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El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Cuenca del Anáhuac (Frente del Anáhuac) advirtió sobre los posibles retrocesos y problemáticas que podrían surgir a raíz de la nueva propuesta de Ley Ambiental, conocida como "Ley Batres", presentada recientemente por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.
Esta iniciativa legislativa, que ha llegado al Congreso de la Ciudad de México con la intención de ser aprobada en la presente legislatura, ha despertado preocupaciones significativas dentro de la comunidad ambientalista y entre los defensores de los derechos de los ciudadanos.
El Frente Anáhuac expresó una serie de inquietudes específicas respecto a diversos aspectos de la Ley Batres, los cuales consideran que podrían tener repercusiones negativas en la protección del medio ambiente y los derechos de los habitantes de la Ciudad de México.
Una de las principales preocupaciones se centra en el capítulo relacionado con los "actos administrativos traducidos en permisos", el cual, según su interpretación, abriría la puerta a la explotación de espacios en áreas naturales protegidas y flexibilizaría los criterios para modificar el suelo de conservación. Además, se han mostrado inquietos por la eliminación del Programa de Ordenamiento Ecológico como instrumento de política ambiental en la ciudad y la falta de prohibición explícita de la reducción del suelo de conservación.
En cuanto a la "prohibición de la privatización del agua", el Frente Anáhuac la considera una medida demagógica y poco efectiva por varias razones. En primer lugar, argumentan que esta prohibición estaría fuera de la competencia del gobierno de la Ciudad de México, ya que constitucionalmente el agua es propiedad de la nación y cualquier medida en este sentido debería realizarse dentro del marco de la constitución federal o a través de una nueva Ley General de Aguas.
Señalan que la Constitución de la Ciudad de México ya prohíbe la privatización de los servicios de agua potable y drenaje. Sin embargo, advierten que la privatización del agua no es el principal mecanismo a través del cual el sector inmobiliario, de servicios e industrial accede y acapara el agua en la ciudad, sino que se realiza principalmente a través de la red pública, una vez que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México otorga el dictamen de factibilidad hidráulica.
Otro punto de preocupación es la simulación del llamado "proceso de consulta vecinal para grandes construcciones", que en realidad consistiría en la realización de estudios de impacto social, según denuncia el Frente Anáhuac. Este mecanismo pretendería sustituir el proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada reconocido a los pueblos y barrios originarios, lo cual consideran un retroceso en los derechos de participación ciudadana.
El Frente Anáhuac critica la falta de inclusión de pueblos y barrios en el Consejo Asesor propuesto por la Ley Batres, así como la ausencia de un proceso de consulta con estos grupos sobre una ley que incide directamente en sus territorios.
Además de las preocupaciones mencionadas, el Frente Anáhuac también ha señalado otros puntos específicos de la propuesta de Ley Batres que consideran problemáticos y dignos de atención.
En relación con la evaluación de impacto ambiental, el Frente Anáhuac critica la posibilidad de exceptuar esta evaluación para cambios de uso de suelo y obras en áreas naturales protegidas a través de reformas al Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, una competencia que consideran exclusiva de la Jefatura de Gobierno. Esta medida, según su interpretación, permitiría una intervención arbitraria en el suelo de conservación y áreas naturales protegidas, sin una evaluación adecuada de sus impactos ambientales.
Otro punto de preocupación es la introducción de un nuevo capítulo sobre "actos administrativos traducidos en permisos", que según el Frente Anáhuac presenta una redacción confusa y deficiente que podría permitir la explotación indiscriminada de los espacios dentro de las áreas naturales protegidas y suelo de conservación. Además, critican la falta de claridad sobre la propiedad de los inmuebles o espacios asignados, lo cual podría afectar la propiedad social y el territorio de los pueblos originarios.
En cuanto al suelo de conservación, el Frente Anáhuac cuestiona la disposición que permite determinar las actividades permitidas en este tipo de suelo, ya que consideran que no se define claramente quién o cómo se definirá el uso potencial del mismo. Esta falta de claridad podría facilitar la urbanización del suelo de conservación y permitir actividades que están actualmente prohibidas debido a su importancia ambiental.
Además, el Frente Anáhuac expresó inquietud por la flexibilización del derribo de árboles en suelo de conservación, así como la eliminación de capítulos sobre la Tierra y sus recursos naturales, y el ordenamiento ecológico, que consideran un retroceso en el reconocimiento del medio ambiente como sujeto de protección y en la implementación de instrumentos de política ambiental reconocidos a nivel nacional.
El Frente Anáhuac hizo un llamado a la ciudadanía a estar atenta a los detalles de la propuesta de Ley Batres y a movilizarse para proteger el medio ambiente y los derechos de los habitantes de la Ciudad de México. Se insta a una revisión cuidadosa de la legislación propuesta y a la exigencia de procesos de consulta previa y participación ciudadana efectivos para garantizar una ley ambiental justa y equitativa para todos.
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