El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este viernes que ha decidido buscar la reelección en las elecciones presidenciales de 2024, pese a que la Constitución del país indica que un o una mandataria no puede reelegirse de forma inmediata sino que solo puede volver a presentarse pasados 10 años del fin de su mandato.

"Luego de conversarlo con mi esposa, Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la Presidencia en las elecciones de 2024", anunció Bukele en una cadena nacional de radio y televisión.

La posibilidad de que Bukele se reelija por un segundo mandato consecutivo se abrió en septiembre de 2021 tras un cambio de criterio hecho por los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que sus aliados en el Congreso eligieron en un proceso ampliamente criticado.

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En ese fallo, estos jueces señalaron que la prohibición de la reelección inmediata es para un gobernante que haya estado en el poder por 10 años, mientras que en sentencias anteriores un mandatario debía terminar su período de 5 años y esperar 10 para buscar nuevamente la Presidencia.

Ahora, Bukele es el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña que intentará reelegirse, dado que esta situación no se daba desde la época de la dictadura militar.

El vicepresidente, Félix Ulloa, aplaudió este viernes durante una entrevista televisiva la decisión de Bukele y dijo que los argumentos en contra "no tienen asidero constitucional".

"No existe ninguna prohibición para que el presidente Nayib Bukele pueda inscribirse como candidato", agregó e indicó que seis meses antes el 1 de junio de 2024 "tiene que dejar de ejercer la Presidencia", según estableció la Sala de lo Constitucional.

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El vicepresidente salvadoreño fue designado por Bukele para preparar una reforma constitucional y el anteproyecto establece que un presidente debe esperar 5 años para buscar nuevamente el cargo, en lugar de los 10 actuales.

Antes de ser presidente, Bukele afirmaba que "en El Salvador una misma persona no puede ser presidente dos veces seguidas".

Tras llegar a la Presidencia salvadoreña en 2019, Bukele calificó de "dictadores" a Juan Orlando Hernández y a Daniel Ortega, quienes se pudieron reelegir en Honduras y Nicaragua, respectivamente, gracias a resoluciones de cortes constitucionales.

"Violenta" la Constitución

Para Celia Medrano, excandidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no es una sorpresa el anuncio y advierte que va en contra de lo establecido en la Constitución.

"No es una sorpresa. Violentar las limitantes constitucionales ha sido la práctica cotidiana de los grupos de poder que controlan CAPRES (Casa Presidencial)", dijo a Efe en reacción al anuncio.

Señaló que la irrupción de Bukele al Congreso con soldados armados en febrero de 2020, conocido como el 9F, y la destitución de los jueces constitucionalistas en un proceso ampliamente criticado en 2021 "han preparado el camino de la reelección".

"Con la consolidación de todo el control, poco importa si bajarían niveles de popularidad o no", subrayó.

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La habilitación, sin "legitimidad"

A juicio de Jonatan Sisco, abogado de la organización humanitaria Cristosal, los magistrados que emitieron el fallo que abre la posibilidad de la reelección inmediata son de "facto" y no tienen "legitimidad democrática de origen ni de ejercicio, entonces no tiene valor jurídico".

Tras darse a conocer dicho fallo que habilita la reelección, diferentes voces cuestionaron su legalidad, incluso Estados Unidos lo condenó y señaló a los jueces de ser "leales al órgano Ejecutivo".

"La Constitución es tan clara en la prohibición de la reelección inmediata que está incluso penalizado con la pérdida de los derechos de ciudadanía el solo hecho de promover la reelección", indicó.

Para Sisco, los magistrados que modificaron el criterio de reelección actuaron "fuera del marco de sus competencias constitucionales".

Explicó que el fallo fue emitido en un proceso ajeno a esta controversia, dado que se trataba de un caso en el que se pedía la "pérdida de la ciudadanía" y no que se pronunciara sobre la reelección.