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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el número dos de la dictadura bolivariana, Diosdado Cabello, cometieron crímenes de lesa humanidad por su participación directa en un esquema diseñado por el régimen para aterrorizar a la disidencia, mediante el encarcelamiento arbitrario, torturas y aislamiento en centros de detención, que se mantiene en la actualidad.
Esta es la demoledora conclusión a la que llegó una misión de observadores independientes de la ONU, cuyo informe fue publicado este martes y que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el próximo día 26.
En concreto, el informe de la ONU describe el horror que sufrieron las personas señaladas por Maduro y Cabello en el Helicoide, sede principal del Sebin (siglas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y en Boleíta, su homólogo militar de la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar).
“El Sebin y la Dgcim son parte de un mecanismo diseñado para ejecutar el plan gubernamental de reprimir la disidencia y apuntalarse en el poder", destacó la presidenta de la misión, Marta Valiñas, al presentar el informe, según el cual, decenas de presos políticos han sufrido torturas y maltratos.
En el caso del Sebin, exempleados que hablaron con los investigadores de la ONU de forma confidencial aseguraron que las torturas en ocasiones eran ordenadas directamente por el presidente Maduro.
“El presidente participó en la selección de los objetivos" de estas agencias, que incluyeron militares, políticos opositores, periodistas, activistas de derechos humanos y participantes en protestas contra el gobierno, siempre según el documento.
También se señala que Cabello, considerado el hombre con más poder en el país tras Maduro y de enorme influencia sobre los militares, impartía órdenes al director general del Sebin, Gustavo Enrique González.
Además de Maduro, Cabello, y el responsable de los servicios de inteligencia, el informe señala a otra decena de personas como principales responsables de los crímenes cometidos en estos centros, como el director del Helicoide entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón, y su número dos en ese periodo, Ronny González.
En el caso de la Dgcim se menciona al director general Iván Rafael Hernández y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.
Otros cuatro responsables de estos abusos, a menudo cometidos por ellos en persona, son mantenidos en el anonimato por el informe, lo que en palabras de Valiñas se hace para "evitar que sean utilizados como chivos expiatorios mientras funcionarios a más alto nivel huyen de la rendición de cuentas".
Los abusos que se describen en el informe, elaborado en base a 246 entrevistas confidenciales a víctimas, familiares y exfuncionarios, incluyen golpes con objetos tales como bates o mesas, asfixias con bolsas de plástico o humo de granadas, descargas eléctricas a los detenidos o violaciones, algunas con palos de madera.
También se denuncia el uso de la "señorita", un dispositivo de tortura mediante la introducción de la víctima en tanques de agua, abusos psicológicos denominados "tortura blanca", amenazas de violar y matar a los familiares de los detenidos, o colocación de alfileres debajo de las uñas.
Además, muchas detenciones se llevaron a cabo con numerosas irregularidades, como la falta de órdenes de arresto o la colocación de pruebas falsas en el domicilio de los objetivos, a lo que siguió el uso de la tortura para presionar a los detenidos.
Las víctimas estuvieron detenidas días, incluso semanas, a menudo en celdas sin luz natural ni baño, teniendo que hacer sus necesidades en bolsas o botellas, aunque en el caso del Sebin a cambio de dinero podían acceder a zonas con más "privilegios", revela el informe.
Aunque el periodo con más detenciones en estos centros fue el comprendido entre 2016 y 2019, "las violaciones en ambas agencias continúan hoy en día, en un clima de total impunidad", hasta el punto de que muchos de sus autores han sido ascendidos en años recientes, añadió el miembro de la misión de la ONU, Francisco Cox.
El informe aporta pruebas de 93 detenidos por el Sebin y 122 por la Dgcim, de los que se torturó a 51 y 77, respectivamente, y los testimonios permiten concluir que al menos 70 personas continúan detenidas en el Helicoide y entre 15 y 20 en los sótanos de Boleíta, ambos situados en la capital caraqueña.
También revela que agentes cubanos instruyeron y participaron en actividades de contrainteligencia de la Dgcim, o que miembros de las dos agencias extorsionaron a detenidos sólo por dinero o robaron directamente en sus domicilios.
La misión tripartita de la ONU, que incluye a Valiñas (Portugal), Cox (Chile) y a la argentina Patricia Tapattá, confía en que su informe ayude a la rendición de cuentas por estos abusos, ya sea dentro de Venezuela —algo complicado por la falta de independencia judicial que ellos mismos denuncian— o a nivel internacional.
En este caso, Cox recordó que la Corte Penal Internacional (CPI) abrió el año pasado investigaciones sobre Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad, aunque el Gobierno de Maduro ha presentado recursos para paralizar el caso.
La misión investigadora de la ONU termina su mandato de dos años este mismo mes, y el Consejo de Derechos Humanos deberá decidir en su actual sesión si lo renueva (para ello necesita la mayoría de sus 47 miembros, entre los que se encuentra la propia Venezuela).
"Esperamos que se pueda seguir investigando a las autoridades venezolanas, porque nuestro principal propósito es detener la tortura y las graves violaciones a los derechos humanos que sufre la oposición", aseguró Tappatá.
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