Argentina no quiere “abrazos” con el crimen organizado, sino mano dura. El gobierno que preside el ultraderechista Javier Milei anunció este lunes que, ante el desafío de los criminales, se pasará a considerar a los narcotraficantes como terroristas, por lo que se modificarán las leyes y se elevará al doble de tiempo las penas de cárcel.

Milei sigue así los pasos del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en plena guerra desde hace dos meses contra los “narcoterroristas”, quien a su vez siguió el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, de guerra sin cuartel y sin piedad contra las maras (pandillas criminales), hasta doblegarlas.

"Esto no es un juego, es una guerra", afirmó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su rueda de prensa habitual en la Casa Rosada (sede del Ejecutivo). "En esta guerra nos enfrentamos contra salvajes asesinos", agregó y repitió las palabras usadas por Milei este fin de semana en sus redes sociales: "O son ellos o somos nosotros. Y, por supuesto, en este caso vamos a ser nosotros".

Emergencia en Rosario

Desde el 8 de marzo, Rosario se encuentra bajo un Comité de Crisis, establecido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, e integrado por las Fuerzas Federales y con respaldo de las Fuerzas Armadas, para intentar frenar la escalada de violencia asociada al narcotráfico en la tercera ciudad del país.

Unos 450 efectivos de diversas fuerzas de seguridad federales de Argentina comenzaron a desplegarse en Rosario para sumarse a la policía local en la lucha contra bandas dedicadas al narcotráfico, que en las últimas horas han desatado una ola de crímenes en esa urbe.

En declaraciones a la prensa, Bullrich aseguró que los efectivos permanecerán en Rosario, en la provincia de Santa Fe (centro), "hasta que no haya ciudadanos que sean asesinados a mansalva, como ha sucedido en estos días".

La ministra afirmó que "en enero y febrero se lograron resultados muy importantes, apretando fuerte a los delincuentes, a los narcocriminales".

"Se hicieron operativos especiales en las cárceles para separar a los narcocriminales y no permitirles que sigan delinquiendo desde adentro. Y han respondido de una manera brutal, asesinando a cuatro ciudadanos a mansalva", señaló.

La semana pasada, las bandas del crimen organizado atacaron a tiros un autobús que transportaba agentes penitenciarios, mataron a dos taxistas, a un conductor de autobús y a un trabajador de una gasolinera, ninguno de ellos estaba relacionado con el crimen organizado, por lo que se excluyó como motivo cualquier posible ajuste de cuentas. Además, los criminales lograron paralizar el transporte público por un día.

Bullrich señaló al respecto que todo hecho de violencia perpetrado en la vía pública o en el interior de lugares públicos que sea considerado como un intento de aterrorizar a la población o condicionar a las autoridades se denunciará como un “acto de terrorismo”, por lo que los delincuentes pueden sufrir —por efecto de la ley antiterrorista— el doble de la pena prevista para ese hecho.

Este lunes, Bullrich informó de que pedirá a la Justicia "la utilización de la ley antiterrorista", al tiempo que enviará al Congreso la denominada "ley antimafia o antibanda" y elaborará un "trabajo fuerte sobre el lavado de dinero, el más oculto de los delitos" en su lucha contra el narcotráfico y la violencia asociada al crimen organizado en Rosario.

"Vamos a tener todo lo que hay que tener para combatir el narcoterrorismo", confirmó luego Adorni.

Contra el “estilo Bukele”

Las bandas del narcotráfico actuaron en respuesta a las medidas de control en las cárceles al 'estilo Bukele' puestas en marcha por la provincia de Santa Fe, ya que en esas prisiones se encuentran alojados sicarios y narcos que manejan el negocio de la venta de droga en Rosario desde el penal.

"La provincia va a poner todo para recuperar la paz social y llevar a los culpables ante la Justicia. El régimen penitenciario tiene que ser muy estricto, veníamos de un período de varios años en los cuales se permitió que los presos hicieran lo que quisieran y organizaran los delitos impunemente. Eso se terminó", afirmó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, en rueda de prensa.

"Todos los actores institucionales han dado muestras públicas de apoyo al cambio en la política penitenciaria para impedir que los delincuentes vuelvan a dominar la cárcel, como estaban acostumbrados a hacer", remarcó Cococcioni.

El sicario que asesinó a quemarropa a un empleado de gasolinera (de 25 años) dejó una nota, supuestamente firmada por cabecillas de las bandas que operan en el negocio de la venta de droga en la ciudad.

"Esta guerra no es por el territorio, es contra (el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano) Pullaro y Cococcioni. Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Pullaro y Cococcioni cargan con muertes inocentes", indicaron en la carta escrita a mano.

Milei responsabiliza al socialismo

Milei aprovechó también el endurecimiento de la ley para responsabilizar “al socialismo” por lo hecho en la provincia de Santa Fe.

"Lo que van a tener que entender los santafecinos y en especial los rosarinos es que haberle dado tanto crédito a los socialistas no es gratis", dijo el ultraliberal, quien este lunes en una entrevista con el canal LN+ (La Nación) explicó que "todo lo que tocan lo destruyen".