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En la Ciudad de México la alienación parental se castiga con la pérdida de la custodia de los hijos; sin embargo, la Fiscalía capitalina, sus Ministerios Públicos y psicólogos omiten dictámenes en los que se permite esa situación, a pesar de que en diversos estudios psicológicos, se exhibe que menores son víctimas de ese delito. En la FGJ todo es posible a cambio de dinero. Por una suma, los psicólogos a cargo se prestan a emitir dictámenes y estudios poco confiables, en donde los infantes analizados son cambiados tanto de nombre, edad e identidad, con el objetivo de beneficiar a una de las partes en el proceso legal.
Como si se tratara de una disputa por terrenos, joyas o pensiones alimenticias, el dolo y rencor de algunos padres y madres los lleva a como dé lugar, arrebatarle a su expareja la custodia de sus hijos, sin embargo, estas acciones son secundadas por los Ministerios Públicos que abren carpetas de investigación a falsos imputados, sin que en el expediente de análisis se cuenten con los datos de prueba suficientes para inculpar al señalado; en algunos casos, los peritos en psicología son invadidos por la negligencia y ambición y llegan a un punto en el que realizan dictámenes psicológicos a niños “montados” o que no son los involucrados en el juicio legal, con la finalidad de alterar carpetas de investigación que hasta el momento se mantienen sin rumbo.
Miguel Ángel Platas demandó a su pareja en el año 2017, acompañado de una memoria USB con pruebas que exhibían a presunta manipulación sistemática y violencia familiar psicológica que sufrían de su madre, sin embargo, a pesar de que en la carpeta de investigación se exhibe que dicho dispositivo fue entregado y la agente del Ministerio Público ordena al Policía de Investigación que se integren los datos de prueba a la carpeta, aunque en respuesta, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) decidió detener las investigaciones y cancelar el seguimiento del expediente. Posteriormente, el hombre solicitó que el dispositivo fuera analizado por medio de peritos en fonética, aunque la institución determinó que ya no contaba con los datos de prueba bajo su poder; hacia ello, Miguel entregó otra memoria para que se sometiera a valoración y pudiera continuar la diligencia, no obstante, el caso fue minimizado, sin que los menores recibieran la atención y canalización necesaria en caso de haber sido víctimas de violencia.
Al someter a uno de los menores a un dictamen psicológico, el perito en psicología advierte en la carpeta de investigación que: “el menor puede romper el vínculo afectivo padre-hijo. Está utilizando un lenguaje no acorde a su edad, lo que da pauta a considerar situaciones de manipulación que está recibiendo información de manera directa o indirecta con respecto al padre, que están incidiendo hacia su figura paterna. Sugerencia, es importante que la madre del menor acuda a tratamiento psicológico para que no involucre a su menor hijo en la problemática con su expareja y así garantizar el sano desarrollo psicológico del menor”.
A pesar de la advertencia, el agente del Ministerio Público, Óscar Ricardo Orta, se negó a profundizar el análisis y relató en la documentación que interrogar al niño y lo llevaría a revictimizarlo y a alterar su tranquilidad, sumado a que un mayor número de estudios psicológicos le provocaría un ambiente de estrés, dado el ambiente formal y distante en el que se realizan las diligencias. Además, la institución no registró las grabaciones auditivas en las que se comprobara la presunta alienación de la que fueron víctimas, a pesar de que es obligación de la autoridad guardar todo lo expresado por los menores.
Posteriormente, el psicólogo Felipe de Jesús Pérez Zaragoza, del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, le informó al juez familiar que la madre de los niños genera sabotaje y obstaculización de cualquier tipo de acercamiento de los niños. “Está ejerciendo control frente a los menores sin importarles las irreparables consecuencias emocionales que este comportamiento les pueda traer, se percibe un ambiente de tensión, donde la participación de la madre es preponderante”. A pesar de las recomendaciones y dictámenes, las carpetas de investigación en contra de la madre y sus presuntas conductas violentas, fueron ignoradas por la FGJCDMX; una vez más, el juez familiar rechazó lo expresado por el especialista.
