Diferentes organizaciones de la oposición en Nicaragua en el exilio presentaron una propuesta para establecer una transición democrática en el país y poner fin al gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El documento, denominado “Nicaragua: Transición ordenada desde la dictadura hacia la democracia”, propone un proceso de 24 meses que iniciaría con la instalación de una junta temporal y concluiría con elecciones generales libres, competitivas y con observación internacional.
La iniciativa fue presentada a otras organizaciones opositoras, a la población nicaragüense y a la comunidad internacional como una hoja de ruta para desmontar las estructuras autoritarias y recuperar la institucionalidad del país.
Junta temporal y liberación de presos políticos
La propuesta considera una junta de transición integrada por un máximo de siete personas provenientes de la oposición, la sociedad civil y otros sectores, conformados por nicaragüenses que hayan colaborado previamente con el gobierno, siempre que no estén señalados por violaciones a los derechos humanos.
El órgano tendría facultades ejecutivas y legislativas limitadas y temporales. Una de sus primeras actividades estarían la liberación de presos políticos, la restitución de derechos civiles y políticos, el restablecimiento de libertades y la reorganización de las instituciones electorales y judiciales.
Asimismo, proyecta desmontar las estructuras consideradas represivas y realizar una depuración y reestructuración de los altos mandos del Ejército y la policía, con el objetivo de garantizar su subordinación al poder civil.
La junta asumiría temporalmente las funciones de jefe de Estado, jefe de Gobierno y jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Además, derogaría la Constitución vigente y establecería un estatuto provisional de derechos y garantías.
El plan incluye la creación de 24 leyes destinadas a desmontar normas represivas y restaurar el Estado de Derecho. Entre las medidas propuestas se encuentran reformas al Poder Judicial y al sistema electoral, la reposición de derechos políticos y de propiedad y la desarticulación de estructuras de inteligencia represiva.
La iniciativa comprende garantizar el retorno seguro de exiliados y desterrados, así como revisar y revocar concesiones territoriales que, según los opositores, fueron otorgadas de manera irregular a socios chinos del régimen.
Asamblea Constituyente y nuevas elecciones
Como segundo componente de la transición, la propuesta implanta la elección popular de una Asamblea Nacional Constituyente, integrada por 60 miembros.
La elección de los constituyentes se llevaría a cabo dentro de 180 días después del inicio del proceso y la Asamblea tendría un plazo máximo de nueve meses para elaborar una nueva Constitución.
El nuevo texto constitucional deberá incluir principios como la separación de poderes, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.
Finalmente, las organizaciones opositoras sugieren la celebración de elecciones generales bajo el nuevo marco constitucional. El proceso deberá brindar la participación de los distintos sectores políticos en igualdad de condiciones y contar con observación electoral internacional.
La propuesta sostiene que la transición tendrá que desarrollarse de manera ordenada, pacífica y sin violencia, con medidas orientadas a preservar la estabilidad política y social, la continuidad económica y la seguridad jurídica durante el proceso de cambio de gobierno.
Con información de EFE
La Crónica de Hoy 2026