcial de Desarrollo Urbano manifiesta que parte del Centro Histórico, cuentan con uso de suelo tipo H (Habitacional) y HC (Habitacional con comercio en planta baja), sin embargo, no se respeta.
No obstante, aunque no se ha aprobado el Plan General de Ordenamiento Territorial (PGOT), se tienen herramientas como la Ley de Desarrollo Urbano, que faculta a las autoridades a clausurar inmuebles irregulares con pisos excedentes y que no tienen manifestación de construcción o que no poseen las medidas de Protección Civil, espacios que tenían que ser destinadas a zonas habitacionales; sin embargo, el Gobierno capitalino no ha aplicado la normatividad existente; al mismo tiempo que la pasada Comisión de Vivienda en el Congreso capitalino, en la mayor parte de la Segunda Legislatura, no sesionó para resolverlo.
Al hablar del Programa Especial Centro Histórico, Inti Muñoz señaló que se ha dado seguimiento a la edificación de 572 acciones de vivienda de las cuales 449 serán viviendas nuevas, 81 serán rehabilitadas y se construirán 42 locales comerciales. Explicó que se brinda atención a comunidades indígenas y que tras un padrón de seis predios ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de México se edificarán 306 viviendas y 150 puntos de venta en beneficio de más de mil 550 habitantes que pertenecen a alguna etnia.
Torres González cuestionó el informe de la Seduvi que asegura que la capital es un referente internacional en cuanto al desarrollo urbano, habitabilidad y calidad de vida, cuando en contraste al 99 por ciento de la posible reconstrucción de vivienda dañada tras el sismo del 2017, existen familias que no han retornado a sus hogares.
“Se nos dice que prácticamente está concluido el tema de la reconstrucción, pero siguen habiendo procesos abiertos, siguen habiendo familias que no han regresado a sus hogares. Me parece que en esta cadena burocrática entre la Comisión para la Reconstrucción, el INVI y que ahora va a estar en manos de Vivienda pues es un reto poder transparentar estas acciones que se realizaron desde las dos instancias anteriores, a partir de que va a estar sujeta a una cabeza que es la Secretaria de Vivienda", subrayó.
Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .