¿Quién es quién en las mentiras? — Mientras la libertad de prensa es un derecho humano que protege la crítica hacia entes del poder, varios gobiernos que no aceptan se les exhiba por su incapacidad e incumplimiento en las demandas ciudadanas o negligencias, crearon oficinas que operan bajo el derecho de réplica del Estado, con dinero del erario público y con las que con mensajes de “fake news” buscan reprobar el trabajo de la prensa. El gobierno del argentino Javier Milei creó el pasado 6 de febrero la Oficina de Respuesta Oficial (ORORA), modelo que es copia del “Quién es quién en las mentiras” que impulsó Andrés Manuel López Obrador en 2021 y con el objetivo es estigmatizar a los medios.
Reportes de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que monitorean acciones de gobiernos que se escudan en comunicados oficiales o mensajes televisivos para reprobar las críticas que emiten los medios de comunicación ante la ausencia de las autoridades en acciones que demandan los pueblos.
Varios países han implementado mecanismos gubernamentales con cargo al erario público para confrontar o “desmentir” la narrativa de la prensa bajo el argumento de que combaten la desinformación.
Uno de los países que ha echado mano de esta herramienta para tratar de equilibrar las críticas de los medios es Estados Unidos, que recientemente lanzó el portal oficial Media Bias, con la que busca exponer lo que consideran “fake news”, una copia del “Quién es quién en las mentiras” que impulsó López Obrador en el 2021 y que carecía de legalidad al utilizar la tribuna de sus conferencias matutinas para informar lo que él quería que se supiera, mientras lanzaba una cacería contra periodistas que exhibían la incapacidad de oficinas de gobierno.
SESGO MEDIÁTICO
La Casa Blanca lanzó en diciembre de 2025 el “Portal de Sesgo Mediático”, que incluye una lista de periodistas, medios de comunicación y artículos que considera tendenciosos contra la Administración Trump.
Otras naciones que también encontraron en una oficina contra los medios, donde el objetivo es refutar sistemáticamente noticias que el Estado clasifica como falsas son Reino Unido y China.
Reino Unido estableció la Online Safety Act (Ley de Seguridad en Línea), que le otorga al gobierno la capacidad de controlar conversaciones y penalizar contenidos, lo que ha generado preocupación por una posible “censura digital” y amenazas a la libertad de expresión, afectando cómo los medios comparten información.
De China, el modelo de gigante asiático se encamina al control de los medios de comunicación, ya que no sólo tiene periódicos y medios digitales para desmentir a la prensa crítica, sino que “su control sistémico se rige por ser la mayor cárcel de periodistas del mundo, con 113 casos documentados de comunicadores detenidos, según el más reciente informe de Reporteros sin Fronteras (RSF).
En la misma lista aparecen Rusia y Malasia, cuyos gobiernos echan mano de portales web y leyes específicas que penalizan y desmienten información considerada “falsa” por las autoridades.
Venezuela no puede quedare fuera de esta lista negra, ya que a través del Ministerio de Comunicación mantiene una narrativa constante de ataque a los medios críticos al régimen represor a lo que denominan “dictadura mediática”.
JAVIER MILEI
El gobierno que recientemente abrió una oficina para refutar las críticas de los periodistas y los medios es la Argentina de Javier Milei, quien fundó la Oficina de Respuesta Oficial (ORORA).
Históricamente, el concepto moderno de un órgano estatal dedicado específicamente a combatir la narrativa de la prensa mediante el desmentido sistemático tiene su origen contemporáneo en Rusia y México.
El primero y el que fue detonante para que se copiara su modelo, aunque posteriormente tuvo modificaciones es el modelo de la “Post-Verdad” de Rusia, que fue pionera en la era digital con la creación en 2017 de portales como “Non-Fake” y secciones específicas en el Ministerio de Asuntos Exteriores. El objetivo es refutar noticias de medios occidentales, marcándolas con sellos de “Fake” en rojo, una estética que luego imitaron otros gobiernos.
Otro esquema considerado ilegal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2025 y donde el objetivo fue estigmatizar a la prensa y exhibir a periodistas etiquetados como enemigos del gobierno fue el creado por Andrés Manuel López Obrador en 2021 con su proyecto “Quién es quién en las mentiras”, donde además de que se echó mano de portales afines al gobierno para refutar la información de la verdadera prensa, este segmento contó con un espacio televisado en el que se gastó dinero del erario.
De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas, legalmente, el Estado solo puede rectificar datos fácticos erróneos, pero no pueden calificar de “mentiras” sin pruebas las investigaciones presentadas con documentos y más evidencias y tampoco pueden incurrir en censura indirecta o acoso institucional.
SILENCIADOS
En esta misma línea se han pronunciado tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), ya que advierten que el uso de recursos públicos para señalar a periodistas genera un “efecto de silenciamiento”, violando la obligación del Estado de garantizar un entorno seguro para informar y de respeto a la libre expresión.
Artículo 19 resalta que actualmente varios gobiernos han adoptado sistema de ataque a los medios que critican o exhiben la inoperatividad de dependencias gubernamentales. Asimismo, destaca que en democracias, la prensa responde ante la ley por difamación tras un juicio, sin embargo, estas oficinas que satanizan el trabajo de la prensa suelen aplicar un juicio sumario mediático sin derecho a la defensa previa del periodista.
Asimismo, Reporteros Sin Fronteras refiere que estas oficinas creadas para refutar las investigaciones de los medios suelen generar controversia, ya que, a decir de organismos internacionales y tribunales, estos entes del gobierno pueden convertirse en instrumentos de estigmatización contra periodistas que exhiben incapacidades de los gobiernos.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa destaca que estas oficinas explotan sesgos psicológicos para moldear la opinión pública a través de la polarización afectiva, es decir, utilizan sellos rojos y lenguaje agresivo con el que refuerzan la lealtad de los seguidores del gobierno con sus portales afines al gobierno y quienes perciben el ataque a la prensa como un acto de justicia.
Asimismo, el gobierno ha creado portales manejados por grupos afines a los gobiernos para inundar las redes con versiones contradictorias a lo que presentan los medios, los usuarios terminan por no creer en nada, lo que desata escepticismo radical.
Otro efecto es la repetición constante de un “desmentido” en plataformas digitales, lo que hace que la audiencia lo procese como verdad, incluso si carece de evidencia fáctica.
Organizaciones defensoras de los medios y de la libertad de expresión, advierten que con las oficinas para refutar el trabajo de los periodistas, no sólo se busca estigmatizar a los verdaderos comunicadores, sino silenciar a las voces críticas a través de represalias, acusaciones de injurias y amenazas de cárcel.
La Crónica de Hoy 2026