La Corte Suprema de EU permitió este viernes que la administración de Donald Trump avance, por ahora, con la revocación de un programa humanitario instaurado durante la presidencia de Joe Biden que ofrece residencia temporal a más de 500,000 inmigrantes provenientes de países en crisis política y humanitaria.
La decisión del máximo tribunal fue emitida sin firma ni justificación, como es común en resoluciones de emergencia.
Sin embargo, las juezas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor expresaron su disenso, argumentando que el fallo ignora “las consecuencias devastadoras de permitir que el gobierno altere de forma abrupta las vidas y medios de subsistencia de casi medio millón de personas mientras sus demandas legales siguen en curso”.
El fallo pone en riesgo de deportación inmediata a miles de inmigrantes originarios de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, quienes fueron admitidos bajo un programa de parole humanitario que les permitió ingresar a EU con el respaldo de un patrocinador privado y obtener autorización para trabajar legalmente.
El programa fue lanzado en enero de 2023 como parte de un intento de la Casa Blanca por ordenar el ingreso legal de migrantes, desincentivar los cruces fronterizos irregulares y reducir la presión en la frontera sur.
La estrategia mostró resultados: las detenciones por parte de la Patrulla Fronteriza de migrantes de esos países disminuyeron de forma significativa tras su implementación.
No obstante, legisladores republicanos y gobiernos estatales liderados por el Partido Republicano demandaron al gobierno federal, alegando que el programa incrementaba sus costos en salud, educación y seguridad pública.
Aunque tribunales inferiores confirmaron la legalidad del programa, Trump ordenó su terminación desde su primer día de regreso en la Casa Blanca, excepto para el programa aplicado a migrantes ucranianos, cuya revisión fue pausada pero no cancelada.
Controversia legal
El programa de parole humanitario tiene antecedentes de varias décadas. Fue utilizado para admitir a casi 200,000 cubanos en los años 60, así como a más de 350,000 vietnamitas tras la caída de Saigón. Durante la presidencia de Biden, también se abrió en abril de 2022 para ucranianos, luego del inicio de la invasión rusa.
Organizaciones de defensa migrante y abogados de los beneficiarios presentaron una demanda contra la revocación del programa. Argumentaron que la medida era “contraria a la ley, arbitraria y caprichosa”, y que violaba la obligación legal de hacer evaluaciones individuales caso por caso, en lugar de aplicar una cancelación masiva.
En marzo de 2025, una jueza federal en Massachusetts bloqueó temporalmente la revocación, indicando que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no tenía autoridad para rescindir el programa de manera generalizada. Esta decisión fue confirmada el 5 de mayo por un panel de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, que concluyó que Noem no demostró que su decisión tuviera altas probabilidades de éxito en una revisión judicial.
Sin embargo, el 8 de mayo, el procurador general de la administración Trump, D. John Sauer, presentó una solicitud de emergencia a la Corte Suprema argumentando que Noem tenía amplias facultades sobre categorías de determinaciones migratorias y que mantener el programa “socavaba políticas migratorias críticas diseñadas para desalentar el ingreso ilegal”.
Riesgo inmediato para miles de inmigrantes
La decisión de este viernes se suma a un fallo anterior que permitió a la administración Trump eliminar protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 350,000 venezolanos. Aunque los programas de TPS y parole humanitario son distintos, ambos permiten a migrantes de países en crisis residir legalmente en EU por periodos temporales.
Con ambas decisiones, la Corte ha autorizado que Trump avance con planes para deportar a cientos de miles de personas que habían ingresado al país de forma legal bajo programas diseñados para ofrecerles protección.
Abogados de los migrantes subrayaron en su defensa que “todos ellos siguieron la ley y las reglas del Gobierno de EU y están aquí para reunirse con sus familias o para escapar temporalmente de la inestabilidad, violencia y privaciones de sus países de origen”.
Las consecuencias de esta decisión judicial podrían sentirse en los próximos días, mientras miles de personas aguardan con incertidumbre su futuro legal en el país.