El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la imposición de nuevos aranceles a productos provenientes de 60 países, al considerar que no han aplicado de manera efectiva medidas para “prohibir la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso”. Entre los países alcanzados por los gravamenes, se encuentra México, que enfrentará un impuesto del 10%.
La decisión fue anunciada por el representante comercial de EU, Jamieson Greer, quien aseguró que la decisión busca combatir prácticas que, además de representar una violación a los derechos humanos, generan condiciones desleales para el comercio internacional.
Los nuevos aranceles pretenden sustituir el gravamen global temporal del 10% impuesto por el republicano, que expira este viernes en la mañana, y representa una nueva fase en la guerra comercial impuesta desde abril de 2025.
Además de México, la medida del 10% afecta a otros países latinoamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador, mientras que Costa Rica, Panamá y República Dominicana estarán sujeros a un impuesto del 12.5%.
A las 27 economías de la Unión Europea, la Administración Trump les impone un arancel conjunto del 10%.
También figuran entre las economías afectadas India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza, Canadá, Reino Unido, aunque las tasas aplicables varían en algunos casos según el origen y el tipo de producto importado.
China, con aranceles superiores y específicos, no aparece en la nueva lista.
Según destacó la oficina comercial estadounidense, las sanciones son el resultado de una serie de investigaciones iniciadas en marzo de 2026 bajo Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo utilizado por Washington para responder a prácticas comerciales consideradas injustas por parte de otros gobiernos.
Tras las investigaciones y consultas con los Gobierno afectados, la oficina de Greer determinó que las prácticas identificadas justifican la adopción de medidas comerciales.
La política arancelaria de Trump, uno de los ejes de su agenda económica desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, ha estado marcada por una disputa legal sobre el alcance de las facultades presidenciales para imponer gravámenes al comercio exterior.
Después de que el Tribunal Supremo anulara la mayor parte de sus aranceles globales, la Administración ha recurrido a otras herramientas legales, como la Sección 301, para mantener su estrategia comercial y aplicar nuevos gravámenes a las importaciones.