El Departamento de Justicia de EU ha imputado por tráfico humano a Kilmar Armando Abrego García, el migrante salvadoreño cuya deportación errónea a una megacárcel de pandilleros en El Salvador desató un conflicto legal y político con la Corte Suprema.
De acuerdo con la acusación revelada este viernes, Abrego García regresa a territorio estadounidense para enfrentar cargos relacionados con el transporte de migrantes indocumentados.
El retorno de Abrego, planeado discretamente desde hace semanas, supone un giro que podría servir como salida negociada para la administración Trump, la cual ha rechazado cumplir con una serie de órdenes judiciales que exigían facilitar la liberación del migrante tras su remoción indebida el 15 de marzo.
Deportado pese a orden judicial
Abrego García, de 29 años, reside desde hace años en Maryland, está casado con una ciudadana estadounidense y es padre de tres hijos, entre ellos un niño con autismo. Llegó al país huyendo de amenazas de la pandilla Barrio 18, que extorsionaba el pequeño negocio de su madre en El Salvador.
En marzo, fue uno de más de 200 migrantes enviados al Terrorism Confinement Center, una prisión de máxima seguridad en El Salvador, pese a que una orden judicial federal vigente prohibía su expulsión al país por el riesgo de persecución. La propia fiscalía reconoció que su deportación fue un error.
La Corte Suprema determinó que se violó dicha orden y exigió al gobierno de Trump tomar medidas para su repatriación. Sin embargo, la administración se ha resistido durante semanas a cumplir el fallo. En una audiencia del 8 de mayo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró: “No hay escenario donde Abrego García regrese a Estados Unidos”.
Acusación penal como posible “salida” política
La acusación por tráfico de personas proviene de un incidente en Tennessee en 2022, que inicialmente solo implicó una advertencia por conducir con una licencia vencida. Ahora, sin embargo, el Departamento de Justicia sostiene que Abrego participó en el transporte de migrantes sin documentos, lo que justificaría una nueva detención y permitiría su regreso a EU bajo custodia.
Según analistas legales, este movimiento permitiría a la Casa Blanca cumplir con el fallo de la Corte Suprema sin parecer que retrocede, al recibir a Abrego como imputado penal en lugar de como víctima de una deportación ilegal.
El senador demócrata por Maryland, Chris Van Hollen, visitó a Abrego en abril en una cárcel salvadoreña, y ha calificado el caso como “una afrenta al Estado de derecho y a la dignidad humana”.
Aunque regresará a EU para enfrentar los cargos, su situación migratoria permanece incierta. Abrego cuenta con protección contra la deportación, vigente hasta que un juez de inmigración reabra su caso y la revoque expresamente.
Pero el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que esa protección ya no aplica y ha reiterado su intención de deportarlo de nuevo de inmediato.