“Cuando un hombre va a denunciar, es difícil que se le dé seguimiento o le tienen credibilidad a su narrativa, el abuso a la buena fe de la Ley de las mujeres libres de una vida de violencia permite que en ocasiones, algunas mujeres utilicen a sus hijos como monedas de cambio, aún existen lagunas que no han sido mejoradas, cuando alguien mente y se dan medidas de protección sin que exista una investigación, se abusa, si una mujer acude con un abogado sin escrúpulos, pueden hacer dictámenes a modo junto con las psicólogas, abusando de la confianza que le da un juzgado”, explicó Miguel.
Mientras pasaron los meses, la investigación a su favor no avanzaba y le imposibilitaba a Miguel la posibilidad de convivir con sus hijos, pues todos los dictámenes apuntaban a que la madre tenía la razón, sin que ello fuera sustentado en grabaciones de video o con un registro formal que avalara que en el estudio de la cámara Gesell del Poder Judicial de la Ciudad de México, los niños se sentían felices al estar con su padre.
Posteriormente, llegó otro “golpe” para él, pues denuncia que la trabajadora social del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Ana Yetzin, quien en ese momento no contaba con una cédula profesional, firmó un estudio realizado hacia la niña, ordenado por el agente del Ministerio Público Diego Cano Terán y por la psicóloga Teresa Micaela, con la aparente finalidad de no beneficiar al padre en el proceso legal. En la documentación, se observa que la menor es nombrada como “A. I.”, de dos años, cuando su nombre real contiene las iniciales es “A.S” y tenía cinco años, hecho que pone en evidencia que la niña examinada no tenía la misma identidad que la hija de Miguel.
"A la psicóloga la premiaron al ascenderla a un área de adopción ¿En manos de quién están los niños?", dijo Miguel.
Cuando Miguel se percató de lo sucedido, inició una denuncia penal por el posible delito de sustituir a la menor por otra y se manifestó al exterior de las instalaciones, sin embargo, la trabajadora denunció al hombre por el delito de violencia digital, por el presunto acoso que sufrió al ser exhibida y un juez les otorgó, de manera inédita, medidas de protección permanentes y sumado a que las quejas en contra de las trabajadoras no procedieron.
Además, el hombre logró documentar un video donde la psicóloga Beatriz Galicia aparentemente le entrega dinero envuelto en servilletas al Coordinador de Asesores, Daniel Carmona, lo que, a su parecer, exhibe los actos de corrupción que se viven dentro de las autoridades judiciales. Respecto a ello, el hombre impuso una queja en la Fiscalía de Servidores Públicos, hecho al que contestaron que no había delito que perseguir.
Luego de un pleito legal con diversas quejas que no procedieron en contra de los funcionarios públicos que aparentemente participaron en actos irregulares, Miguel fue denunciado ante la FGJCDMX por la madre de los menores por violencia familiar hacia los niños y en contra de ella. Aunque en ese momento la Fiscalía permitió que sin una previa investigación, la madre entregara fotografías de supuestos golpes que sufrió en las rodillas, la diligencia de hechos y lesiones se determinó que esas heridas no son compatibles con lo declarado, sin embargo, el juez solapó la falsedad de declaraciones, crimen que se castiga con prisión.
“Después, en el año 2022, fui a la escuela de sus hijos a entregarles un regalo, lo que me llevó a ser nuevamente denunciado por violencia familiar y por haber violentado al personal del colegio”. En dicho pleito, el hombre mostró evidencias en los que se demuestra que no agredió a las personas mencionadas o a la madre, sin embargo, afirma, eso fue ignorado por el juez.
“Si no creían en mis videos, se solicitaron las grabaciones de las cámaras del C5 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero en ese momento, el Ministerio Público revolvió esta carpeta con la que inicié hacia la trabajadora social del DIF, entonces los videos que pedimos nunca llegaron porque se solicitaron de otra dirección, eso es grave, significa que los licenciados en derecho no son profesionales”, relató el hombre.
A pesar de las múltiples órdenes en las que psicólogos advierten de la alienación parental que viven los niños y la posible ruptura del vínculo con su padre, el juez en turno ignoró la falsedad de declaraciones, la manipulación y las faltas que tuvieron los menores durante los análisis psicológicos, lo que provocó que en los últimos días, las visitas que ha tenido Miguel con ellos dentro de las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAM) se han tornado parcas, pues los procesos legales que enfrenta, hace que sus hijos lo ubiquen como una mala persona con la que no desean tener contacto.
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