El presidente de Chile, Gabriel Boric, dio inicio este miércoles a un proceso de diálogo social a nivel nacional que busca de validar los acuerdos tripartitos y crear un nuevo contrato con la ciudadanía que introduzca reformas en asuntos capitales, como el controvertido sistema de pensiones.

En un discurso pronunciado en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Santiago de Chile, el mandatario subrayó que los chilenos “tenemos la obligación de llegar a un acuerdo nacional y transversal en materia de seguridad social”.

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“Buscar acuerdos tripartitos para la reconstrucción de un nuevo sistema de seguridad social no solo es urgente, sino que imperativo en una sociedad que nos exige abordar con urgencia los problemas más apremiantes de la ciudadanía", afirmó.

"El diálogo, además de tripartito, ojalá sea paritario porque son justamente las mujeres las que hoy día están más afectadas y tienen una brecha más grande en materia de seguridad social y ahí como sociedad todavía tenemos mucho que avanzar”, agregó.

Boric insistió, además, en que esta reforma no es una cuestión ideológica o de partidos, si no una necesidad nacional en busca de achicar las grandes desigualdades que sacuden el país, por lo que instó a todas las fuerzas a participar y unirse.

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“Independiente de las diferencias políticas y de las distintas soluciones que pensamos son mejores, el problema existe y no podemos seguir postergándolo. Le pido encarecidamente al mundo político, del cual formo parte, que no pasemos, que no pasemos del no lo vimos venir", agregó.

La lucha contra la desigualdad, y la búsqueda de un nuevo contrato social que reduzca las graves diferencias -origen del estallido social de 2019- es la pieza angular del programa de gobierno de Boric, un político joven salido de las luchas estudiantiles que en 2011 comenzaron a poner de manifiesto los perniciosos efectos del sistema ultra liberal fomentado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Al frente del país desde marzo pasado, una de sus primeras medidas en este sentido ha sido introducir una propuesta para elevar el salario mínimo hasta los 400.000 pesos (sobre 470 dólares) a partir de agosto, que de aprobarse pondría a Chile a la vanguardia de América Latina aunque todavía muy lejos de los principales países miembros de la OCDE.

Además, pretende introducir reformas en el sistema de pensiones, ahora en manos de empresas privadas (AFP) que especulan en bolsa con los ahorros y las contribuciones obligatorias de los asalariados chilenos.