Colombia se suma a la ola de deportaciones masivas que inauguró Donald Trump en Estados Unidos y que tiene sus réplicas en Argentina, bajo el mandato de otros líderes ultranacionalistas en la región: el argentino Javier Milei y el chileno José Antonio Kast.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció este lunes operativos coordinados entre la Policía y Migración Colombia para expulsar “esta misma semana” a los extranjeros que “estén cometiendo delitos” y luego a los “que no tengan regularizada su situación”.
“Que empiecen los operativos coordinados para dar con los inmigrantes ilegales, primero los que están cometiendo delitos, segundo los que no tienen regularizada su situación, que en el término de la distancia tendrán que ser deportados”, dijo durante un consejo de seguridad en Barranquilla, la ciudad caribeña que en la práctica ha convertido en la capital alterna del país.
La medida afectará a poco más de medio millón de inmigrantes sin papeles, un 95 % venezolanos, la mayor comunidad extranjera de Colombia, con 2.5 millones de personas, que constituyen a la vez la mayor diáspora de venezolanos en el mundo. Según datos oficiales de migración, unos 850 mil venezolanos se encuentran en situación irregular.
El líder ultraderechista, que lleva menos de tres semanas en el cargo y al que le ha tocado el peor terremoto en Colombia en décadas, advirtió que su orden se debe empezar a cumplir esta misma semana. “No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías en Colombia. Se van y los deportamos. Es una decisión política y administrativa y yo la asumo”.
El anuncio estuvo antecedido por alusiones nacionalistas: “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”.
Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explica que el anuncio significa un cambio de paradigma en la forma como los últimos tres gobiernos de Colombia han recibido y atendido a la población migrante del país vecino, luego de casi tres décadas de experimento fallido chavista.
“Es peligroso que el presidente se sume a un discurso que estigmatiza a los migrantes al asegurar que son ilegales. Ese discurso ha existido en la región, lamentablemente ha ganado carrera en el mundo, pero Colombia se había distanciado”, explica el experto al diario español El País por vía telefónica.
Desde que inició la crisis migratoria venezolana en 2015, que ha expulsado del país a al menos 7.8 millones de venezolanos que huyeron de la crisis económica, la falta de oportunidades y la represión, Colombia creó instrumentos jurídicos y sociales para la regularización de esa población. Con gobiernos de centro, derecha e izquierda, se convirtió en un ejemplo mundial de buenas prácticas de regulación migratoria, y recibió y asimiló a casi un tercio de esa diáspora.
“Una afrenta a los derechos humanos”
La decisión de De la Espriella de perseguir y deportar a casi un millón de extranjeros con situación migratoria irregular ha generado críticas de la oposición política.
La congresista María Fernanda Carrascal, del izquierdista Pacto Histórico, el partido del expresidente Gustavo Petro, aseguró que “vincular a los migrantes irregulares con la criminalidad solamente por el hecho de tener un estatus migratorio irregular es una afrenta contra los derechos humanos, y una afirmación absurda y carente de cualquier evidencia”.
“Más que abrirle la puerta a la xenofobia, profundiza de manera consciente la que ya existe en una parte de la sociedad colombiana”, lamentó.
Andrés Sampayo, doctor en Estudios Políticos, coincide en la preocupación por lo que podrían generar las decisiones del Gobierno contra la población venezolana en Colombia. “Espero que los operativos migratorios no se conviertan en una persecución a gran escala de nuestros hermanos venezolanos, que aportan cerca de 3,000 millones de dólares anuales a la economía colombiana en consumo, impuestos y emprendimiento”, escribió en su cuenta de X (con información de El País).