El salvadoreño Kilmar Ábrego García, migrante acusado por el Gobierno estadounidense de supuesto tráfico de personas, volvió a ser detenido este lunes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando acudía a una cita en los tribunales de inmigración de Baltimore, Maryland. Su arresto ocurrió apenas tres días después de haber sido liberado en Tennessee, donde permanecía bajo custodia a la espera de juicio.
Horas mas tarde la jueza federal Paula Xinis, del Distrito de Maryland, frenó la deportación del salvadoreño y ordenó al Gobierno del presidente Donald Trump mantenerlo en Estados Unidos mientras analiza una nueva impugnación contra los planes de enviarlo a Uganda. La decisión se emitió durante una audiencia en la que la magistrada extendió la suspensión de la expulsión del migrante.
Xinis, la misma jueza que en abril obligó al Gobierno a facilitar el retorno de Ábrego desde El Salvador, tras una deportación considerada “errónea”, preguntó en la audiencia si la Casa Blanca entendía que tenía prohibido expulsarlo del territorio continental. El abogado del Gobierno respondió afirmativamente, según reportó el medio Político.
Sin embargo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristy Noem, afirmó en un comunicado que ICE “está procesando” la deportación, lo que aumenta la tensión en el caso.
La defensa de Ábrego denunció que el arresto fue irregular y parte de una estrategia para presionarlo a aceptar un acuerdo de culpabilidad que derivaría en su deportación a Costa Rica, en lugar de Uganda.
El abogado Simon Sandoval-Moshenberg, parte de su equipo legal, aseguró que “llevarlo a Costa Rica no es justicia, es simplemente una opción menos mala”. Subrayó que insistir en enviarlo a Uganda demuestra que el objetivo del Gobierno “no es sacarlo del país, sino castigarlo y mantenerlo detenido”.
Costa Rica ya ha expresado disposición a recibirlo como refugiado y garantizar su seguridad, mientras que Uganda no ha ofrecido compromisos sobre libertad de tránsito ni estatus legal, lo que abre la puerta a una eventual deportación a El Salvador.
La jueza Xinis señaló que existen “varios motivos” por los que podría tener jurisdicción para suspender la deportación, entre ellos la falta de garantías de Uganda para proteger al migrante y la prohibición previa de enviarlo a El Salvador, donde enfrenta riesgo de persecución por parte de pandillas. Según una orden judicial anterior, Ábrego debería contar con al menos 72 horas para responder a cualquier intento de expulsión.
El caso ha despertado críticas en el Congreso y organizaciones civiles; la senadora Angela Alsobrooks acusó a Trump de usarlo como “un peón político”, mientras el senador Chris Van Hollen pidió al Gobierno dejar de “mentir sobre el caso”. Por su parte, la representante Jasmine Crockett calificó de “cruel” la intención de deportarlo a África y la ACLU advirtió que se trata de un precedente peligroso para otros migrantes.
Mientras tanto, decenas de simpatizantes encabezados por la esposa del salvadoreño, Jennifer Vásquez Sura, protestaron frente a la corte de Baltimore con pancartas que exigían “Libertad para Kilmar” y organizaron una vigilia en su apoyo.
Por ahora, el futuro de Ábrego queda en manos de la jueza Xinis, cuya decisión definirá si el migrante podrá permanecer en territorio estadounidense para enfrentar su proceso con garantías o si avanza la controvertida deportación que impulsa el Gobierno de Trump.